Declaración de la Red Socioambiental
julio de 2003
Las organizaciones integrantes de la Red de organizaciones socioambientales de Entre Ríos y organizaciones ecologistas de la República Oriental del Uruguay, reunidas en la ciudad de Gualeguaychú el día 12 de julio de 2003, declaran a la sociedad civil y los gobiernos locales, provinciales y Nacionales competentes:
1- Que luego de importantes debates que en nuestras sociedades se vienen desarrollando y de conformidad a los acuerdos logrados en el IX Encuentro de la Red, se concluye y ratifica la total y absoluta oposición a la instalación de una Planta de Celulosa de origen Español y del grupo ENCE, a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Fray Bentos, en M´Bopicuá.
2- Rechazar, asimismo, los estudios de impacto ambiental elevados por los inversores extranjeros, habiéndose impugnado los mismos ante la DINAMA, organismo responsable de una Evaluación Independiente de dichos estudios.
3- Convocar a todos los municipios afectados de Argentina y Uruguay y sus sociedades, a debatir y esclarecerse sobre la gravedad de emprendimientos de esta naturaleza, nuevo ejemplo del traslado de la industria sucia del norte hacia el sur empobrecido.
4- Reiterar que el modelo de desarrollo que este tipo de industrias propone consolida la concentración del poder económico en pocas manos, simplifica gravemente el uso de la tierra y produce desocupación y exclusión social en los territorios agrarios de nuestros pueblos.
Finalmente, interpelar a los funcionarios públicos de Gualeguaychú, del Gobierno de Entre Ríos, de la ciudad de Fray Bentos y de los Gobiernos de la Rca. Oriental del Uruguay y la Rca. Argentina, a que adopten todas las medidas legales e institucionales vigentes conforme las normas del derecho Internacional Público vigentes, como lo son la Convención sobre Diversidad Biológica, Desertificación, Basilea, etc. como asimismo el derecho interno de los Estados involucrados, con especial atención a la aplicación del principio precautorio y de reciprocidad en la notificación y el intercambio de información y consultas acerca de las actividades bajo jurisdicción de un Estado que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional.
