Por Juan Manuel Puente
Podría instalarse una empresa procesadora de Celulosa a dos kilómetros al norte del Puente Internacional General San Martín, sobre la costa del río Uruguay, por un grupo sentenciado a cumplir condenas penales y civiles por contaminación ecológica continua en Galicia.
La planta, que se instalaría en la localidad de M’Bopicuá, a ocho kilómetros de la ciudad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay (ROU), es una iniciativa del grupo empresario español Eince-Elnosa. Este grupo, fue sentenciado a cumplir condenas penales y civiles por Justicia en Galicia, España al haber sido encontrado responsable de la devastación de la ría de Pontevedra y de haber cometido delito de contaminación ecológica continua.
Las descargas al río, el proceso de fabricación, el olor nauseabundo y el humo que invadirá a toda la región y el cloro en el agua que afectará de manera directa, son algunos de los peligros naturales que acarrearía la instalación de la planta, además de la destrucción de la actividad turística
y la actividad hotelera en toda la costa de la región. No por nada en el mundo se considera a este tipo de plantas como una de las más nocivas en materia de contaminación ambiental.
Durante el día de hoy, una delegación integrada por Javier Villanueva (Ejecutivo Municipal), Eduardo Félix Chichizola (HCD) y miembros de Organizaciones No Gubernamentales, se entrevistarán con el embajador y representante de asuntos ambientales internacionales, Raúl Estrada Oyuela, en la propia Cancillería. En el Palacio San Martín, la delegación local le planteará a la diplomacia nacional una mayor presencia en la materia, teniendo en cuenta que se trata de un severo problema jurisdiccional porque el río Uruguay es binacional, además de la violación a convenciones y leyes internacionales.
En la sesión del miércoles pasado la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó un proyecto de comunicación rechazando cualquier posibilidad de avance de iniciativas de estas características en el territorio entrerriano. El pedido fue presentado por el senador Pedro Moix, quien recordó que “la Ley 9.092, por otro lado, declara a los río Paraná, Uruguay y Gualeguaychú libre de nuevas obras de represamiento, preservando el medio ambiente y otros cursos de agua como bienes y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación solicitó al Poder Ejecutivo y a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que adopten las medidas tendientes a evitar que el Gobierno uruguayo permita la instalación de una planta celulosa y chipiadora sin la correspondiente planta purificadora de efluentes, puesto que provocaría el derrame de las aguas residuales sin tratamiento alguno, actividad nociva para el medio ambiente.
El legislador entrerriano Guillermo Corfield, autor del pedido, sostuvo que “el motivo de la presentación de este proyecto ha sido la preocupación de preservar el medio ambiente sobre el río Uruguay e instamos a que el gobierno del país hermano comparta junto a este Parlamento la misma preocupación”.
En la ciudad de Gualeguaychú, Entre Rios, el próximo miércoles 24, esta confirmada a las 20:30 una Asamblea Ciudadana en el Centro Cultural Sirio Libanés para elaborar un documento crítico a la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay. Coincidentemente, la Asamblea se realizará un día antes de que se celebre el “Día de la libertad de los ríos”, en conmemoración de otro aniversario de la aprobación de la ley que declaró a Entre Ríos libre de represas.
Desde España: celulosa destruyó el medio ambiente
En declaraciones exclusivas a LT41, Antonio Mazá, titular del grupo ecologista español “Asociación del Río de Pontevedra” denunció que la instalación de la planta celulósica en ese ayuntamiento por parte del mismo grupo empresario que intenta hacerlo en Fray Bentos ha destruído todo, desde el punto de vista ambiental y sanitario.
Allí la pelea llevó cuarenta años, pero la empresa celulósica fue condenada a pagar y retirarse, por incumplir la legislación ambiental.
Mazá, recordó que esa zona vivía de la explotación racional de los recursos naturales, pesqueros y marisqueros,además de la actividad turística y ” ha sido absolutamente destruída desde el punto de vista ambiental y sanitario”. Agregó que después de cuarenta años funcionando esta empresa en el río de Pontevedra, ” hemos podido sentarlos en el banquillo de los acusados y conseguir una condena por delito ecológico continuado por todos los años en que ha estado instalada”.
El ecologista informó que los motivos de la condena fueron el incumplimiento de la legislación ambiental , tanto para las emisiones atmosféricas, como los vertidos hídricos al río, lo que lleva a la destrucción de los recursos naturales y de la calidad de vida y la salud de las personas que habitan en Pontevedra.
Consultado acerca de las condenas que han conseguido los empresarios de la planta celulósica, Mazá respondió que las mismas han sido pequeñas, ” sólo cinco meses de cárcel “, pero aclaró que el interés del grupo ecologista no era condenar a los directivos “sino que es la empresa y la administración las que deben ser condenadas”.
Los titulares de la empresa debieron abonar seis millones de pesetas,en tanto la empresa debió oblar setenta y dos millones de la misma moneda para restituir el medio ambiente.
El grupo ecologista de Pontevedra logró el traslado de la empresa , por lo que sugirió, a través de Lt41 a las comunidades del Uruguay y Argentina no permitir la instalación de esta planta , ya que ” incumple sistemáticamente la legislación y se maneja con falsas promesas”.-EcoPortal.net
Por Juan Manuel Puente, Balneario Ñandubaysal, Gualeguaychú, Entre Ríos
