El Grupo Guayubira desea manifestar a la opinión pública su preocupación en torno a un acuerdo internacional a estudio del Parlamento que apuntaría a favorecer la instalación de una planta de celulosa sobre el río Uruguay.
Nos referimos al “Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la promoción y protección de inversiones”, suscrito en Montevideo, el 21 de marzo del año 2002 y sobre el que aún resta su aprobación por parte de la Cámara de Diputados.
El Acuerdo dice que “Los Estados Partes se comprometen a promover y admitir, en la medida que lo autorice su legislación, las inversiones a ser realizadas por inversores de la contraparte, y a brindarle a dichos inversores, un tratamiento justo y equitativo y una total y constante seguridad”.
Es llamativo que se hable de inversiones “de la contraparte”, cuando no sabemos de ninguna empresa uruguaya que esté planteando invertir en Finlandia. El Acuerdo tiene en realidad nombre y apellido: se trata de la empresa finlandesa Botnia, que pretende instalar una planta de celulosa sobre el río Uruguay y a la que este acuerdo pretende beneficiar.
Tal objetivo es planteado explícitamente en artículo publicado el 9 de abril en el diario El País (“Urgen al EP-FA que defina si apoya inversión”), en el que se dice que “Blancos, colorados e independientes demandaron al Encuentro Progresista-Frente Amplio una respuesta sobre si respalda el proyecto de aval parlamentario a un convenio con Finlandia para la promoción y protección de inversiones que constituye la vía legal para que lleguen al país empresarios forestales dispuestos a promover la industria con un marco de unos U$S 1.000 millones”. Efectivamente, el acuerdo tiene nombre y apellido.
De ser aprobado, el acuerdo estaría en vigor por un período de veinte años, previéndose una extensión por igual período para aquellas inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de terminación del acuerdo. Es decir, que el acuerdo estaría vigente por 40 años, que es probablemente el período de vida útil de la planta de celulosa.
Además de asegurarle a Botnia que sus inversiones “no serán expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a medidas que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización”, también se le asegura que en caso de que sufra pérdidas “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones (énfasis agregado) en el territorio de esta Parte Contratante, esta última les otorgará el mismo tratamiento en cuanto a la restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos, que aquel acordado a sus propios inversores o a otros inversores extranjeros”.
Es decir, que en caso de que la empresa sufriera pérdidas por “manifestaciones” (que podrían ser conflictos laborales o manifestaciones populares contra la contaminación de la planta), el Estado se compromete a indemnizar a la empresa. Por lo tanto, el Estado se pondría de parte de la empresa para evitar la ocurrencia de tales “manifestaciones”, que lo obligarían a resarcirla por posibles pérdidas. Esto implicaría que no se nos permitiría manifestar cuando contaminen y que no se nos permitiría manifestar cuando desconozcan los derechos laborales. Tal como dice el artículo 2 del acuerdo, el Estado le brindaría a la empresa “una total y constante seguridad”.
Todo lo anterior no sólo resulta alarmante, sino que además pone en cuestión la seriedad de la empresa Botnia. En efecto: ¿por qué, si se trata de una empresa tan seria como pretende y cuyos procesos productivos son tan limpios como dice, requiere de un acuerdo internacional con nuestro país para hacer sus inversiones?
Por todo lo anterior, urgimos a los legisladores a no votar este acuerdo, que bajo una supuesta reciprocidad entre dos naciones, apunta a beneficiar a una empresa extranjera en detrimento de la soberanía nacional.
