Carta abierta a la población
El Grupo Guayubira desea manifestar a la opinión pública su rechazo por la decisión adoptada el 19 de agosto de este año por el plenario de la Cámara de Representantes, que aprobó la extensión de la Ley que refiere a las “Exoneraciones Tributarias a la Actividad Forestal”.
Con los votos del Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y con la votación en contra de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría se aprobó dicha ley, que en su exposición de motivos expresa: “El objetivo de esta iniciativa es el de promover el alcance de los beneficios, incluyendo el descortezado, trozado y chipeado de madera propia, dado que esto es de vital importancia para los mercados internacionales como una nueva forma de adquisición de los productos primarios”.
Es decir, que se sigue subsidiando al sector forestal, permitiéndole obtener ganancias a costa de los ingresos del estado en materia de impuestos (cuya merma se traducirá en menores servicios públicos para los más necesitados). En resumidas cuentas, esta ley es sólo “de vital importancia” para abaratar aún más los costos de las empresas forestales en general y de las empresas que hacen el proceso de “chipeado” (conversión de la madera en pequeñas astillas) y que son parte de poderosos grupos económicos nacionales, chilenos y españoles.
No entendemos cómo es posible que nuestra gente tenga que seguir subsidiando a estas empresas, dueñas de extensísimas áreas cubiertas de eucaliptos y pinos (plantadas gracias a los subsidios que ya recibieron), continúen obteniendo ganancias a costas del empobrecimiento del ambiente físico y humano de nuestro país.
Desde la aprobación de la ley forestal, el estado uruguayo ha canalizado (a través de exoneraciones impositivas, subsidios directos, créditos blandos, carreteras, etc.), más de 400 millones de dólares al sector forestal con la finalidad de promover esta actividad. Resulta que ahora que los árboles ya han crecido, vuelven a presionar para obtener (exitosamente) nuevos subsidios para una segunda etapa en la cadena productiva: descortezado, trozado y chipeado.
Para peor, este nuevo regalo que se hace al sector forestal coincide con numerosas denuncias de condiciones de trabajo inaceptables en el sector. A la muerte de un trabajador forestal ocurrida este mes en predios de la empresa uruguaya COFUSA, se suman las medidas de lucha que se han visto forzados a llevar adelante los trabajadores de la empresa Colonvade (de capitales norteamericanos y propietaria de 130.000 hectáreas de tierras en el país), las denuncias de persecuciones sindicales por parte de la empresa española Eufores, la denuncia de que la empresa finlandesa Botnia (Compañía Forestal Oriental) no permite la sindicalización de sus trabajadores, las crecientemente frecuentes denuncias en la prensa de las terribles condiciones de trabajo que prevalecen en el sector forestal.
A su vez, también coincide con la información ahora disponible de que la actividad forestal es la peor opción en materia de generación de empleos, siendo peor aún que la propia ganadería extensiva. También se sabe que las plantas chipeadoras prácticamente no generan empleos.
Lamentablemente, el Grupo Guayubira ya había previsto que las empresas iban a presionar al Parlamento para obtener estas nuevas concesiones. En las “Diez propuestas en torno al tema de las plantaciones forestales” el Grupo Guayubira plantea en la propuesta 4: “No otorgar más subsidios a las empresas forestales, dando prioridad a los sectores productivos que más lo necesitan”.
Los representantes que aprobaron esta ley parecen o bien desconocer la realidad en el sector forestal o bien no importarles. En ambos casos, su actitud resulta inaceptable, máxime si se tiene en cuenta la situación en que se encuentran las finanzas públicas. Las empresas estarán ahora festejando su fácil éxito, mientras el pueblo uruguayo deberá seguir soportando recortes presupuestales en la salud, la educación y los servicios sociales en general.
