La prensa escrita nos informa que el Poder Ejecutivo emitirá dos decretos por los cuales concederá el beneficio de zona franca a las dos empresas de celulosa que quieren instalarse en Fray Bentos. Ellas son la española Ence y la finlandesa Botnia.
Nos resulta incomprensible esta medida de otorgar semejante regalía a quienes dicen querer beneficiar la economía de nuestro país, escapando así de las obligaciones impositivas que cualquier otro emprendimiento tendría. Operando en régimen de zona franca, es muy poco lo que estos emprendimientos aportarán a la economía del país, pero es mucho lo que dejarán en materia de destrucción ambiental.
El Grupo Guayubira ha difundido los argumentos para oponerse a la instalación de cualquiera de las plantas y ha denunciado infinidad de veces los enormes riesgos a los que estaríamos sometidos si así lo hicieran. Nos referimos a la contaminación a gran escala a la que se sometería a la región, que abarca parte de Argentina y de Uruguay. Hablamos de contaminación de las aguas del río Uruguay y del aire que rodea la ciudad de Fray Bentos en un radio de alrededor de 60 kms (que incluiría a Mercedes, Dolores, Gualeguaychú y otros centros urbanos).
Por otra parte es bueno que volvamos a detenernos en las prácticas de cada una de las empresas.
En el caso de Ence, en el mes de junio informábamos que “continúa enfrentando una creciente oposición a sus operaciones en su propia casa y es importante que esto se sepa en nuestro país, para evitar que lo que les ha sucedido a los pobladores de Pontevedra también nos llegue a pasar a nosotros”. Que se cierre la planta de Ence en Pontevedra es el reiterado reclamo de gran parte de la población y sus autoridades.
Es conocido además el hecho de que los directivos de esta empresa han sido juzgados, en su propia tierra, por crímenes ecológicos continuados.
Por otra parte esta empresa dijo que invertiría unos 500 millones de dólares, pero ahora resulta que no los tiene y que necesita de préstamos y de subsidios que nosotros los uruguayos tendremos que pagar, lo que se sumaría a los pagos que ya hemos realizado por los famosos subsidios a la actividad forestal.
No es muy distinto el caso de la empresa finlandesa Botnia. No podemos olvidar que cuando Botnia se presentó en Uruguay se vanagloriaban de tener esos mil millones de dólares que decían iban a invertir, y que sólo les faltaba la autorización para hacerlo. Con el tiempo fueron cambiando su discurso, primero aumentando las presiones sobre el sector político a través del cual obtuvieron la aprobación de un Acuerdo de protección de inversiones que contiene cláusulas violatorias a nuestra Constitución, luego plantearon la necesidad de nuevas exoneraciones impositivas, más tarde manejaron la posibilidad de pedir dineros de las Afaps y ahora llegan al pedido de zona franca argumentando que en caso contrario, su inversión sería inviable.
Pero ¿dónde está ese supuesto dinero? ¿A quién beneficia todo esto?
Para que no nos queden dudas, en el semanario Crónicas Económicas del 17 de este mes se publicó un artículo que dice textualmente:
“Las empresas que integran como accionista el grupo Metsa Botnia, que se supone viene estudiando un proyecto de inversión de U$S 1.000 millones en Río Negro, presentan serias dificultades financieras con resultados en rojo en el año 2003, al tiempo que los accionistas de Botnia son investigados en los Estados Unidos ante la presunción de actividades de dumping y manejo de mercados”.
Creemos que sería un enorme error conceder estos privilegios (zonas francas) a empresas como éstas, que ya han demostrado una total falta de seriedad en sus planteos y promesas. En consecuencia, exhortamos a nuestras autoridades a reconsiderar semejante decisión y a no concederles el beneficio de zonas francas.
