Por Carlos Amorín *
La pregunta surge sola cuando se pasa revista a la lista de ventajas y amenazas. Uruguay tiene todas las de perder. Muchos otros ya han perdido con las plantas de celulosa, y las advertencias son numerosas y plurales. Sin embargo el emprendimiento sigue su curso, a contrapelo de las posiciones de la izquierda… cuando era oposición.
La empresa finlandesa Botnia ha recibido desde el nuevo gobierno una clara y contundente luz verde para concretar su proyecto de construcción de una planta de celulosa en la periferia de la ciudad de Fray Bentos. Los escandinavos anuncian una inversión de 1.100 millones de dólares -200 millones más que hace algunos meses-, la creación de 8 mil empleos y otros beneficios colaterales.
Esta iniciativa, no obstante, ha generado abundantes sospechas y desconfianzas, la mayor parte bien fundadas. Es un hecho, no sólo conocido sino denunciado por la izquierda uruguaya en sus análisis económicos internacionales, que las grandes corporaciones trasladan sus industrias contaminantes hacia los países del Sur, buscando mantener los niveles de rentabilidad que las legislaciones más restrictivas de sus países de origen amenazan con adelgazar “excesivamente”. Escapando de las leyes del Norte, ya sean ambientales o sociales, numerosas empresas se han instalado en Centroamérica, donde las maquilas textiles implantaron un régimen de terrorismo interno; en Brasil, donde las grandes cadenas de la alimentación -pollos, café, chocolates- desguazan a las trabajadoras y trabajadores con ritmos de trabajo inhumanos; en China, donde se produce la mayor parte de los agrotóxicos que se venden actualmente en el mundo, mientras las legislaciones de protección al ambiente y a los trabajadores y trabajadoras o no existen o son ignoradas.
Esta es otra lógica
Este contexto que los actuales integrantes del elenco gubernamental conocen al dedillo, sin embargo, aparentemente deja de existir en sus conciencias cuando se menciona la palabra “Botnia”. Es lógico que el gobierno quiera “defender” una inversión tan importante, pero el responsable del equipo de economistas que trabajó para la propia empresa finlandesa, González Posse, declaró públicamente que sólo 20 por ciento del dinero llegará a Uruguay, ya que el resto se gastará en Finlandia, construyendo y trasladando el equipamiento fabril. O sea que los 1.200 millones caen abruptamente -en el mejor de los casos- a 220 millones de dólares. El argumento de que se trata de la inversión “más grande en la historia uruguaya” desaparece estruendosamente.
Se fundamenta que otra de las bondades de este proyecto será la creación de 8 mil empleos. Dicho así suena fantástico. Pero en los propios textos de Botnia aparecen omisiones y contradicciones que, más que relativizar esa cifra, la desacreditan completamente. Porque incluyen en el cálculo a los empleos forestales -casi esclavos, como se ha denunciado- y a los transportistas, que con o sin Botnia seguirían trabajando para sacar la madera de las plantaciones. La construcción física de la planta de celulosa demandaría 3 mil empleos en 2006, que al año siguiente serían apenas 1.700 y 400 un año después, para terminar en 100 puestos de trabajo permanentes en 2009, de los cuales la mayor parte será ocupada por técnicos extranjeros. No se atienden las advertencias acerca de los puestos de trabajo que se perderán, no sólo en la actividad turística de la zona -unos 1.500 empleos- sino también en la pesca artesanal y sus conexiones. No figuran en los cálculos los puestos de trabajo agrícolas que serán eliminados por la forestación, cuyo índice de empleo es bastante inferior al de la agropecuaria. Nada se dice, sorprendentemente, de la seguridad alimentaria que quedará irremediablemente comprometida para todas las personas que viven, directamente sobreviven, de lo que da el río.
La izquierda actualmente en el gobierno ha ejercido desde la oposición una crítica tenaz y fundada al modelo forestador desarrollado en Uruguay, que se basa en los subsidios por medio de dinero constante y sonante, pero también en la entrega de tierras ganaderas y agrícolas a especuladores que hoy se presentan como forestadores y mañana podrán ser cultivadores de soja u otra commodity. La forestación con eucaliptos en forma de monocultivo provoca graves daños al ambiente, ya sea por el uso intensivo de agrotóxicos, por el enorme consumo de agua (con posible afectación, por ejemplo, de las zonas de recarga del acuífero Guaraní), y la instalación de Botnia consolida ese modelo definitivamente.
Botnia utilizará un procedimiento similar al que tenían las dos plantas de celulosa que acaban de ser clausuradas en Chile porque superaron permanentemente los niveles máximos de contaminación previstos. Es sumamente inquietante, entonces, que en Uruguay se autorice a una fábrica igual a las clausuradas a medir sus emisiones de dioxinas y furanos en miligramo por año, cuando se debería registrar estos valores en microgramo por litro. Las dioxinas son tan cancerígenas que la OMS no reconoce un máximo admisible en el organismo humano; nada de dioxinas es lo único admisible, pero la evaluación de las emisiones de Botnia se hará una vez por año, entonces un “Cherbotnia” es cuestión de tiempo. ¿Exageración? Tal vez lo serán los 14 millones de metros cúbicos diarios de gases promotores del efecto invernadero que la planta de Botnia enviará a la atmósfera, según sus propias cifras.
Tampoco parecen “pesar” nada las 200 toneladas anuales de nitrógeno ni las 20 toneladas de fósforo que la fábrica verterá al río Uruguay, aunque ello equivalga a la carga de desechos cloacales de una ciudad de 65 mil habitantes, casi tres veces la población que tiene actualmente Fray Bentos.
Fuentes universitarias consultadas por BRECHA aseguran que la contaminación actual del río Uruguay está ya por encima de los valores máximos admisibles, entre otras cosas por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados y fosforados en las extensas plantaciones de commodities que soporta su cuenca, además de las industrias y ciudades que liberan sus desechos en el cauce del río, la mayor parte sin tratamientos adecuados. Por eso no es raro ver al río cubierto por espesas capas de algas que prosperan de manera enfermiza en un ambiente dañado, desarmonizado, desequilibrado.
Se podría seguir mencionando las desventajas de la instalación de una planta de estas características, como que se construirá dentro de una zona franca -¿para qué?-, que habrá que emplazar un enorme receptáculo de residuos sólidos peligrosos cuya ubicación está prevista muy cerca de una cañada que desagua en el río Uruguay, que está previsto que los vecinos deberán soportar “períodos de mal olor en el aire” que Botnia aconseja sobrellevar construyendo nuevas áreas verdes alejadas de la zona o simplemente emigrando. Las advertencias abundan, los indicios de una “macana anunciada” se agregan semana a semana.
El informe final con que la Dinama termina aceptando el estudio de impacto ambiental de Botnia establece que “El proyecto de planta de celulosa deberá ajustarse a lo que establecen las Best Available Techniques (BAT), según consta en el documento ‘European Commission-Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on BAT in the Pulp and Paper Industry-December 2001’”. No es difícil comprender que todo el sistema de reglamentaciones ambientales europeo impide que estas fábricas continúen instalándose en su territorio sin utilizar directamente la prohibición, sino elevando las exigencias a niveles en los cuales la rentabilidad deja de ser atractiva para los inversores. Especialistas consultados por BRECHA explicaron que las condiciones ambientales en las cuales las plantas de Botnia producen en Finlandia son completamente distintas a las que existen en Uruguay: por ejemplo, allá las aguas de los lagos donde descargan los desechos son casi heladas, mientras aquí son tibias, lo que cambia completamente la reacción del medio ante las sustancias contenidas en los efluentes. Se ha prometido efectuar un monitoreo “policíaco” a la actividad de la planta de celulosa, pero en Uruguay no existe el equipamiento adecuado ni los técnicos entrenados. Para conocer los efectos de los efluentes de Botnia habría que empezar analizando el ambiente circundante por lo menos un año antes, para así poder registrar los cambios cuando se produzcan. Nadie sabe cuánto de todo esto es factible.
En suma, mírese por donde se mire, es difícil entender cuál es la ventaja de permitir la instalación de este emprendimiento que, además, ha levantado una enorme oposición del otro lado del río, en la provincia de Entre Ríos, donde los habitantes de Gualeguaychú se sienten amenazados por Botnia.
La aprobación de un emprendimiento de estas características por un gobierno de izquierda es contradictoria con muchas de sus posiciones y acciones previas. Por ejemplo, con recientes declaraciones del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente quien, según El País, acusó a los promotores de las torres de Punta del Este de “tomar de ‘rehenes’ a los trabajadores de la construcción del departamento de Maldonado. ‘Es asqueante y me indigna’, dijo. Arana también acusó a los promotores de los emprendimientos de manejar el medio ambiente desde un punto de vista ‘económico y financiero’ y de ejecutar obras que no harían en sus lugares de origen porque ‘se generaría un escándalo de mayúsculas proporciones’”. ¿Qué diferencia hay entre estos promotores y la finlandesa Botnia?
También es contradictoria con la valoración de la vida humana sobre el lucro, con el modelo de país productivo para beneficio y felicidad de los uruguayos y las uruguayas, con la preservación de los espacios naturales donde habitan los grillos nocheros que aprecia el presidente de la República y muchos otros ejemplares de nuestra fauna y flora, con la seguridad alimentaria de importantes grupos humanos en ambas márgenes del río Uruguay, con la ambición de cambiar el país.
El apoyo sin fisuras al proyecto de Botnia por parte del gobierno de izquierda abre un enorme espacio a la perplejidad y el asombro.
* artículo publicado en Semanario Brecha, 28 de marzo de 2005.
