El ex presidente Jorge Batlle fue el generoso anfitrión de los megaproyectos celulósicos de la española Ence y la finlandesa Botnia, ansiosas de recalar en nuestra ribera del Río Uruguay. Los recibió con régimen de zona franca y de puerto libre. Pero el negocio ya se venía hilando de antes. Durante sus cargos, los ex presidentes J.M. Sanguinetti y L.A. Lacalle también fueron generosos con los subsidios directos e indirectos que dieron a las plantaciones de eucaliptos, materia prima de la producción de celulosa.
Este proceso, durante largo tiempo casi invisible, cobró magnitud gracias a las movilizaciones populares de organizaciones uruguayas y argentinas, preocupadas por los impactos ambientales y sociales de los emprendimientos. Ante eso, hoy, estrechando filas con el gobierno, las fuerzas coloradas y blancas se mueven promoviendo actividades en apoyo a la instalación de las fábricas de celulosa en distintos lugares del interior del país, y en el Parlamento apoyando a los ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente frente al “embate de algunos integrantes del gobierno argentino”.
Como contrapartida, el fiscal uruguayo Enrique Viana presentó una demanda contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. En la demanda Viana pide que se responsabilice al MVOTMA por “la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente y que se prohíba la instalación y la operativa de la planta”.
Por su parte, los delegados uruguayos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reconocieron el lunes 12 en el Parlamento que Uruguay “no hizo, (…) en el plazo” que marca el Art. 7 del Estatuto del Río Uruguay, el “planteo formal” a Argentina sobre su decisión de autorizar la instalación de las fábricas de celulosa sobre dicho curso de agua, de administración común de los dos países. De haberlo hecho y de haber respondido negativamente Argentina, seguramente la obra “no se hacía”. El estatuto prevé que “si las partes no llegaran a un acuerdo”, la situación “podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia”.
Es en este contexto que el gobernador de Entre Ríos Jorge Busti y el Vice Pedro Guastavino, realizan gestiones en torno al tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se suspenda la instalación de las fábricas de celulosa hasta tanto se garantice la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas, y ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para bloquear los créditos solicitados por las empresas a dicho organismo. Sin duda que la decidida posición de las organizaciones sociales entrerrianas ha tenido mucho que ver. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú acompañará la medida de Busti ante la CFI.
Greenpeace Argentina también se pronuncia: “…los gobiernos de ambos países [Uruguay y Argentina] prefirieron apostar a que la polémica se diluyera y bajara su intensidad. Esa parece ser la política ambiental más popular: apostar a que la gente no se entere o no se movilice… El cambio de actitud gubernamental y la suba de la ‘temperatura’ política del tema se pudieron ver con claridad luego de que, a fines de abril, más de cuarenta mil personas protagonizaron un ‘abrazo’ que unió ambas orillas del puente que vincula la localidad entrerriana de Gualeguaychú con Fray Bentos, en Uruguay, a pocos kilómetros de donde ya se está emplazando una de las plantas papeleras. Esa impresionante e inédita movilización marcó un antes y un después en el debate sobre la instalación de las plantas de celulosa. … Es cierto que en la Argentina tenemos este tipo de plantas de pasta de papel y también es cierto que no resultan inocuas [pero] las plantas de Ence y Botnia representan casi el doble de la producción de pasta de papel que hoy se realiza en la Argentina. Eso significa una concentración de contaminantes frente a las costas de Gualeguaychú que supera todo lo conocido para esta industria en la región”.
Desde el ámbito académico, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) manifestó también públicamente su oposición al proceso de instalación de las industrias celulósicas.
En territorio uruguayo también hay un pronunciamiento de biólogos y bioquímicos egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en rechazo a la instalación de más fábricas de celulosa en nuestro territorio. En una carta pública y que aún está circulando, los firmantes exhortan “a las autoridades involucradas en la toma de decisiones con respecto a este tema, a anular las aprobaciones dictadas hasta el momento”. Fundamentan su posición en las experiencias de otros países y en el conocimiento científico actual sobre el tema, que les permite asegurar que sí habrá contaminación con las fábricas de celulosa. En paralelo, agregan que la demanda de materia prima de estas procesadoras, inducirá la expansión de forestación con especies introducidas que amplificarán el efecto negativo sobre el funcionamiento y biodiversidad de varios ecosistemas y repercutirán en la salud y calidad de vida de la población uruguaya.
En este contexto, existen voces que pretenden plantear el tema de las fábricas de celulosa como un conflicto entre Uruguay y Argentina. No es cierto. La oposición a estas fábricas es muy fuerte a nivel popular en ambos países, donde la ciudadanía defiende palmo a palmo los espacios reconquistados. Lo que esa oposición está haciendo en Uruguay es, en palabras de Eduardo Galeano, “reivindicar el derecho a la divergencia dentro de la confluencia, ya que esa es nuestra mejor manera de ayudar al gobierno a gobernar”.
