El 5 de diciembre, integrantes del Grupo Guayubira concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a exponer sus motivos de preocupación en torno a la expansión de las plantaciones forestales y la instalación de fábricas de celulosa vinculadas a dichas plantaciones.
Con respecto a lo primero, plantearon que los actuales impactos de la forestación son el resultado directo de la ley forestal aprobada por el Parlamento en diciembre de 1987, que impulsó las plantaciones a través de una serie de mecanismos de promoción. Enfatizaron que en su momento el Parlamento creyó en las bondades que la forestación implicaría en materia social (empleos), ambiental (ampliación de la superficie boscosa) y económica (ganancias para el país). Sin embargo, luego de los 18 años transcurridos desde entonces, la forestación ha demostrado ser negativa en los tres aspectos.
Desde el punto de visto social, las plantaciones de árboles han mostrado generar menos empleos que cualquier otra actividad agropecuaria (incluida la ganadería extensiva), con peores condiciones laborales. En lo ambiental, la forestación ha impactado sobre el agua, los suelos, la flora y la fauna, afectando no solo a los ecosistemas en general, sino también a otras producciones agropecuarias que se han visto afectadas por la desaparición del agua y por la proliferación de plagas vinculadas a las plantaciones. En lo económico, las únicas beneficiadas han sido grandes empresas nacionales y extranjeras, que han sido protagonistas de un creciente proceso de extranjerización y latifundización de la tierra. Es así que hoy una empresa norteamericana (Weyerhaeuser) es propietaria de al menos 130.000 hectáreas, en tanto que una finlandesa (Botnia) es dueña de 100.000.
Ese modelo forestal se consolidaría y ampliaría considerablemente en caso de instalarse las proyectadas plantas de celulosa. Más grave aún, ya se habla de al menos otros dos proyectos a instalarse en el río Negro y otro en el Este del país.
El Grupo Guayubira denunció que ninguno de esos proyectos utilizaría los procesos más modernos de producción de celulosa y que utilizarían en cambio el blanqueo con dióxido de cloro (que genera dioxinas y furanos) y un sistema dilapidador en materia de uso de agua (en vez de un sistema de ciclo cerrado). Se mencionó el caso de una fábrica de celulosa en Valdivia, Chile, equipada con la última tecnología finlandesa y con un sistema de blanqueo igual al que se pretende instalar en Uruguay. En ese caso se constataron graves impactos sobre la salud de la gente, sobre la fauna y sobre el turismo. Estudios realizados en Estados Unidos en cisnes muertos a consecuencia de esa fábrica detectaron la presencia de dioxinas en los tejidos de las aves, mostrando así–contrariamente a lo que afirma Botnia- que el sistema de blanqueo utilizado genera ese altamente tóxico y persistente compuesto químico llamado genéricamente “dioxinas”.
Los representantes del Grupo Guayubira terminaron planteando la necesidad de una moratoria a nuevas plantaciones de árboles hasta tanto no se realice el necesario ordenamiento territorial que el país necesita, que se revea totalmente la ley forestal y que se revea la autorización a la instalación de las fábricas de celulosa.
Dado que el tema de la forestación y las fábricas de celulosa va más allá del aspecto meramente ambiental, planteos similares fueron realizados días atrás por el Grupo Guayubira en las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras (Senado y Diputados).
