Por Víctor L. Bacchetta Brecha
Artículo publicado en Semanario Brecha – 24 de agosto de 2006.
La aprobación de los proyectos de forestación de la multinacional Stora Enso en el departamento de Durazno, los primeros de envergadura en el marco de algunos cambios normativos recientes, revela las luces y sombras de la acción gubernamental en esta área, así como las perspectivas que se abren.
La autorización de los proyectos de forestación de Stora Enso se inscribe en el decreto 349/05 de actualización del reglamento de las evaluaciones de impacto ambiental, aprobado el 21 de setiembre de 2005, que estableció el requisito de autorización ambiental previa (AAP) para las “nuevas plantaciones forestales de más de 100 (cien) hectáreas en un establecimiento o unidad de producción”. Según esta norma, los proyectos son evaluados por su posible impacto, lo que determina si se debe hacer un estudio de impacto ambiental (EIA) previo. La categoría A se asigna a los proyectos con “impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes” y no requiere EIA. Los proyectos de clase B (de impactos “significativos moderados”) deben hacer un EIA sectorial, y por último los C (impactos “negativos significativos”) uno completo.
Paralelamente, se eliminaron los subsidios directos a la forestación y la disposición que concedía prioridad a los “suelos accesorios” situados en predios donde más del 60 por ciento del área era de prioridad forestal. Sin embargo, la reforma tributaria restablece los subsidios al sector forestal y mantiene sin cambios la exoneración de todo tipo de impuestos a las plantaciones. Los decretos 191/06 del 16 de junio y el 10 de julio sacaron a suelos del litoral con potencial agrícola ganadero, costas arenosas y márgenes de ríos y a otras áreas, reduciendo los suelos con “prioridad” en unas 300 mil hectáreas. A la vez, se asignó prioridad condicionada a suelos en donde la producción forestal se combine con actividad agrícola ganadera, un modelo defendido por la actual Dirección General Forestal. Con la incorporación de estos proyectos el área de prioridad forestal aumentaría en algo más de 800 mil hectáreas.
Para los sectores críticos de los monocultivos de árboles, esta reclasificación de suelos implica un aumento de 500 mil hectáreas, que debe sumarse a las 3,5 millones de hectáreas ya habilitadas para acogerse a los incentivos de la ley. Desde el gobierno, en cambio, se afirma que lo “estrictamente prioritario” se redujo y que lo relevante no es la superficie total sino el tipo de suelos que se sacó y el que se puso. La “prioridad forestal” fue una definición política para estimular estas explotaciones, justificada incluso en que eran suelos “de baja productividad y menores alternativas de uso”. Pero la aptitud forestal del país es mayor y la rentabilidad de la inversión es tal que, al no haber una norma que regule todo el territorio, las plantaciones han desbordado cómodamente las áreas incluidas en esa “prioridad forestal”.
EL CASO STORA ENSO
A comienzos de 2006, por intermedio de Derflin SA, la multinacional Stora Enso presentó a la Dirección General Forestal (DGF) sendos proyectos de forestación en los establecimientos Las Tías y La Teja, de su propiedad, al norte del departamento de Durazno. Por afectar áreas de 1.217 y 5.757 hectáreas, respectivamente, fueron presentados también a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DlNAMA). Los emprendimientos se enmarcan, según Stora Enso, en el proyecto de la empresa para la región centro-este de Uruguay, cuyo objetivo es abastecer a una fábrica de celulosa que se establecería a orillas del Río Negro y para lo cual deberá contar con 100 mil hectáreas forestadas propias y otras implantadas o por implantar a la menor distancia posible. La DGF aprobó en un cien por ciento los proyectos. Previamente, la Regional Norte solicitó un replanteo del uso de los suelos G03.11 (tierras bajas de drenaje pobre con monte ribereño), por no ser de prioridad forestal y el posible impacto negativo para su ecosistema, pero la empresa resolvió eliminarlos del plan, ya que ocupaban un área menor. Superado este aspecto y verificado que la propuesta cumplía con los requisitos normativos vigentes, la DGF se limitó a fijar las áreas de “bosque de rendimiento” y de “bosque general”, según lo definido por la ley forestal. Ante la DlNAMA, Stora Enso argumentó que la erosión y compactación del suelo, la contaminación por insecticidas y herbicidas y la modificación del paisaje podían ser impactos negativos, pero de poca significación. Y como efectos positivos incluyó la protección del suelo y del ganado, la conservación de la biodiversidad, la generación de empleo y el fomento a la radicación de familias en la zona (sic). La División de Evaluación de Impacto Ambiental (DEIA) pidió explicaciones sobre puntos no desarrollados del proyecto, como el de los recursos hídricos. Y si bien la empresa respondió que “no dispone de información que haga pensar en un impacto negativo de las plantaciones sobre los recursos hídricos del campo”, el expediente no incorporó ningún comentario que aluda a esta afirmación. Dado que la solicitud enmarcaba ambas forestaciones dentro de un proyecto de mayor escala de la empresa en esa zona, la DEIA solicitó la presentación de un informe sobre los posibles impactos asociados del proyecto en su totalidad. Stora Enso respondió que las plantaciones “son y serán manejadas como unidades independientes”. Respuesta con la que se dio por zanjado el problema.
FIRMEZA O TRIVIALIZACIÓN
En menos de tres meses, el 26 de junio, la DEIA emitió dos conclusiones iguales y simultáneas sobre los proyectos, sugiriendo la categoría A, que los exime de EIA. En una sincronización perfecta, el mismo día la DINAMA aprobó el informe de la DEIA y el ministro Mariano Arana firmó la autorización ambiental previa. Tras afirmar que la información “carece de datos básicos que permitan evaluar el proyecto con la profundidad adecuada” y que no contó “con la información necesaria para realizar una adecuada clasificación del proyecto propuesto”, la DEIA sugirió la clasificación A, supeditada a algunas condiciones ya acordadas y razonables, que no constituyen ningún obstáculo insalvable para el plan de Stora Enso. Pero las autoridades trataron de mostrar una imagen de firmeza ante la empresa. “El ministro Mariano Arana informó que puso determinadas condiciones a la empresa extranjera Stora Enso para su instalación en el departamento de Durazno” (La República, 13-VII-06). Arana garantizó que controlará los procedimientos en materia ambiental, a través de los cuerpos de inspectores del ministerio.
Para el director de la DGF, Andrés Berterreche, “la más determinante (diferencia con respecto a decisiones de gobiernos anteriores) es la prohibición de plantación de determinados suelos, preservando así zonas de alto valor estratégico a nivel más micro pero no menor”. Y agregó: “Cuando una empresa ‘desiste’ es por algo más que un simple obstáculo o la ampliación de los
requerimientos”.
El técnico forestal Ricardo Carrere, integrante del grupo Guayubira, considera que “la aprobación del proyecto de Stora Enso implica una burla al espíritu del nuevo reglamento. Por el simple mecanismo de considerar que las plantaciones ‘no presentarían impactos ambientales negativos’ se las exime de una evaluación de impacto. Es decir, que algo cambió para que todo quedara igual”.
Para el investigador del CIEDUR Carlos Pérez Arrarte, haber adjudicado la categoría A a la forestación de Stora Enso “muestra que van a trivializar totalmente la nueva disposición de requerir autorización ambiental previa a proyectos forestales de más de 100 hectáreas y que lo planteado es meramente un aspecto cosmético pero no hay la menor voluntad política de hacer nada”. Arrarte advierte que “el único propósito declarado para otorgar la AAP es exigir que los montes se planten en suelos de prioridad forestal, pero esto no ha sido incluido en ninguna normativa obligatoria y, ante cualquier cambio de jerarcas (director de DINAMA o de la DGF), puede dejar de tener vigencia inmediatamente”.
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
Además de las disposiciones legales y normativas, y de la voluntad para aplicarlas, un componente fundamental para la definición de las políticas y las conductas de los actores en este campo es la disposición y el acceso a información confiable sobre los verdaderos impactos sociales y ambientales de la forestación. “Llama poderosamente la atención que la DINAMA afirme que la forestación a lo sumo pueda tener impactos nulos o mínimos, cuando está documentado que sus impactos son graves. La DINAMA ignora incluso el reciente estudio científico de la Facultad de Ciencias –difundido por toda la prensa– que entre otros aspectos demuestra que la forestación impacta sobre el agua”, comenta Carrere.
Por su parte Berterreche considera que “sobre el agua se están realizando estudios para cuantificar el problema, mientras tanto tomamos medidas precautorias como la de la prohibición de la plantación en suelos de bajos”. Algunos ejemplos de estos estudios, agregó, serían los trabajos del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA), de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura. Para Pérez Arrarte el problema es más amplio, “se continúa tratando el tema como en los años sesenta, definiendo la prioridad forestal por una aptitud que sólo considera el suelo y no el conjunto de elementos esenciales del ecosistema (agua, biodiversidad, patrimonio cultural).
La ‘prioridad’ es una definición política, sin base técnica mínima y sin una participación de todos los sectores interesados”. El profesor Luis Vieira, investigador del IMFIA, tiene críticas y dudas sobre los impactos de las plantaciones forestales en territorio uruguayo. Sus análisis en la cuenca del Río Negro aguas arriba de Rincón del Bonete difieren de las conclusiones de otros estudios similares. No obstante, los impactos registrados son significativos y reafirman la necesidad de un estudio sistemático. “Todo lo que hemos hecho ha sido con esfuerzo propio, concursando por fondos de 10 y 40 mil dólares que no duran más de dos años”, afirma, cuando en realidad dos años no alcanzan para analizar cultivos con un ciclo de vida de 15 años. “Para tener indicadores que permitan efectuar correcciones y definir políticas se necesitan recursos, trabajo sistemático y una red de monitoreo a nivel nacional”, dijo. Este aspecto no está desarrollado, no sólo por falta de recursos, sino porque no se aprovecha lo existente: por ejemplo la Universidad no coordina los distintos centros que están abordando este problema. Si la base técnica y científica falla, el país se condena a esperar el desenlace de los hechos y cualquier optimismo en esta área es más que ingenuo.
CHACRITAS DEL SUBDESARROLLO (recuadro)
Cuando Brecha preguntó a un investigador por qué no existía una coordinación entre los distintos centros universitarios que están analizando los impactos de la forestación en el país, se produjo un largo y sonoro silencio. Es obvio que esa coordinación impediría malgastar los escasos recursos que se disponen, y es obvio también que esta carencia responde a causas internas de la institución. A este problema deben agregarse los efectos de la censura política, que se expresa en las reacciones bastante agresivas que suscita la divulgación de un estudio científico cuando sus resultados no concuerdan con las conveniencias partidarias o gubernamentales. Y aquí también debe incluirse la autocensura de los científicos: hay estudios universitarios cuya divulgación pública está suspendida o demorada por los propios autores, quienes evaluaron que “no es el momento propicio” para darlos a conocer. La otra estrategia frecuente es apelar a las falsas contraposiciones que impiden hablar de los problemas de fondo. Discusiones que en definitiva no son más que un reflejo de nuestra condición de subdesarrollo.
