De acuerdo con información divulgada por el diario El País, el presidente para América Latina de Stora Enso, Nils Grafström, y altos ejecutivos de la firma sueco-finlandesa estarán entre el 4 y el 5 de setiembre en Durazno y Tacuarembó para informar sobre su proyecto de instalar una nueva planta de celulosa.
Según dicho medio de prensa, el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín habría dicho que “los gobernantes de la región centro vemos con muy buenos ojos la posibilidad de instalación de una industria de estas características, que generaría riqueza y desarrollo sustentable, preservando el medio ambiente, del cual nosotros queremos ser sumamente cuidadosos”.
Dichas declaraciones se basan por supuesto en las afirmaciones que hace la propia Stora Enso en cuanto a las bondades sociales, económicas y ambientales de su proyecto. Sin embargo la experiencia de la fábrica de celulosa Veracel –propiedad conjunta de Stora Enso y Aracruz y operada por la primera- en el estado brasileño de Bahia demuestra exactamente lo opuesto.
En efecto, el Grupo Guayubira acaba de recibir una carta firmada por un conjunto importante de “hombres, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales y urbanos, indígenas, ambientalistas, científicos, profesores y estudiantes” de esa región brasileña, en la que denuncian “la situación de degradación y miseria en que se encuentra la región del Extremo Sur de Bahia, promovida por la empresa de celulosa, Veracel, una joint venture de Stora Enso”.
Dicha situación es el resultado de los impactos sociales y ambientales derivados tanto de los grandes monocultivos de árboles que la empresa ha estado estableciendo desde hace años en esa región para disponer de la necesaria materia prima, como de la propia fábrica de celulosa que empezó a operar en el año 2005 con una producción anual de 900.000 toneladas de celulosa para exportación.
En esa carta se dice que “a lo largo de los años, Veracel originó antecedentes de degradación al medio ambiente, concentración de tierra, expulsión de miles de trabajadores del campo para las periferias de las ciudades, causando grandes trastornos sociales y ambientales”.
Con respecto al tema de la generación de empleo, la carta afirma que “no satisfecha con la cantidad de tierras adquiridas en el extremo sur de Bahia para la plantación de eucaliptos, Veracel Celulose avanza ahora para el sur del estado” y que “solamente en el municipio de Mascote, la empresa adquirió diversas propiedades. Aproximadamente 400 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Gran parte de estos trabajadores se trasladaron para las periferias de las ciudades vecinas”.
Al igual que lo que está aconteciendo en muchas partes de Uruguay, los firmantes de la carta denuncian que “En una de las propiedades del Conjunto Santa Rita (formada por 4 haciendas) adquiridas por Veracel… las casas, corrales y plantaciones ya fueron destruidos para borrar los vestigios de que un día hubo allí seres humanos que sobrevivían de la tierra”.
También como ya está ocurriendo en Uruguay, las plantaciones impactan sobre el agua, y en ese sentido la carta dice que: “En toda la región, la plantación extensiva de eucalipto promovió la desaparición de diversos ríos y cañadas”.
Cuando Stora Enso se instaló en Bahía, lo hizo en base a las mismas promesas de empleo, desarrollo y riqueza que ahora está haciendo en Durazno y Tacuarembó. Según el diario El País, “la información manejada hasta ahora por Stora Enso” es que durante su fase operativa generará “unos 3.000 puestos directos e indirectos”. En Bahía dichas promesas no solo no se cumplieron, sino que la empresa generó expulsión rural, desempleo y miseria. ¿Hasta cuándo seguirán nuestros gobernantes cambiando nuestro rico patrimonio por espejitos y cuentas de colores?
