La compañía ENCE (Empresa Nacional de Celulosa Española) quiere construir en Uruguay una gran planta de celulosa. Desde la sociedad civil creemos que este proyecto no debería realizarse por los graves impactos ambientales y sociales que comportaría. Además, el Gobierno español, a través de CESCE e ICO, prevé un escandaloso apoyo financiero con dinero público sin consultar a los afectados. La campaña internacional “No queremos ENCE en Uruguay” ha conseguido -hasta ahora- que la empresa no reciba estos fondos públicos.
La protesta en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) aspiraba a desenmascarar uno de sus “patrocinadores especiales”. Queremos llamar la atención sobre el lavado verde que se produce al permitir que empresas con un historial ambiental tan agresor y engañoso -como él de ENCE- patrocinen y gestionen los contenidos de este foro ambiental.
ENCE ratificó en varias ocasiones su intención de construir la planta de celulosa en Uruguay, sobre todo después de la noticia que ENCE cambiaba el lugar de la fábrica para conseguir los préstamos del Banco Mundial. «Es el ataque al financiamiento el que lleva a ENCE a esa decisión», destacaron desde la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú (Argentina). La instalación de la planta de ENCE, al igual que otra similar de la finlandesa Botnia, en el lado uruguayo de un río que separa ese país con Argentina desató un conflicto entre ambos gobiernos, provocado por las mayores manifestaciones ecologistas en la historia argentina. Miles de ciudadan@s argentin@s y uruguay@s se han manifestado masivamente desde hace más de un año contra el establecimiento de las fábricas de celulosa. En varias ocasiones se ha bloqueado el principal puente internacional que atraviesa el Río Uruguay.
Los más de 40.000 afectados de Argentina temen que las plantas contaminen el medio ambiente y también acusaron al Gobierno de Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya de haber permitido que los proyectos avanzaran sin realizar antes los informes de impacto ambiental y las consultas necesarias. Las consecuencias ambientales del proyecto serán, en caso de llegar a realizarse, numerosos y graves. Entre ellos, contaminación atmosférica (más el fuerte olor por compuestos de azufre), la extracción de grandes cantidades de agua del río Uruguay; la plantación de grandes extensiones de monocultivos forestales (en este caso eucalipto) y la derivada pérdida de biodiversidad; la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo y en la fabricación de dióxido de cloro muy perjudiciales para la salud humana; la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para el consumo doméstico así como la destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, los que dan sustento a muchas comunidades locales en la región.
La producción de celulosa será destinada íntegramente a la exportación con destino el mercado europeo (el cual acumula un 51% del consumo global de celulosa, contra el 8% en Suramérica). Además, ENCE tiene antecedentes graves en instalaciones similares, y ha sido condenada por delito ecológico continuado en el año 2002 por contaminar la Ría de Pontevedra desde 1964. A causa de la contaminación provocada por ENCE se realizan continuamente manifestaciones en esta ciudad gallega, pidiendo que ENCE cesara sus actividades. Esta empresa ha causado daños irreparables en el medioambiente, en los recursos naturales y en la salud de las personas. No es extraño, pues, que busque nuevos espacios donde actuar.
ENCE es una empresa especializada en la plantación forestal de monocultivos (principalmente de eucalipto) y en transformaciones complementarias de madera. A pesar de no ser muy conocida popularmente, es la empresa forestal más importante del Sur de Europa, líder europea en producción de celulosa y el segundo suministrador mundial de celulosa de eucalipto . Actualmente cuenta en la Península Ibérica con más de 85.000 ha. de plantaciones de eucalipto. Igualmente dispone de varias plantas de tratamiento de celulosa, la más importante de las cuales se encuentra en Pontevedra . En Uruguay opera desde hace más de 15 años y es uno de los actores más criticados . Actualmente gestiona allí más de 130.000 hectáreas de plantaciones de monocultivo de árboles – llamadas también “desiertos verdes”. También, y muy principalmente, las problemáticas ambientales y sociales vienen derivadas por el modelo forestal que ayudan a consolidar y llevan asociado las plantas de celulosa. En el caso de Uruguay ENCE necesitará 100.000 hectáreas de plantaciones para conseguir la madera necesaria para fabricar la celulosa , y Botnia unos 150.000 ha. más. Las plantaciones forestales que utilizarán las fábricas de celulosa ocupan tierras de cultivo y zonas de pradera -el ecosistema más importante de Uruguay-, producen problemas de disponibilidad de agua, erosión irreversible en los suelos y contaminación de agua por las plaguicidas, fertilizantes y agrotóxicos utilizados en los monocultivos. Además conllevan un abandono del ámbito rural.
A pesar de estos impactos ambientales y sociales, el Estado español ha apoyado históricamente las actividades de ENCE en Uruguay a través de diversos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso ahora que el conflicto ha adquirido una dimensión internacional el ICO está evaluando la posibilidad de financiar la fábrica de ENCE con un total de 350 millones de dólares –una operación dirigida por el Director General de Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-, y por otra parte CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), empresa con funciones delegadas del Estado, está evaluando si asegura la totalidad del proyecto de ENCE en Uruguay . La posibilidad de ejecutar este apoyo con recursos públicos por parte del Gobierno español ha sido duramente criticada por numerosas asociaciones agrupadas en la campaña ¿Quién debe a quién?.
Creemos que ENCE reiniciará las obras en Uruguay cuando resuelva la cuestión del nuevo emplazamiento de la fábrica y cuando el Banco Mundial y el Gobierno español aprueben los préstamos que los organismos retrasaron por la presión social, el conflicto diplomático bilateral y para realizar otros estudios de impacto ambiental. Por eso es fundamental extender la campaña para impedir la fábrica y para exigir modelos de producción de papel social y ambientalmente sostenibles y que no amplíen nuestra Deuda Ecológica con los países del Sur.
Pensamos que es perjudicial para cualquier estrategia hacia la sostenibilidad que el único congreso nacional del medio ambiente tenga lugar con la manipulación de las empresas como ENCE, haciendo creer a la ciudadanía que ellas son un actor activo en la lucha por el medio ambiente. La campaña ¿Quién debe a quién? opina en cambio que las empresas transnacionales son uno los principales causantes de la crisis ecológica global.
La campaña dice NO a ENCE, NO al modelo forestal asociado, NO al apoyo del Gobierno español a ENCE, NO al lavado verde y NO a la manipulación de las empresas en el CONAMA.
