El 14 de diciembre de 2006 el grupo empresarial ENCE presentó ante el Ministerio de Economía un proyecto de explotación de zona franca en el departamento de Colonia. El 2 de febrero de este año dicho proyecto – que se tramita como expediente cerrado – pasó a la Dirección General de Comercio en el Área Zonas Francas, donde está siendo estudiado por las diferentes asesorías.
Conforme a la normativa vigente, en las zonas francas el Estado Uruguayo garantiza que se pueda desarrollar cualquier tipo de actividad, comercial, industrial o de servicios, sin limitación alguna, con una serie de beneficios para el inversor. El marco legal asegura el anonimato del inversor al admitir las sociedades con acciones al portador, siempre que la empresa tenga por objeto único y exclusivo el ser usuario de una zona franca. También garantiza a las inversiones extranjeras igualdad de trato que las nacionales. Por otra parte, el 25% — o en ocasiones más — del personal puede ser extranjero y puede renunciar a la tributación a la seguridad social del Uruguay.
Entre los beneficios concedidos a los usuarios de Zonas Francas uno de los principales son los tributarios. Quedan exonerados, entre otros, del Impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio (I.R.I.C), el Impuesto al Patrimonio (I.P), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), el Impuesto Especifico Interno (I.M.E.S.I), el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (I.M.A.B.A), el Impuesto al Control de las Sociedades Anónimas (I.C.O.S.A.). También “están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en los que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que se desarrollan en la misma”.
Ganancia y ganancia. Las transnacionales vienen con su poder a obtener más poder. En octubre de 2004, y poco antes de dejar su mandato, el Presidente en ejercicio Jorge Batlle concedió una Zona Franca a ENCE en el departamento de Río Negro, para sus proyectos celulósicos en la localidad de Fray Bentos.
La reciente decisión de relocalización de ENCE coloca a las fuerzas ayer opositoras y hoy en el gobierno ante la disyuntiva de hacer efectivo un cambio de la política económica en esta esfera o quedar en un continuismo. Seguir dando aval y apoyo financiero a las transnacionales forestales implicaría profundizar el avance de grandes extensiones de monocultivos de árboles en la región con la consiguiente concentración y extranjerización de la tierra, sería ir en contra del “Uruguay multiproductivo” base de la soberanía alimentaria, sería desconocer el derecho a la gestión pública y basada en criterios de participación social y sustentabilidad del agua, recientemente incorporado en la Constitución.
¿Se concederán a los poderosos los beneficios a los que no pueden acceder los pequeños y medianos productores? ¿Se fomentará la destrucción del potencial multiproductivo del medio rural? ¿Las esperanzas de cambio tendrán alguna oportunidad?
En la hora de la globalización y el imperio de los mercados el gobierno enfrenta decisiones nada fáciles, que lo colocan en este caso ante la disyuntiva de tener que elegir entre conceder nuevamente a ENCE una zona franca o aplicar el principio de equidad, entre el continuismo o el cambio, entre la pérdida de territorio y recursos o la recuperación de soberanías perdidas en gobiernos anteriores.
Esperamos que como país transitemos los caminos que contribuyan a construir el cambio hacia el país libre y solidario que tantos y tantas esperamos.
