por Víctor L. Bacchetta
La comisión creada por el gobierno uruguayo para realizar un seguimiento ambiental de la planta de Botnia en Fray Bentos generó dudas y controversias en torno a las entidades ambientalistas que la integran y la función que tendrían en este organismo.
El 28 de marzo quedó constituida en Fray Bentos la Comisión de Seguimiento de la planta de celulosa, puerto y zona franca de Botnia, presidida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) e integrada además por los ministerios de Relaciones Exteriores, Industria, Energía y Minería y Salud Pública, las Intendencias y Juntas Departamentales de Río Negro y Soriano, la empresa Botnia y representantes de la sociedad civil.
Entre estos últimos se anunció la participación del Centro Comercial e Industrial y de la Sociedad Agropecuaria de Río Negro, del plenario departamental del PIT-CNT y de dos grupos ambientalistas, uno de Fray Bentos y otro de Young. Quedarían por cubrir tres lugares y se dejó “una silla libre para la participación social argentina” (sic). No figuran centros de investigación independientes, como la Universidad de la República.
La directora de la Dinama, Alicia Torres, dijo en la inauguración que la comisión tendrá “de primera mano la información de los resultados de los monitoreos ambientales”. Otra tarea asignada a la comisión es asesorar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, si bien sus recomendaciones no tendrán carácter obligatorio.
Las autoridades uruguayas han insistido en que la formación de esta comisión ha sido una “imposición” del gobierno a la empresa Botnia y destacan la presencia de organizaciones sociales para enfatizar que es una instancia de control ejercida por la población. Al consultar a las entidades ambientalistas involucradas surgieron algunas confusiones y enfoques disímiles en cuanto a la función a desempeñar en este organismo.
Medios de prensa nacionales y del exterior informaron que el Grupo Ecológico de Young integraba la comisión. Al solicitar a la Dinama una confirmación, no fue posible obtener el acta de la reunión ni el nombre exacto de los miembros del organismo. No obstante, de alguna manera se informó y se creyó que era el Grupo Ecológico de Young.
Consultados por Brecha, integrantes de este grupo explicaron que fueron invitados a asistir al acto y así lo hicieron con el fin de informarse, pero que no firmaron ningún documento que los acredite como miembros de la comisión. El Grupo Ecológico de Young resolvió convocar a una asamblea para decidir la conducta a seguir.
CONFIAR O DESCONFIAR
En el caso de Fray Bentos no hay confusiones sobre los grupos sino realidades y actitudes contrapuestas. El Instituto de Estudios de Río Negro José Artigas, que integra la comisión como grupo ambientalista local, es poco conocido en la ciudad. Su presidente, Constante Mendiondo, dijo a Brecha que la entidad tiene unos dos años de vida.
“La clave que debemos tener -declaró Mendiondo-, es la confianza en el Estado uruguayo porque es la historia la que manda en esto, la confianza en nuestros técnicos y la confianza en que si en algún momento hubiere la posibilidad de contaminación en este tipo de plantas, tenemos la certeza que este gobierno que tiene Uruguay clausura de inmediato”.
El informativo de radio El Espectador amplificó el alcance de estas palabras. “Confianza en la Comisión de Seguimiento de Botnia”, tituló, y en la introducción de la noticia agregó: “Las organizaciones sociales que integran la comisión (…) confían plenamente en los controles que el Estado ha realizado y realizará sobre el emprendimiento”.
El grupo ambientalista más conocido de Fray Bentos, el Movimiento por la Vida Digna, el Trabajo y el Desarrollo Sustentable (Movitdes), opuesto desde sus inicios a la forestación y a las plantas de celulosa, fue consultado un año atrás acerca de si integraría una comisión de este tipo respecto de Ence y Botnia. “En ese momento dijimos que no, que eso significaría admitir que irían a funcionar”, dijo a Brecha Julia Cóccaro, presidenta de Movitdes.
Ya en vísperas de la instalación de la Comisión de Seguimiento, el Movitdes no fue invitado. “Nuestra posición es la misma del año pasado. El gobierno apuesta al autocontrol de la empresa. ¿Van a decir que están haciendo las cosas mal?”, agregó Cóccaro. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, justificó la ausencia del Movitdes diciendo que el grupo se autoexcluyó.
“No queremos engañar a la gente y que vayan a creer que estando allí vamos a controlar algo”, comentó la profesora Delia Villalba, quien señaló que Movitdes dijo también que los cursos de soldadura organizados antes del inicio de las obras de Botnia eran un engaño y se confirmó después con la contratación preferencial de obreros extranjeros.
REVELACIONES DE BOTNIA
En los últimos días se produjo un cruce de declaraciones entre la directora de la Dinama y el grupo Guayubira en torno a las fábricas de insumos químicos que serían instaladas junto a la planta de celulosa de Botnia. El grupo ambientalista había reclamado por la “falta de información y/o información no precisa, por la información difundida por partes y por el difícil acceso a las autoridades competentes” (véase Carta de los Lectores).
La información sobre las características de estas fábricas no figura en las evaluaciones de impacto ambiental de la empresa ni en otros documentos de conocimiento del público. Ha sido frecuente que la empresa se reserve información, que sólo divulga públicamente en las dosis y el momento que considera convenientes.
En la última semana, la vicepresidenta de Botnia para el ambiente, Kaisu Annala, reveló en una entrevista con El País que “Botnia modificó su proyecto y usará menos dióxido de cloro”. Preguntada si la presión social hizo cambiar en algo el proyecto original en el aspecto ambiental, respondió: “Hemos cumplido todos nuestros compromisos asumidos en el año 2003, pero también ahora podemos decir que vamos a operar un poco mejor que en relación al proyecto presentado en 2003”.
Artículo publicado en Semanario Brecha, de Uruguay, 13/4/07
