Organizaciones de productores y ambientalistas uruguayas solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) información sobre un pedido de autorización que realizó la empresa española ENCE, dedicada a la producción de pasta de celulosa, para operar en el departamento de Colonia en régimen de “zona franca”. Las organizaciones también buscan que el MEF les entregue el proyecto de inversión de la compañía.
ENCE pretende instalar una planta de producción de pasta de celulosa en Colonia y busca contar con determinados beneficios económicos y específicamente tributarios, como algunas exoneraciones impositivas, que se aseguraría en caso de operar en una zona franca.
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Casa del Pueblo Arco Iris (Tarariras, Colonia) y la Asamblea por un Uruguay Natural Multiproductivo, pidieron a través de un escrito legal al MEF una copia de la solicitud de autorización de ENCE para la explotación de zona franca y otra copia de su proyecto de inversión.
Las organizaciones fundamentan su pedido en el entendido de que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, derivado del derecho a la libertad de expresión.
“El acceso a la información por parte de todos los habitantes es condición esencial para hacer efectiva la transparencia de la acción y gestión de los gobernantes y autoridades públicas. Por tanto, no se trata sólo de un derecho individual sino que se encuentra asociado al interés público por ser una precondición de la democracia, del debate abierto de ideas y del control del gobierno”, expresa el escrito legal.
Las agrupaciones de productores y ambientalistas agregan que en Uruguay el derecho a la información está garantizado por el artículo 29 de la Constitución Nacional. El documento enviado al MEF también recupera la normativa uruguaya que destaca la importancia de la información en materia ambiental y de desarrollo nacional, y en ese sentido menciona el artículo 47 de la Constitución, que estipula que la protección del medio ambiente es de “interés general”.
Organizaciones como REDES-AT y el Grupo Guayubira han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos ambientales y sociales que implica la producción a gran escala de pasta de celulosa. En ese sentido, también han denunciado las consecuencias sociales, económicas y ambientales del modelo forestal uruguayo, caracterizado por las grandes extensiones de monocultivos de eucaliptos y pinos. Ese modelo forestal se consolida con el desarrollo de la industria de la celulosa, que necesita de la madera como materia prima.
Además, tanto REDES-AT como Guayubira han señalado que desde la aprobación de la Ley Forestal en 1987 las empresas de ese sector están liberadas del pago de impuestos, beneficio que se extiende ahora a las compañías dedicadas a la producción de pasta de celulosa. La empresa finlandesa Botnia opera en régimen de zona franca en Fray Bentos, lo que le garantiza ese tipo de beneficios tributarios. Los mismos privilegios tendría ENCE si el MEF responde afirmativamente a su solicitud.
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María Selva Ortiz
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