En su edición de hoy, el diario El Observador tituló su primera página con la frase: “Preocupa a forestales el cambio de reglas de juego”. A Guayubira le preocupa exactamente lo contrario: que un movimiento político que llegó al gobierno prometiendo “el cambio”, no lo esté haciendo en el sector forestal. Más aún, que esté apoyando a ultranza a los mismos intereses que en el pasado fueron defendidos por blancos y colorados.
En efecto, los cambios necesarios en el sector forestal son muchos y efectivamente arrancan en el tema de la concentración y extranjerización de la tierra. Sin embargo, tres ministros (Mujica, Astori y Rossi) acaban de asegurar a uno de los mayores latifundistas extranjeros del país (la empresa forestal norteamericana Weyerhaeuser-Colonvade), que la nueva ley de sociedades anónimas no le afectará. Cabe suponer que lo mismo se hará con la finlandesa Botnia, la española Ence, la sueco-finlandesa Stora Enso y la recién llegada portuguesa Portucel. ¿De qué cambio estamos entonces hablando?
Lo mismo ha sucedido con una serie de “cambios” aparentes, que no lo son, como por ejemplo, la famosa reclasificación de suelos de prioridad forestal (que significó un aumento sustancial del área a ser forestada) o el cambio a la ley de evaluación de impacto ambiental (que incluyó a la forestación), pero que en realidad no implica la necesidad de hacer evaluaciones completas de los impactos, tal como se constató en el caso de dos proyectos de Stora Enso que fueron aprobados a través del simple mecanismo de considerar que las plantaciones “no presentarían impactos ambientales negativos”.
Pero la contradicción más grande entre la promesa de cambio y el continuismo se muestra con total claridad en el caso de la empresa Botnia. Este emprendimiento es el ejemplo típico de todo a lo que se ha opuesto históricamente la izquierda uruguaya: extranjerización y concentración de la tierra, explotación de los trabajadores, migración rural, degradación de los recursos naturales (en particular suelo y agua), exportación de productos con escaso valor nacional agregado, contaminación atmosférica e hídrica, exoneración impositiva (tanto en la forestación como en la fábrica de celulosa), exportación de las ganancias.
A pesar de ello, todo el poder del aparato del Estado se ha volcado a apoyar a esta empresa. A partir del reciente accidente en Botnia, que resultó en la intoxicación de varios trabajadores, ha habido una serie de denuncias, tanto de parte del SUNCA, como de pobladores uruguayos y argentinos (vertidos de contaminantes en el río, aves y peces muertos, afecciones a la salud), que no han recibido una adecuada respuesta de parte del gobierno.
El día de la victoria electoral, el actual presidente dijo. ¡Festejen uruguayos, festejen! Dos años y medio más tarde, Tabaré Vázquez está festejando, junto a Botnia, la inauguración del puerto de Nueva Palmira, desde donde se exportarán nuestros suelos y agua –transformados en celulosa– para dar mayores ganancias a la industria papelera finlandesa. Un triste día para el país.
