Desde el 2004, a partir de una iniciativa de la “Red contra el Desierto Verde” (Brasil), cada 21 de setiembre se conmemora el día internacional contra los monocultivos de árboles. La Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), una coalición que cuenta con miembros en 16 países, adhiere a esta fecha, denunciando los impactos negativos de las plantaciones de árboles a gran escala en los países de la región.
En Argentina, gran parte de la selva de la provincia de Misiones ha sido sustituida por enormes monocultivos de pinos exóticos, en tanto que las plantaciones de eucalipto para celulosa avanzan en otras provincias como Corrientes y Entre Ríos.
En Brasil, grandes empresas plantadoras vinculadas a la industria de la celulosa están concentrando amplias áreas de tierra fértil en sus manos, constituyéndose en uno de los mayores obstáculos para la realización de la reforma agraria. Al mismo tiempo, los monocultivos de eucalipto están afectando la seguridad alimentaria de las poblaciones locales y volviendo imposibles las actividades tradicionales de las comunidades indígenas, afrobrasileñas y campesinas.
En Chile, la expansión de las plantaciones forestales se ha hecho a expensas de los territorios tradicionales del pueblo Mapuche y de la violación sistemática de sus derechos. Dicha expansión está además asociada a graves procesos de degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, reducción y contaminación con agrotóxicos de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, y la pauperización de la población local.
En Colombia, las plantaciones de palma aceitera han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo muertes, torturas, desapariciones y migración forzada de las comunidades locales, en tanto que situaciones similares han acompañado la instalación de plantaciones de pinos y eucaliptos.
En Costa Rica el gobierno incrementó el monto del subsidio para las plantaciones de monocultivos pasando de $500 a $800/ hectárea establecida. Asimismo, se aumentó el área total a subsidiar de 4000 a 7000 hectáreas por año. Todo esto a pesar de que los monocultivos de árboles para producir madera no han rendido lo esperado y se ha demostrado que 20 años de políticas de subsidios a las plantaciones de árboles han sido un fracaso.
En Ecuador, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas están siendo afectadas por el avance de monocultivos de pinos, eucaliptos y palma aceitera, que destruyen las bases de sustentación de las poblaciones locales y expulsan a la población rural.
En Nicaragua se ha dado un importante paso en sentido inverso, cuando en junio de este año el Director del Instituto Forestal declaró que “No se derribarán más bosques para sembrar palma africana”, agregando que “No estamos permitiendo la siembra de monocultivos porque destruye la biodiversidad del ecosistema”.
En Paraguay en estos momentos está en discusión un proyecto de ley que estaría abriendo las puertas al monocultivo de árboles a través de una política de promoción basada en subsidios y otros apoyos estatales a la forestación. Genera una preocupación adicional el hecho de que en el proyecto en estudio se prevé una activa participación del sector maderero en la propia implementación de la ley.
En Perú, el gobierno ha aprobado el marco legal para la expansión de los monocultivos de árboles, en base a las mismas promesas de empleo y desarrollo que ya se han demostrado falsas en todos los países de la región.
En Uruguay, los monocultivos de eucaliptos y pinos han generado graves impactos sobre el principal ecosistema del país (la pradera) y han dado lugar a un agudo proceso de concentración y extranjerización de la tierra por parte de grandes empresas, que han desplazado a los tradicionales productores de alimentos. Además, han significado un uso masivo de agrotóxicos en toda la cadena productiva desde los viveros hasta la aplicación de herbicidas para matar los rebrotes.
En todos los países donde se han implantado estos monocultivos, las consecuencias han sido las mismas: mayor riqueza y poder para unas pocas empresas nacionales y extranjeras y mayor pobreza para las comunidades locales. Como contrapartida, la oposición a este modelo social y ambientalmente nefasto está creciendo a nivel local, nacional y regional.
Sin embargo pareciera que en la mayoría de nuestros países se hace oídos sordos a los reclamos de la gente y se continúan promoviendo políticas que están agravando aun más las situaciones descritas arriba y que incrementarían las áreas de “desiertos verdes”. Las que se anuncian como “soluciones” para el cambio climático, no sólo no solucionarán el problema sino que serán causa de mayores sufrimientos en las comunidades. Los mal llamados “sumideros de carbono” y los agrocombustibles son ejemplos de estas falsas soluciones que ya se están implementando en nuestros países. A ello se suma el peligro de los planes para la liberación de árboles transgénicos, que en nuestra región ya están siendo genéticamente manipulados en laboratorios en Chile y Brasil.
En este nuevo 21 de setiembre, hacemos entonces un llamamiento a unificar las luchas para forzar a los gobiernos a cambiar el rumbo y a volcar los recursos del Estado a la promoción de actividades agrícolas y forestales socialmente beneficiosas y respetuosas del medio ambiente.
Por mayor información contactar:
Lic. María Selva Ortiz
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