Carta abierta entregada por el Grupo Guayubia a la DINAMA en relación a la probable autorización de la zona franca de la empresa Ence:
Montevideo, 27 de diciembre de 2007.
Sres. de DINAMA
MVOTMA
Presente
De nuestra mayor consideración:
En respuesta al Informe Ambiental Resumen del Proyecto Zona Franca Punta de Pereira S.A. de la empresa ENCE, cuyo período de manifiesto público vence el día 4 de enero, el Grupo Guayubira quiere hacerles llegar algunos comentarios.
Una vez más, al igual que en el caso de Botnia, los 20 días hábiles correspondientes al período de manifiesto público –período que la población tiene para conocer el proyecto, evaluar posibles impactos sociales y ambientales, y enviar sus sugerencias y críticas a la Dirección Nacional de Medio Ambiente– coinciden con la finalización de cursos, licencias y las fiestas de Navidad y Fin de Año. Si de verdad se quiere consultar a la población, este es el peor período para hacerlo.
Por otra parte, Guayubira así como otras 3 organizaciones comenzaron a transitar en el mes de mayo un largo camino para obtener del Ministerio de Economía y Finanzas información acerca de las razones esgrimidas por la empresa para solicitar zona franca. Luego de muchas idas y venidas, con audiencias judiciales incluídas, el Ministerio se negó a brindar la información.
Tal es la falta de transparencia en este proceso de aprobación (o no) de la zona franca a Ence, que al día de hoy ni siquiera se sabe si fue aprobado o no por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la página de Presidencia (donde figuran todas las resoluciones y los decretos ministeriales) no hay información al respecto y lo más que se puede decir, a partir de trascendidos, es que aparentemente ya estaría aprobada esta concesión.
Es importante señalar que esta zona franca no es una zona franca cualquiera, donde se vayan a instalar oficinas, call centers o comercios. Aquí se instalaría una gigantesca fábrica de celulosa. Esto vuelve absurdo que se estén analizando por separado los impactos de la instalación de una zona franca (tipo Zona América), de los impactos de una fábrica de celulosa. En el primer caso, los impactos se limitan a la propia construcción, en tanto que en el segundo caso se suman a los de la fábrica que allí se piensa construir.
El hacer ambos estudios por separado lo que hace en realidad es facilitar la instalación de la fábrica, ya que una vez aprobada la ubicación y construcción de la zona franca, el camino estará abierto para la aprobación definitiva del proyecto que más importa: la construcción de la fábrica. El comienzo de la construcción de la zona franca será el primer paso en ese sentido.
Dadas las declaraciones públicas de funcionarios de gobierno, todo hace pensar que todo el proyecto –incluyendo zona franca y fábrica de celulosa– ya está aprobado a nivel gubernamental. Si eso fuera así, los procesos de consulta y participación previstos por la legislación vigente serían un mero maquillaje a una decisión ya adoptada. Además de constituir una burla a la población, ello llevaría a la total pérdida de credibilidad de los organismos de gobierno responsables y en particular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Finalmente, nos interesa señalar que el caso de Uruguay es único en cuanto al otorgamiento de zonas francas a este tipo de empresas. Las fábricas en países tan diversos como Finlandia, Brasil, Chile, Argentina, Sudáfrica, Indonesia o Tailandia funcionan –y son muy rentables– sin haber recibido este beneficio de ninguno de los gobiernos de esos países. El otorgarle a Botnia y a Ence este tipo de dádiva (cuyo inventor fue el ex Presidente Jorge Batlle) es una forma de atraer a éstas y otras empresas similares (que esperarían el mismo beneficio) para que se instalen en el país. En cierto sentido, el gobierno estaría facilitando una competencia desleal de las empresas que se instalen en nuestro territorio frente a sus competidores en otros países.
Esa política es un pésimo negocio para Uruguay. Por un lado, porque implicará una mayor concentración y extranjerización de la tierra para instalar aún más monocultivos de eucaliptos, con los consiguientes impactos sociales y ambientales que éstos generan. Por otro lado, porque el Estado dejaría de percibir una cantidad enorme de impuestos que pasarían a ser ganancias extras para empresas que ya son rentables sin zonas francas.
Grupo Guayubira
