por REDES / AT, Tribunal Permanente de los Pueblos, Lima – Perú
Junto a otra veintena de empresas europeas, la empresa finlandesa Botnia fue acusada ante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Transnacionales europeas en América Latina, por violación al derecho al desarrollo y por los impactos de sus plantaciones forestales.
El Tribunal Permanente de los Pueblos a las Transnacionales Europeas en América Latina comenzó a sesionar este martes en Lima, Perú, como uno de los principales eventos de la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas 3”, que se desarrolla en paralelo a la reunión de presidentes y jefes de gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Para esta sesión del Tribunal, REDES-AT Uruguay, ATTAC Argentina y la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) de Argentina, presentaron al modelo forestal celulósico en Uruguay -y especialmente a las empresas Botnia, ENCE y Stora Enso- como responsables directas de presionar, instigar y fortalecer un modelo productivo concentrador de la tierra, expulsor de pobladores del medio rural, desplazador de sistemas productivos locales y negativo desde el punto de vista social, económico y político.
En la presentación del caso se indicó que estas empresas son responsables de violaciones al derecho al desarrollo, expresadas fundamentalmente en el modelo del agronegocio forestal que concentra grandes cantidades de tierras para monocultivos de eucaliptos y pinos, provocando la extranjerización de la misma y el fortalecimiento del latifundio.
En el informe de presentación se señala que “Una de los principales responsabilidades directas de Botnia es el fortalecimiento de la forestación intensiva en tierras y agua para la producción de celulosa para la exportación. Además de la planta industrial de Botnia, se espera que para el 2009 también esté funcionando la planta de celulosa de la empresa ENCE; eso implica que las tierras destinadas a los monocultivos forestales van a ir aumentando año a año”.
Se señalaron violaciones a los derechos civiles y políticos, especialmente en relación al derecho al acceso a la información pública, pues las actividades de las empresas forestales y celulósicas acusadas están menoscabando este derecho contando con la complicidad del Poder Ejecutivo uruguayo a través del Ministerio de Economía y del Poder Judicial, negando información a la ciudadanía tal como sucedió recientemente con el pedido de informes que diversas organizaciones sociales realizaron al Estado -y que éste negó- sobre la inversión y el emprendimiento industrial que ENCE está impulsando en Conchillas.
Las organizaciones demandantes también señalaron que, para generar un clima propicio para su actuación, “Botnia está desarrollando una agresiva estrategia de Responsabilidad Social Corporativa a través de un fundación especialmente diseñada para implementar diversos programas de acción directa sobre las comunidades emplazadas en su zona de influencia. Esta estrategia incluye un “programa educativo”, un programa de “salud” y de “capacitación para la inserción laboral”, asistencia para personas con problemas de adicción, proyectos de recuperación de flora nativa, entre muchas otras cosas”.
Fue precisamente en esta área de acción que se constató por parte de las propias autoridades educativas la “violación a la laicidad” por la distribución en escuelas de una publicación infantil sobre forestación, sin permiso de las autoridades educativas del país. Con la entrega de la revista, se impartían “aulas especiales” a los niños por parte de empleados de Botnia, también sin permiso de las autoridades educativas.
Sebastián Valdomir (programa Justicia Económica – REDES-AT Uruguay)
Javier Palummo (abogado – REDES-AT Uruguay)
Dictamen final del Tribunal a las Transnacionales: CULPABLES!
La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre empresas europeas en América Latina desarrollada en Lima resolvió “sancionar moral y éticamente” a las empresas transnacionales así como “conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea”.
El dictamen final del TPP se dio a conocer al mediodía de este viernes, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, paralela a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Unión Europea-América Latina y el Caribe.
Durante los dos días de sesiones del TPP en Lima, se presentaron más de 20 casos contra empresas transnacionales europeas, denunciadas en audiencia publica por organizaciones sociales y de trabajadores, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de América Latina y el Caribe.
La sanción ética y moral del TPP abarca expresamente a “las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea” así como a las ·corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo”.
El dictamente del TPP anuncia además la decisión de pedir “al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que a la brevedad posible presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de caracterizar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales”.
El dictamen del TPP también exhorta a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que “se garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos” y que “se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y el respeto y aplicación prioritario de las convenciones, Pactos internacionales, declaraciones y normas de la OIT y en general de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.
Por último el TPP “reconoce la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas, y otras organizaciones de base. Se compromete además a continuar acompañando con sus competencias y trabajo – profundizando las calificaciones de la responsabilidad jurídica de las ETN – la trayectoria de denuncia de las violaciones de los derechos de los pueblos por las empresas transnacionales, los Estados y las instituciones internacionales y de construcción de alternativas”. www.ecoportal.net
Carlos Santos, www.redes.org.uy
