En días recientes el gobierno uruguayo otorgó formalmente el permiso a la empresa española Ence de instalar una gigantesca fábrica de celulosa en Colonia. Si bien la empresa tuvo que sortear algunos obstáculos burocráticos para lograr la aprobación, era un secreto a voces que contaba con el total apoyo del Estado. Tanto apoyo que no solo le dio el permiso, sino que le facilitó una zona franca. Parafraseando a García Márquez, era la “crónica de una aprobación anunciada”.
Al mismo tiempo, otra historia se estaba –y se está– desarrollando en España: la expulsión casi diaria de ciudadanos uruguayos y la entrada en vigencia de una legislación que facilitará la expulsión de miles de extranjeros –uruguayos incluidos– de Europa en general y de España en particular.
En este contexto, son muy ilustrativas las recientes declaraciones de Daniel Caserta, presidente de la Casa Uruguay en Madrid quien informa que “La situación está muy complicada” y que “se creó mucho temor e incertidumbre entre la gente”. De acuerdo con lo informado por El Observador (2/7/08), Caserta reclamó más apoyo del gobierno de Tabaré Vázquez a los uruguayos que viven en España.
Más allá de la responsabilidad del actual gobierno, lo cierto es que el modelo económico aplicado por los sucesivos gobiernos uruguayos ha sido el responsable de que tantos y tantas compatriotas hayan tenido que migrar, en su gran mayoría por no encontrar en su patria las condiciones necesarias para vivir decorosamente. Los conciudadanos del Departamento 20 –creado por el actual gobierno– tienen todo el derecho a exigir apoyo al actual gobierno.
De acuerdo con Caserta, el gobierno uruguayo debería realizar una verdadera acción en repudio a la política migratoria europea. “El comunicado enviado por Uruguay a la Comunidad Europea criticando la nueva normativa queda lindo, pero no es una solución. Solución es lo de dijo Chávez de que si le tocan a un venezolano le corta el suministro de petróleo”.
Pensando en términos uruguayos y siguiendo esa línea, lo primero que viene a la mente es decir: si nos tocan a un uruguayo le retiramos a Ence la bonificación de la zona franca y hasta el permiso de instalar su fábrica. Ese sería un acto de verdadero apoyo.
