La necesidad de una investigación completa
En el día de hoy se difundió la noticia de la suspensión temporal ordenada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de todos los trámites de la empresa española Ence ante la Dirección Forestal. Dicha medida, que apoyamos, fue adoptada tras haberse comprobado la tala ilegal de cerca de 80 hectáreas de monte indígena en Paysandú para destinarlas a la plantación de eucaliptos.
Este hecho es muy grave, dado que el monte indígena está expresamente protegido por la ley 15.939 y su tala solo puede hacerse mediante la autorización del MGAP, con la que en este caso Ence no contó.
La acción ilegal ahora confirmada constituye una buena oportunidad para destacar que en julio de este año Guayubira hizo una recorrida por la zona de plantaciones de Paysandú y que en tal ocasión recibió varias denuncias de tala de monte indígena, entre las que se incluyó la de testigos directos de la destrucción indiscriminada de árboles centenarios por parte de la empresa Ence. También se nos informó que un edil de Paysandú había tomado cartas en el asunto y que había hecho la denuncia en la seccional policial correspondiente. En base a dicha información, Guayubira presentó la denuncia ante la autoridad competente del MGAP.
A raíz de las distintas denuncias, las autoridades del MGAP concurrieron al lugar, donde constataron la tala ilegal de cinco áreas de monte de parque totalizando unas 80 hectáreas. De acuerdo con la información aportada por el MGAP, las áreas taladas habían sido especialmente marcadas para ser conservadas en los permisos que la empresa obtuvo para talar otras zonas
Al mismo tiempo, cabe señalar que este hecho es apenas una cuenta más en el largo rosario de violaciones ambientales de Ence, que arranca en la España franquista y continúa hasta nuestros días. Recientemente, luego de una larga lucha, las organizaciones españolas lograron que en junio de este año se suspendiera la certificación (bajo el sello FSC) de las plantaciones de eucaliptos de Ence en España, por hechos similares al ahora constatado en Uruguay. Es de esperar que lo propio ocurra con la certificación de las plantaciones de Ence en nuestro país, puesto que ha violado al menos dos principios del FSC al haber destruido bosques y violado la legislación nacional.
Finalmente, es probable que estas 80 hectáreas sean apenas la punta del iceberg. Por un lado, porque las denuncias sostienen que la deforestación fue de unas 300-400 hectáreas a lo largo de unos 15 kms del río Queguay, en los establecimientos La Gambeta, Los Gurises y Las Pampas. Por otro lado, porque en mayo ediles de Paysandú denunciaron la tala de monte indígena por parte de Ence en la zona de Guichón.
Como elemento agravante de la conducta de la empresa, corresponde señalar la forma en que se hizo la deforestación. El primer paso fue la quema, seguida de la tala y de la disposición de los restos de los árboles en fosas de 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, dispuestas en franjas a 100 metros una de la otra y recubiertas con tosca. O sea, que el operativo apuntó a ocultar el cuerpo del delito.
En base a todo lo anterior, Guayubira considera que los hechos constatados ameritan no solo las sanciones correspondientes, sino además una investigación profunda en las más de 180.000 hectáreas adquiridas por esta empresa y que la suspensión temporal de todos los trámites de Ence ante la Dirección Forestal se mantenga hasta tanto dicha investigación no haya culminado.
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