La tala ilegal de 80 hectáreas de monte indígena por parte de la empresa española Ence ha actuado como disparador para que el tema de la destrucción de nuestros montes se instalara en el debate público. Desde ese momento Guayubira no ha cesado de recibir denuncias desde todos los rincones del país, que involucran a empresas nacionales y extranjeras, forestales, sojeras, lecheras, ganaderas y hasta un club de esparcimiento.
En teoría, el monte indígena está protegido por la ley 15939, cuyo artículo 24 dice: “Prohíbese la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena”.
Sin embargo, dicho artículo termina diciendo: “con excepción de los siguientes casos:
A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece.
B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse en cada caso.”
Es decir, que de acuerdo con esas excepciones establecidas en el texto legal, no toda corta u operación que “atente contra la supervivencia del monte indígena” es necesariamente ilegal. A ese problema se suma el hecho de que el principal mecanismo de control está constituido por las guías de transporte de madera, que solo puede ser efectivo cuando la corta se realiza para la venta de leña. En casos como el de Ence y de otras empresas, cuyo objetivo no es la venta de leña sino “ganar campo” a costa del monte, dicho mecanismo resulta totalmente ineficaz, puesto que la madera no sale del campo.
De acuerdo con funcionarios del MGAP, la Dirección Forestal controla directamente a las empresas forestales, ya que éstas deben registrarse en la Dirección Forestal, donde se constata si el campo a forestar contiene monte indígena. Sin embargo, ese control no existe para el caso de otras empresas agropecuarias –sojeras, trigueras, lecheras, ganaderas- que no tienen que pedir permiso al ministerio para realizar sus actividades. Al no existir ningún mecanismo formal de control para evitar la tala ilegal, la supervisión se realiza a través de denuncias de actores públicos y privados y, según trascendió en la prensa, las mismas habrían “colmado la capacidad de trabajo” del Departamento de Bosque Nativo de la Dirección Forestal.
Si bien toda erradicación de monte indígena es grave, existen casos que revisten más gravedad que otros, dado que afectan a montes únicos y en peligro de desaparición. Tal es el caso del monte de parque, que solo existe en el litoral del río Uruguay y que a lo largo de nuestra historia ha sufrido procesos tales de degradación que hoy existen escasos remanentes en buenas condiciones. Contiene en general especies de lento crecimiento como el algarrobo, ñandubay, chañar, espinillo, cina cina, tala, coronilla y otras. Es precisamente éste el tipo de monte que fue eliminado por Ence y por varias empresas sojeras nacionales y extranjeras que han sido multadas por el Estado.
Es importante destacar que en la corta ilegal de nuestros montes intervienen dos actores totalmente distintos. Por un lado están los leñadores locales, que con sus carritos abastecen de leña a casi todos los centros poblados del país y en particular del interior. Dicha actividad tiene características que la diferencian de otras formas de tala. Por un lado, porque cumple una función social en cuanto a la generación de ingresos a personas sin empleos estables y por otro lado, porque el monte no es erradicado y puede volver a regenerarse, aunque con cierto grado de degradación. El caso de la tala empresarial es totalmente distinto, puesto que lo que se persigue es aumentar aún más la rentabilidad de la inversión “agrandando el campo” a costa del monte y resulta en la erradicación definitiva del mismo. Una vez eliminado el monte –a menudo con el uso de topadoras y en muchos casos con aplicación masiva de herbicidas- se siembra soja, trigo, pasturas o árboles que hacen imposible la regeneración del monte.
También es muy diferente el costo que implica la tala ilegal para ambos actores. Para los primeros significa ser detenidos por la policía y ver su leña y vehículos confiscados en tanto que para los segundos implica el pago de una multa –que las más de las veces ni siquiera pagan- pero que, de acuerdo con gente local “dicen que total pagan la multa, que igual les conviene”, ya que es más lo que ganan usando esa tierra para sus cultivos que el costo de la multa.
Un tercer actor, que se maneja dentro de la legalidad, estaría constituido por las empresas dedicadas fundamentalmente al abastecimiento de leña a Montevideo, cuyo accionar es controlado a través del mecanismo de las autorizaciones de corta de la Dirección Forestal y de las guías de transporte.
Dado que el control depende en gran medida de denuncias de gente local, importa destacar que esa gente se enfrenta a varios problemas. Por un lado, no puede saber si la tala que quiere denunciar es legal o ilegal, porque no se informa de ello a nivel local. Por otro lado, debe destinar su tiempo y dinero para identificar el organismo pertinente donde hacer la denuncia y desplazarse a donde corresponda para poder hacerla efectiva. Finalmente, son muchas las personas que manifiestan temor de hacer la denuncia y solicitan permanecer en el anonimato. Dicho temor se origina en las represalias sociales, laborales o comerciales que podría implicarles la denuncia si se hiciera público el nombre de el o la denunciante, lo que ya ha ocurrido en varios casos.
Las múltiples denuncias recibidas por Guayubira durante las últimas dos semanas abarcan un conjunto diverso de situaciones en Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres. De ellas vamos a destacar tres a modo de ejemplo, sin aportar los detalles completos por tratarse de denuncias para las que no contamos con los medios para su verificación, pero que provienen de fuentes fidedignas.
Uno de ellos es una empresa forestal chilena que opera en el norte del departamento de Rocha. De acuerdo con la denuncia recibida, esa empresa estaría eliminando amplias áreas de monte con topadora y tirando los restos de la corta a las profundas quebradas existentes en su predio.
Otra denuncia se refiere a una empresa neocelandesa que opera también en Rocha, sobre la que se afirma que está erradicando importantes zonas de monte para ampliar la superficie dedicada a la explotación lechera. De acuerdo con la información recibida, los “holandeses” (como se les llama en la zona) “quemaron todo el monte indígena que tenían en sus campos y ni siquiera dieron la leña a la gente de la zona”. Dicha fuente afirma que “se veía la humareda de lejos”.
El tercer ejemplo es una denuncia que nos llega desde Paysandú, que informa que un grupo económico argentino cortó el monte indígena de sus establecimientos para ampliar la superficie destinada a la agricultura, en ese caso la soja.
En cuanto al tema de la corta por pequeños leñadores, interesa destacar como positiva la iniciativa de la Intendencia de Florida, donde se han juntado una serie de actores (la Dirección de Desarrollo municipal, la Dirección de Paseos Públicos, la Dirección Forestal y el Programa de Producción Responsable del MGAP) para poner orden en la extracción de leña del monte propiedad de la Intendencia de Florida. Es así que se regularizó la tala y se la enfocó en la corta de especies exóticas invasoras como el ligustro, que produce buena leña. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una campaña de sensibilización a nivel de la población local para difundir la importancia de conservar el monte nativo y para promover el consumo de leña de especies exóticas. De acuerdo con declaraciones de un monteador conforme con los resultados: “ahora no tengo que robar ni andar a escondidas y puedo mantener a mi familia tranquilo”.
En vista de todo lo anterior y de la grave situación que enfrentan nuestros montes, Guayubira propone las siguientes medidas:
1) Que las intendencias municipales organicen la extracción de leña por parte de los leñadores locales y que la reorienten hacia la corta de especies exóticas invasoras como el ligustro, la espina de Cristo, paraíso, fresno y otras. De esta manera se cumpliría un objetivo social y a la vez el objetivo ambiental de erradicación de especies invasoras
2) Que se establezcan mecanismos de información al público acerca de las talas autorizadas por el Estado, con detalles completos (establecimiento, empresa, área de corta autorizada) disponibles en la página web del MGAP
3) Que se aporte información en la misma página acerca de los criterios utilizados para autorizar cortas
4) Que se divulguen a través de las intendencias los teléfonos y direcciones electrónicas de las dependencias estatales donde se puedan hacer denuncias de tala, sin necesidad de aportar los datos personales de los denunciantes
5) Que se prohíba que las áreas deforestadas ilegalmente se destinen a otro uso que no sea la reforestación con las mismas especies indígenas que fueron erradicadas
6) Que se incrementen sustancialmente las multas a empresas que practiquen talas ilegales
7) Que el producido de las multas se destine enteramente a financiar equipos estatales de control de tala de montes.
