Organizaciones sociales y productores rurales reiteran llamamiento a suspender la forestación y exhortan a que el problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar ocupe un lugar central en las agendas de todos los partidos políticos.
Montevideo, 22 de diciembre de 2008.
El día 12 de diciembre pasado, integrantes de organizaciones sociales, ambientales, productores rurales y ciudadanos de distintas zonas del país afectadas por plantaciones forestales, se reunieron en Montevideo para intercambiar experiencias y denunciar la acumulación de impactos socio-ambientales que genera el modelo forestal agroindustrial.
Los temas vinculados a la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural así como el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua fueron centrales en el debate.
En relación a la tierra, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, los participantes de la reunión manifestaron la urgencia de frenar el avance del actual proceso de concentración y extranjerización, del cual la expansión del sector forestal es uno de sus principales responsables. En tal sentido, como una de las alternativas de lucha se manifestó el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano. En tanto, y a los efectos de promover una acción inmediata frente a esta problemática, se manifiesta el apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009.
Considerando que se ha ingresado en un proceso de cambio climático donde la sequía pasa a formar parte de la dinámica ambiental de la región, se denunció que la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural.
Por otra parte, en compás con las “políticas de buen relacionamiento con la sociedad” que promueven las empresas forestales y celulósicas, el gobierno habla del “silvopastoreo” como el modelo de integración de “la vaca y el árbol”. Pero el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural. Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural.
Entre las denuncias presentadas por productores rurales participantes de la reunión se señaló que la escasez de pastos en calidad y cantidad suficiente en la plantación no asegura el engorde del ganado, con lo cual la plantación se utiliza prácticamente “como galpón”. Otras de las denuncias realizadas se refirieron al aumento del precio de la renta para el silvopastoreo, transformándose en un elemento que se suma a la exclusión ya mencionada, atentando contra la rentabilidad ganadera. Finalmente se señaló que la dificultad de arrear el ganado que tiende a esconderse en la forestación obstaculiza el cumplimiento de los programas sanitarios previstos por exigencia nacional e internacional, en especial la vacunación contra la aftosa.
Apenas tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Los volúmenes comprometidos de empleo no se cumplen, mientras el desenfrenado proceso tecnológico compromete aún más la continuidad de los actuales. Río Negro constituye un caso emblemático de la mentira del modelo forestal celulósico: con una enorme masa forestal y una fábrica de celulosa de última generación, es el departamento que registra el mayor nivel de desempleo del país.
Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria.
Existe profusa documentación de los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo –falta de agua, plagas de jabalíes y zorros, desaparición de la identidad del lugar, precarización del trabajo. A eso se agrega que este modelo productivo trae aparejado el uso de agrotóxicos en toda la cadena productiva, agravando aun más los impactos.
Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. Nuestro país se encuentra a esta altura en un proceso de degradación socio-ambiental progresivo fruto esencialmente de la falta de voluntad política para implementar un modelo productivo incluyente y participativo y con bases en una visión diferente de uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.
Conforme avanza el modelo forestal aumentan sus impactos, pero también crece la conciencia ciudadana sobre los mismos, que liberándose del chantaje del empleo y el desarrollo se suma a la resistencia en sus diversas formas.
Los participantes de la reunión hacen un llamado urgente a suspender la forestación y exhortan a que el problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar ocupe un lugar central en las agendas de todos los partidos políticos.
Firman:
– Alicia Borges, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
– Alvaro Moraes, CAxTierra
– Ana Domínguez, Programa Uruguay Sustentable e Investigadora de la Facultad de Ciencias
– Ana María Janavel, pequeña productora rural
– Carlos Céspedes, Doctor en Ciencias Agronómicas
– Carlos Perez Arrarte, CIEDUR
– Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
– Daniel Campanella, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
– Delia Villalba, ambientalista de Fray Bentos
– Diego Henderson, productor rural, integrante del Movimiento Nacional en defensa de la Tierra e integrante de la Asociación Nacional de Colonos
– Elizabeth Díaz, Grupo Guayubira
– Guillermo Macció, productor rural, Sociedad Ecológica San Gabriel
– Gustavo Piñeiro, Licenciado Geólogo
– Jorge Rochón, Asociación Agropecuaria de Tarariras
– José Luis Protti Rey, Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
– Juan Carlos Borgogno, Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU)
– Julio Castillo, Intersocial Salinas
– Lilián Martínez, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
– Luis Alberto Facchin, pequeño productor rural
– Marcel Achkar, Programa Uruguay Sustentable e Investigador de la Facultad de Ciencias
– Marcelo Racchetti, Ingeniero Agrónomo, Unión de Vecinos Puerto La Paloma
– María Isabel Cárcamo, RAPAL-Uruguay
– María Panzacchi, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
– María Selva Ortiz, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
– Mónica Litovsky, Grupo Guayubira
– Néstor Perdomo, CAxTierra
– Oscar Galli, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
– Oscar Oudry, Centro Emmanuel
– Pablo Martínez, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
– Raquel Núñez, Grupo Guayubira
– Ricardo Carrere, WRM
– Ricardo Rodríguez, Biólogo
– Teresa Pérez, WRM
– Washington Lockhart, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
– Wladimir Sawchuk, Movimiento por la Tierra
