El plan forestal promovido por el Gobierno –basado en la plantación de grandes monocultivos forestales de eucaliptos y pinos– prometía grandes beneficios para el país. Entre ellos, la generación de empleo. No sólo no cumplió con este objetivo, sino que además se ha constatado que el escaso empleo generado es mayormente temporario y con condiciones laborales que en general dejan mucho que desear. Los hechos ocurridos a principios de este mes, son una clara muestra de lo que hace mucho tiempo organizaciones ambientalistas vienen denunciando. La gran diferencia, es que esta vez la denuncia la realizó un funcionario del Gobierno.
A raíz de una denuncia, la Dirección Nacional de Aduanas realizó una inspección a una empresa forestal en el Departamento de Rivera (en el noreste del Uruguay, departamento fronterizo con Brasil). La empresa forestal en cuestión resultó ser Forestal Cono Sur S.A., propietaria de unas 26.000 hectáreas de plantaciones de pinos en Uruguay. Sin embargo, el 99% de sus acciones pertenece a Forestal Cholguán, la cual es a su vez una subsidiaria de la gigantesca empresa chilena Arauco, que en su país de origen posee 906.033 hectáreas de plantaciones, contra las que el Pueblo Mapuche desarrolla una lucha encarnizada por haberse adueñado de gran parte de su territorio.
La denuncia tenía relación con la existencia de presunta maquinaria forestal en infracción aduanera, es decir, maquinaria que había ingresado al país sin pagar los correspondientes impuestos. Menuda fue la sorpresa del Director Nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, cuando arribó al establecimiento. Además de incautar la maquinaria por un valor de aproximadamente U$S 300.000, se encontró con unos 40 colchones tirados en el suelo y tras un breve recorrido pudo constatar que allí trabajaban medio centenar de brasileños indocumentados que además vivían en condiciones infrahumanas.
Los trabajadores habían sido contratados por una empresa brasileña, que a su vez había sido contratada por la empresa chilena para realizar tareas de plantación. El Director de Aduanas, explicó que el informe de la receptoría riverense detalla que los trabajadores dormían en el suelo, comían sobras, vestían en harapos y en varios casos presentaban heridas que no habían recibido la atención médica adecuada. “Prácticamente vivían en un régimen de esclavitud”, afirmó.
De acuerdo con los informes de prensa, personas de la zona afirmaron que es normal que grandes empresas, fundamentalmente dedicadas a la forestación, contraten brasileños para trabajar “en negro” (sin cumplir con las reglamentaciones laborales vigentes) y que los tengan en condiciones lamentables.
Estas condiciones de trabajo se dan en el marco de empresas propietarias de plantaciones que realizan la mayor parte de sus actividades (desde la plantación hasta la cosecha) casi exclusivamente a través de la contratación de empresas de servicios forestales. Estas empresas son con frecuencia de carácter informal, muy difíciles de fiscalizar, donde una de las formas de competencia más extendida es la evasión fiscal y el no cumplimiento de las leyes laborales. Las empresas de servicios forestales ganan creciente protagonismo, y son las claves para la “eficiencia” en materia de costos.
Dado que, a pesar de estar fuertemente subsidiada, la actividad forestal no deja márgenes de ganancia considerables (el precio de mercado de la madera rolliza que el país exporta es muy bajo), para obtener rentabilidad las empresas forestales establecen precios muy bajos a la hora de la tercerizaración. Las empresas tercerizadas –que obviamente también quieren tener su ganancia– trasladan estos bajos precios al último eslabón de la cadena…el trabajador.
Si bien es cierto que hay algunas empresas forestales que controlan la calidad de las empresas contratadas, se trata más de la excepción que de la regla y en general se trata de empresas que tienen una imagen que cuidar y cultivar, o que tienen ventajas comparativas en el mercado internacional.
¿Quién es responsable por todo esto? No hay duda de la gran cuota de responsabilidad que recae sobre las empresas, que en aras de obtener ganancias no dudan en someter a los trabajadores a condiciones de trabajo inhumanas. Pero en definitiva, es el Estado el que debe establecer y hacer cumplir las reglas de juego. Sin embargo, la realidad muestra que el Estado ha sido hasta ahora cómplice en la violación de la legislación laboral.
El ex presidente del Uruguay Luis Alberto Lacalle (quien fue un gran promotor de la forestación) ya promovía esta actividad resaltando lo barata que era la mano de obra en este país. El actual presidente Jorge Batlle cuando asumió el Gobierno, viajó a Santiago de Chile y mantuvo un encuentro con empresarios forestales trasandinos. En ese encuentro exhortó a los inversores chilenos a invertir en plantaciones en Uruguay. Fue evidentemente una de las pocas ocasiones en las que el presidente (de un país que durante su gobierno ha caído en la mayor crisis de su historia) tuvo éxito. Los chilenos efectivamente invirtieron y el resultado está ahora a la vista.
Es importante que el pueblo uruguayo haga conciencia acerca de lo que está implicando este tipo de “desarrollo”. Sin embargo, es igualmente importante que el mundo perciba que lo que se denuncia ahora en Uruguay está ocurriendo en prácticamente todos los países del Sur en los que se instalan estas grandes plantaciones. El trabajo tercerizado es ya la norma en todos ellos, trátese de Brasil o de Sudáfrica, de Chile o de Argentina. La competencia internacional se hace a través de la baja de costos y en todos los casos el principal mecanismo para que la materia prima madera siga siendo barata no radica ni en tecnologías ni en rapidez de crecimiento (que son similares en todos los casos) y ni siquiera en subsidios (que son también similares), sino fundamentalmente en la reducción de los costos de la mano de obra. En definitiva, a costa de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores forestales.
Los monocultivos forestales ya han demostrado a las claras su insustentabilidad ambiental. También han mostrado que no sólo no solucionan, sino que agravan los problemas sociales. ¿Por qué entonces se los sigue promoviendo?
Artículo basado en información obtenida de: Diario Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.uy ; “Plantaciones forestales en la pradera uruguaya”, Carlos Pérez Arrarte, http://www.guayubira.org.uy/plantaciones/CP/pradera.html
Fuente: Boletín Nº 69 del WRM, abril de 2003 – http://www.wrm.org.uy
