Detienen destrucción de monte indígena

Levedad de sanciones no ayuda a proteger el monte frente al avance sojero

Martes 30 de junio, kilómetro 329 de la ruta 21, departamento de Soriano. Un monte indígena a orillas del arroyo Bizcocho está siendo destrozado. Maquinaria pesada arranca uno a uno los árboles, de raíz. Aproximadamente la cuarta parte del monte, de unas 20 hectáreas , ya ha sido destruida.

El Departamento de Bosque Nativo de la Dirección General Forestal, recibe una denuncia telefónica que da cuenta de la situación. Al día siguiente, un equipo de inspectores visita el lugar y constata que se viene realizando una tala ilegal de monte indígena. Se labran las actas correspondientes y comienza una instancia jurídica que puede terminar en una multa al establecimiento y el decomiso de la maquinaria.

Gracias a la conciencia del vecino denunciante y a la rápida y eficiente acción del organismo de contralor, la destrucción del monte se detiene.

¿Pero, realmente se detiene? Aun cuando, como en este caso, los mecanismos de defensa del monte funcionen de forma aceitada, las herramientas jurídicas con las que se cuenta no alcanzan para asegurar la protección de estos ecosistemas únicos.

Sanciones totalmente insuficientes

¿Cuál es el valor de una hectárea de monte? Pregunta difícil, pero a la que de hecho se le da una respuesta cuando se establecen las sanciones por destruirlo.

Un boleto de ómnibus cuesta 17 pesos. Imaginemos que a quien no lo pagase, se le cobrara una multa. Si la multa costase 10 pesos, ¿quién pagaría boleto? Obviamente, la gran mayoría de los pasajeros optaría por pagar la multa, que sería, por la vía de los hechos, el precio real del boleto.

Cuando se establecen las sanciones por una infracción, siempre se toma en cuenta el costo que implica la infracción para fijar el costo del castigo. Se supone que las sanciones deben funcionar como un disuasivo, que no debería ser preferible cometer un acto ilegal y cumplir con la sanción que actuar correctamente. Lamentablemente, esto no siempre es así. En el caso de la destrucción de monte indígena, las sanciones previstas están lejos de cumplir una función disuasiva.

Hoy en día, el avance de los cultivos de soja transgénica representa una de las principales causas de destrucción de nuestros montes indígenas. Quienes cultivan soja, las más de las veces son empresarios argentinos que lo hacen en tierras arrendadas. Su interés es obtener la mayor cantidad de rédito económico en el plazo más corto posible. Así las cosas, los montes indígenas no representan para ellos más que un obstáculo. Es exactamente lo que sucedió en el caso que relatamos: el establecimiento Santa Eulalia, donde se constató la tala ilegal de monte indígena, está arrendado a productores de soja.

El altísimo valor de los servicios ecosistémicos que brinda el monte, no entran en su cortoplacista contabilidad. Dado los altísimos réditos que a corto plazo pueden obtener vendiendo soja, prefieren destruir los montes que se encuentren dentro de sus predios, y destinar esas superficies al cultivo de la “commodity” de moda. Si tienen la mala suerte de ser descubiertos, a lo sumo deberán pagar un multa que está muy por debajo de las ganancias que obtendrán gracias al desmonte. El monte, destruido, habrá sido sustituido por plantaciones de soja.

¿Y yo qué puedo hacer?

Afortunadamente, entre la población en general es creciente la conciencia respecto a la necesidad de proteger al monte indígena. El hecho relatado más arriba demuestra que siempre vale la pena denunciar. Ante la constatación de que se está talando monte indígena, se trata simplemente de levantar el teléfono y dar aviso al Departamento de Bosque Nativo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (*). La tala puede haber sido autorizada (en algunos casos lo es) o puede ser ilegal. A través de este organismo, el estado cumple con la misión de sancionar a quienes destruyen el monte indígena.

Sin embargo, el marco jurídico en el que se encuadra la tarea de protección del monte indígena deja mucho que desear. A menos que todos quienes creemos que es importante la defensa del monte impulsemos sanciones mucho más severas para quienes lo destruyen, puede no estar lejos el día en que nos quedemos sin nada que defender.

Una posibilidad sería que ante la constatación de la destrucción de un monte, además de pagar una multa, al responsable se le prohíba explotar comercialmente ese espacio y que se le obligue a reforestarlo con especies nativas que permitan la regeneración del monte. La destrucción dejaría de ser negocio y la supervivencia del monte indígena dejaría de depender del precio de la soja.

(*) Teléfonos: (02) 915 1900 – 915 3272 – 915 3436. Fax: (02) 915 1900 int. 219.

Grupo Guayubira, Julio 2010