Comunicado de prensa – 8 de noviembre de 2010
La instalación de la primera fábrica de celulosa en Uruguay sigue generando conflictos. Desde la aprobación de Botnia (UPM) se desarrolló un largo conflicto entre Uruguay y Argentina, el cual se destrabó gracias a la voluntad de ambos países de coordinar un monitoreo conjunto. La prensa nacional recuerda que el 28 de julio pasado, Mujica se reunió en Olivos con su par argentina, Cristina Fernández, donde sellaron el acuerdo de monitoreo, que permite hasta 12 inspecciones al año de la planta ex Botnia.
En estos días nos enteramos que han surgido discrepancias entre ambos gobiernos luego de que los científicos que conforman la comisión bilateral de monitoreo no lograran un acuerdo en la forma de implementar los trabajos. De acuerdo con la información que se ha difundido sobre el tema, la principal discrepancia parece centrarse en si es o no necesario un monitoreo constante de la planta con sensores que midan los parámetros de impacto ambiental las 24 horas y los 365 días del año.
Más allá de discrepancias gubernamentales sobre el control de la fábrica de UPM, este tema deja al desnudo un problema que atañe a los ciudadanos y ciudadanas de ambos países: el control ambiental de todas las industrias instaladas en ambas márgenes de la cuenca del río Uruguay. Para el río y sus pobladores la contaminación no tiene nacionalidad, aunque sí responsables. Según donde esté instalada, la responsabilidad recaerá en Argentina o en Uruguay y ambos estados tienen el derecho y la obligación de exigir el cese de la contaminación. Si una planta industrial contamina, debería ser clausurada hasta que realice los cambios necesarios para producir sin contaminar, y así cualquier industria en el resto del país.
Lo que distingue a UPM – además del conflicto fronterizo – es que se trata de una fábrica de enormes dimensiones, que maneja una gran cantidad de productos químicos peligrosos. Ello implica que cualquier error, por mínimo que sea, podría afectar seriamente a las poblaciones aledañas –en su mayoría uruguayas- y no solamente a las aguas del río, sino también a nuestro suelo y atmósfera.
En ese sentido, el monitoreo de este enorme emprendimiento no debería restringirse al agua –que es lo que aparentemente acordaron ambos gobiernos- sino extenderse también al control sobre los residuos sólidos –que permanecen en Uruguay- y a las emisiones aéreas, que pueden afectar la salud de las poblaciones más cercanas a la planta, compuestas fundamentalmente de uruguayos/as.
¿Diferencias científicas, económicas o políticas?
¿Por qué no monitorear a UPM en forma continua? ¿Sale muy caro? ¿Sería más barato permitir que se degrade un río, un ecosistema, la salud de nuestra población? ¿Cuánto saldría revertir un proceso de contaminación? Por otra parte, si se realizaran 12 controles al año, ¿cómo saber qué sucede en el período de un mes entre controles, y si los picos de emisión se dan en esos períodos? Por ser quizás los mayores afectados deberíamos estar exigiendo aquí el monitoreo diario del aire y los desechos sólidos.
No nos dejemos distraer. No se trata de nacionalismos. No se trata de disputas científicas. Se trata de prioridades y de qué camino seguir para proyectarnos como país pensando en su gente: el destino forestal celulósico “for export” o la búsqueda de un Uruguay natural, verdaderamente productivo que piense en la protección de nuestra gente y nuestros recursos.
Grupo Guayubira, 8 de noviembre de 2010
Artículos de prensa relacionados:
1.- “Mujica rechazó críticas de Timerman por monitoreo”
2.- “Si apretamos el clavo no queda una sola industria en el Río Uruguay”
http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=104275&ex=27&ar=1&fi=16&sec=8
3.- “Monitoreo: prorrogan plazo 10 días por falta de acuerdo”
