Desde el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el litigio entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, el 20 de abril de 2010, ya se realizaron 14 extracciones de muestras de agua, pero los gobiernos de ambos países no se ponen de acuerdo sobre la normativa que debe ser aplicada en los análisis y, por lo tanto, sobre la manera de asegurar que el Río Uruguay no esté contaminado.
El 28 de julio de 2010, los mandatarios de Argentina y Uruguay acordaron instalar un Comité Científico Binacional para realizar el “monitoreo conjunto de la planta” y los establecimientos y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el Río Uruguay. En agosto de 2010 se firmó el acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica para realizar este control pero las poblaciones de ambos lados nunca recibieron resultados de los análisis.
La Corte Internacional recomendó a ambos países no agravar el diferendo y que todas las resoluciones vinculadas al mismo fueran tomadas en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el órgano responsable del cumplimiento del Tratado del Río Uruguay, y no de manera unilateral. Sin embargo, algunas decisiones inconsultas del gobierno uruguayo han generado nuevos desacuerdos que dificultan el proceso.
A lo anterior se suman unas irregularidades constatadas en las visitas del Comité Científico a la planta de UPM para recoger las muestras y, agravando el panorama, han surgido dudas sobre la seriedad de los análisis. Las muestras de agua del río debían ser enviadas a dos laboratorios acreditados de Canadá, varias tandas ya fueron devueltas, pero el Comité Científico ha detectado inconsistencias en los análisis de uno de los laboratorios.
Cambios inconsultos
La primera visita del Comité Científico a la planta de UPM, en octubre de 2010, constató que los efluentes los diluían con agua del Río Uruguay antes del vertido, algo terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya. UPM interrumpió la dilución, pero el 29 de abril de 2011, dos días antes de la segunda visita del Comité Científico, el gobierno uruguayo comunicó a la CARU que había decidido cambiar su normativa a ese respecto.
Por una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) se permitió a UPM volcar sus efluentes con una temperatura mayor: de 30 a 37 grados centígrados. El Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, la norma por la que se rige la CARU, establece que los efluentes no deben superar las “condiciones naturales” del río, de 9 grados en invierno y 20 grados en verano, en promedio.
La delegación argentina en la CARU cuestionó la decisión por no tener en cuenta el Estatuto del Río Uruguay, ni la norma internacional citada y la propia normativa uruguaya, ni el fallo de la Corte de La Haya, ni los acuerdos de dos encuentros presidenciales y las reuniones de cancilleres de ambos países. Argentina consideró además que el Uruguay no puede modificar unilateralmente un aspecto sustantivo de la operación de UPM.
Otra modificación del funcionamiento de UPM sin pasarlo por la CARU es el aumento de la producción de la planta, habilitada por un millón de toneladas anuales de celulosa, que ha sido superado desde 2009, con el consiguiente aumento de sus impactos.
A partir de este momento, la falta de acuerdo entre las partes sobre cuáles son las normas aplicables para determinar si los vuelcos de UPM se ajustan o no a los máximos permitidos por las normas reconocidas por la CARU, ha determinado que el Comité se vea impedido de generar un informe completo sobre los resultados de los análisis y mediciones realizadas. Hasta el presente, no se avizoran posibilidades de superar esta divergencia.
Mientras tanto, la prensa uruguaya propensa a agudizar cualquier controversia con el vecino país ha acusado reiteradamente a Argentina de negarse a proporcionar esa información y lo atribuye a la intención de esconder que la contaminación proviene del Río Gualeguaychú. Es probable que exista también un aporte importante en ese sentido de la otra margen del río, pero ese tipo de argumentos no arrojan luz sino que justifican la oscuridad.
Fallas y transgresiones
El 18 de noviembre de 2011 se produjo un accidente en las instalaciones de UPM debido al funcionamiento anormal de la caldera de recuperación y de la caldera de gases olorosos diluidos, que afectó algunos barrios de Fray Bentos. Se habría producido una importante emisión de dióxido de azufre y de polvo con valores unas 25 veces superiores a lo normal, mientras que el efluente al Río Uruguay en esos días habría llegado a los 35º C.
La delegación argentina ante la CARU consideró que el informe elaborado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre este episodio era completamente insuficiente y reclamó a la contraparte uruguaya, en base al fallo de La Haya y los acuerdos posteriores entre los gobiernos, que presentara una información exhaustiva de lo ocurrido.
A su vez, en la visita a la planta de UPM del 28 de noviembre de 2011 los miembros del Comité Científico y personal de la Dinama constataron que en la pileta de pluviales Nº 4 del predio de la planta se estaban volcando, clandestinamente, 170 litros por segundo de efluentes al Río Uruguay, sin ningún tipo de tratamiento previo. También se verificó que por una canaleta se descargaban sólidos en dimensiones mayores a las permitidas.
Estos hechos, comprobados por el Comité Científico Binacional y por la autoridad ambiental uruguaya, configuraron violaciones flagrantes por UPM de los estándares exigidos y la normativa aplicable para autorizar esta actividad industrial. La delegación argentina en la CARU exigió la eliminación del vertedero clandestino y requirió una información sobre las medidas de la Dinama para garantizar la no reiteración de violaciones similares.
A lo anterior se agregaron las dudas sobre el laboratorio canadiense AGAT, al cual fueron enviadas la mayoría de las muestras tomadas en UPM y el Río Gualeguaychú entre junio y noviembre de 2011. El Comité Científico consideró que el laboratorio AGAT debería ratificar o rectificar los resultados de sus informes y en caso de no dar una respuesta satisfactoria, sugirió que la CARU evalúe la posibilidad de utilizar otro laboratorio canadiense.
En este contexto, todo parece llevar a agravar el conflicto binacional, en lugar de superarlo. De hecho, la única medida efectiva tomada hasta ahora para reducir la tensión habría sido el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde. Pero la paciencia de los asambleístas de Gualeguaychú, que también acusan a su gobierno de inacción, se está acabando.
Por Víctor L. Bacchetta, publicado en el semanario Voces, 2/8/12 – http://www.voces.com.uy
