El día 12 del presente mes, productores de Canelones, representantes del Grupo Guayubira y RAPAL Uruguay se reunieron con la comisión de medio ambiente de diputados, para manifestar con preocupación la contaminación causada por el uso masivo de agrotóxicos, entre otros temas.
Uno de los temas abordados fue la contaminación del agua, por la cual el propio presidente Tabaré Vázquez, y la Sra. Eneida De León, Ministra de Medio Ambiente, en repetidas oportunidades han manifestado preocupación.
Es importante señalar que a pesar de toda la información que existe sobre la contaminación del agua y los informes generados en los últimos años por distintos entes tanto privados como públicos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aún mantiene vigente la regulación de febrero 2008, donde se prohíbe la aplicación aérea de agrotóxicos en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (arroyos, ríos, y cañadas) o fuentes superficiales (tajamares, lagos, lagunas y represas) y aplicaciones terrestres, a una distancia inferior de 10 metros.
Si esta regulación no ha podido detener la contaminación con plaguicidas que avanza a pasos agigantados, cabe preguntarse ¿Qué debe de ocurrir para que ésta sea cambiada?
Otro de los temas planteados durante la audiencia, fue sobre impactos directos a personas por las fumigaciones con agrotóxicos. Productores de Canelones dieron su testimonio sobre cómo estos venenos habían impactado tanto a nivel de su salud, como a sus cultivos y fuentes de agua en las cercanías de sus predios.
Después de haber realizado la exposición frente a los diputados y diputadas presentes, se les solicitó:
– Aplicar medidas para la prohibición del glifosato y 2,4D basada en la información de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) que recientemente calificó al glifosato y otros plaguicidas como probables cancerígenos.
– Prohibir el uso de la atrazina por ser altamente contaminante para el agua, y regular la expansión del uso del paraquat, ya que su exposición puede llegar a ser mortal para las personas expuestas a este herbicida.
– Regular el uso de los fertilizantes.
– Extender las distancias sobre aplicación de agrotóxicos en las cercanías de las fuentes de agua, ya que 30 metros en fumigaciones aéreas y 10 en terrestres son totalmente insuficientes, y más aún en un país que es ventoso.
– Controlar la regulación referida a Paso Picón y Paso Espinosa: “Establecer un área de 300 metros de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores y al ambiente.”, para que la misma se cumpla. Dado que ésta es una buena resolución, legislar para que ésta se expanda a todo Canelones y a todo el país donde se encuentren asentamientos humanos.
– Prohibir la corta del monte indígena en todo el país, y más aún el que se encuentra sobre las márgenes de los ríos y arroyos. A pesar de que existe una ley que así lo determina, ésta en muchos casos no se cumple.
– Rever el modelo productivo imperante basado en monocultivos agrícolas y forestales y en el uso masivo de agrotóxicos y fertilizantes.
– Promover y apoyar la producción de alimentos sin agrotóxicos asentado en una producción agroecológica.
Si bien integrantes de la sociedad civil, tuvimos en esta oportunidad la posibilidad de manifestarnos y dar testimonios sobre los impactos de las fumigaciones por agrotóxicos, causadas a las poblaciones cercanas a las mismas, y solicitar cambios a los diputados presentes de la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente, creemos que de nada sirve si nuestras preocupaciones no se toman en cuenta. Esperamos que en breve se comiencen a tomar resoluciones en el sentido propuesto.
Grupo Guayubira y RAPAL Uruguay
Agosto 2015
