Montevideo, 28 de junio de 2019. Representantes de organizaciones sociales uruguayas congregadas en la “Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra UPM”, hicieron entrega de una carta al Cónsul Honorario de Finlandia en Uruguay donde expresaron su total oposición al proyecto de instalación de una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM. “Entendemos que este proyecto pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo –de forma arbitraria e inconstitucional-, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país”, denunciaron las organizaciones.
Montevideo, 28 de junio de 2019.
Sr. Cónsul Honorario de Finlandia en Uruguay Mr. Andrew Allen Cooper Gibson
Presente.
Señor Cónsul Honorario:
Las organizaciones sociales abajo firmantes deseamos hacerle saber a usted y su gobierno, a través de esta declaración, nuestra total oposición al proyecto de instalación de una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM en nuestro país.
Entendemos que este proyecto pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo -de forma arbitraria e inconstitucional-, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país.
Esperamos que usted transmita este llamado de atención al gobierno finlandés. Sectores cada día más numerosos de nuestra sociedad, al conocer los términos de este “acuerdo” y las características de este megaproyecto (forestal-industrial-ferroviario-portuario) con sus implicancias en terrenos caros a nuestra comunidad, se manifiestan en contra de los términos de este acuerdo en su totalidad.
Si se concreta, este megaproyecto de UPM para producir más de 2 millones de toneladas de celulosa con una planta instalada a orillas del Río Negro, junto con una vía férrea y una terminal portuaria en la ciudad de Montevideo, provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya.
Los impactos sociales negativos incluyen: la expulsión de productores familiares de la tierra, la pérdida de empleos en la agricultura, la ganadería y la apicultura por el incremento de los monocultivos de eucaliptus, además de afectar al turismo local, la pesca artesanal y la industria pesquera por el agravamiento de la contaminación de las aguas. Otros impactos negativos serán el aumento de los alquileres de vivienda en los lugares donde se ubica la planta, la ausencia de adecuados servicios sociales y el aumento de la explotación sexual y la violencia especialmente hacia niñas y mujeres. El tren de UPM transportará celulosa y productos químicos peligrosos por ciudades y zonas urbanas densamente pobladas, inclusive de la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, con altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.
Los impactos ambientales son de gran importancia porque el aporte de los efluentes de la nueva planta, especialmente el fósforo, empeorarán la contaminación del Río Negro en forma exponencial, en un país que ya sufre graves problemas por el deterioro de la calidad del agua. Estos impactos podrán ser peores teniendo en cuenta antecedentes de contaminación con la primera planta.
El proyecto de UPM traerá además graves perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.000 millones de dólares americanos, mientras que UPM no invertirá más de 2.400 millones de dólares con exención de la gran mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.
Por último, el proyecto incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país atentando contra uno de los principios fundamentales como la laicidad; así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.
La pretensión de la empresa UPM de entrometerse en nuestra legislación rebasa todos los límites. En el “acuerdo ROU-UPM”, que reiteramos consideramos inconstitucional e ilegítimo, se establece, a pedido de UPM que el Uruguay deberá: “… Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo -bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación”.
Nosotros sabremos como pedirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país y esperamos que usted transmita esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía a su gobierno.
Como habitantes de este territorio nos consideramos seriamente afectados en nuestros legítimos derechos e intereses y apelaremos a todas las instancias posibles para que UPM2 no se lleve a cabo. Por esta razón, hacemos este llamado a la responsabilidad del gobierno finlandés y de la empresa UPM para que desistan de este megaproyecto.
Lo saludan,
Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra UPM
FUCVAM
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
Asamblea por el Agua del río Santa Lucia
No al tren de UPM
Coordinación contra Monsanto y el Agronegocio
MOVUS
No UPM Sarandí-Florida
Red Uruguaya de Comunidades
Colectivo Recreo
Our Voice
Asamblea Pachamama
ADES (Comisión en defensa del ambiente)
Comisión Laguna del Cisne
Maldonado por la Tierra y el Agua
Confederación de Pueblos Costeros
Colectivo Ecofeminista Dafnias
Movimiento por la Tierra
Por la Defensa del Solís Chico y sus afluentes
ALAS Piriapolis
Todos por el Agua (Maldonado)
Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en defensa del Agua
Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado | ATCDE
Por el Costado de la Vía
Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos
CEIPA
Celta FEUU
Revista la bicicleta
Reactiva
Coordinación contra UPM y el modelo forestal
La Kandela FM
Plenario intersindical social María Romana – La Paloma Rocha
Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba
Grupo Guayubira
Colectivo Ñangapiré de San Gregorio de Polanco
Mesa Nacional de Colonos
Asociación de Guardaparques del Uruguay
COENDU
Organización HUM de Maldonado
Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa
CONACHA
