Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) comenzó a tratar denuncia sobre las actividades de UPM en Uruguay
“Los derechos humanos están en peligro por un proyecto en el que una nación invierte más del 7% de su PBI anual en un proyecto que se acuerda realizar solo si una corporación privada considera la contribución de Uruguay como suficiente”. Ville-Veikko Hirvelä ante el Comité.
El día 16 de ferero, el CDESC escuchó una presentación resumida de la denuncia realizada por cuatro organizaciones sociales finlandesas sobre las posibles violaciones de los derechos humanos en Uruguay por las condiciones establecidas en el contrato de inversión firmado entre la multinacional finlandesa UPM y el gobierno uruguayo.
La exposición estuvo a cargo de Ville-Veikko Hirvelä, integrante de la organización Amigos de la Tierra Finlanda, en representación de New Wind Association, Emmaus Aurinkotehdas y ATTAC (La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) responsables de la denuncia.
El CDESC inició sus sesiones el 15 de febrero, que se prolongarán hasta el 5 de marzo, durante las cuales deberá evaluar la situación de Finlandia y Letonia como organismo responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Dado que la sede central de UPM está en Helsinki y actúa también bajo la jurisdicción de Finlandia, las organizaciones sociales de aquel país consideran que Finlandia es responsable también de hacer todo lo posible para garantizar que las actividades de UPM en Uruguay no afecten negativamente los derechos humanos.
Las entidades finlandesas reclaman la realización de una evaluacón independiente por un tercero avalado por el CDESC, con competencia en derechos humanos y condiciones ambientales, para verificar la situación planteada.
Intervención de Ville-Veikko Hirvelä sobre la inversión de UPM en Uruguay:
“Además, dado que la corporación forestal transnacional finlandesa UPM acordó con Uruguay una inversión conjunta para construir la unidad de producción de celulosa más grande del mundo en Uruguay, las evaluaciones realizadas por UPM no fueron evaluaciones esperadas de acuerdo a los impactos generales de UPM sobre los derechos humanos.
UPM decidió seleccionar y evaluar los impactos en los derechos humanos que prefería y dijo que tales “decisiones se tomarán teniendo en cuenta los mejores intereses de UPM” protegiendo “los activos y la información de UPM”, “el éxito financiero […] y el crecimiento” como “fundamental […] para las partes interesadas”.
UPM dejó de esta manera sin evaluar o monitorear muchos de sus impactos en los derechos humanos que no son del ‘mejor interés’ de UPM para ser evaluados y demostrados públicamente.
El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado que los impactos acumulativos del proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados con la participación de las personas afectadas y no son debidamente conocidos por la gente de Uruguay.
Uruguay acordó utilizar 4.000 millones de euros de sus fondos públicos para construir ferrocarriles, puertos e infraestructura y cambiar sus leyes educativas y laborales para servir a UPM de modo que en cada paso, solo si UPM considera que el esfuerzo de Uruguay es adecuado para los intereses de UPM, sólo entonces UPM tiene que invertir su correspondiente participación de 2.400 millones de euros.
Por lo tanto, UPM tendrá una gran influencia para exigir cada vez más a Uruguay porque los 4.000 millones de euros de Uruguay se desperdiciarían si no satisface lo que UPM puede requerir como condiciones para iniciar la producción de celulosa.
Los derechos humanos están en peligro por un proyecto en el que una nación invierte más del 7% de su PBI anual en un proyecto que se acuerda realizar solo si una corporación privada considera la contribución de Uruguay como suficiente
No es posible verificar adecuadamente los impactos de un proyecto, donde se ha acordado que la suerte de gran parte de los recursos de Uruguay – tierras, agua, ecosistemas, biodiversidad, infraestructura, condiciones de trabajo y educación – dependa de lo que UPM decida que es adecuadamente rentable para si.”
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
16 de febrero de 2021
Comité de ONU preocupado por actuación de UPM en Uruguay
Al término de su última sesión, el viernes 5 de marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) lamentó que en Finlandia no haya un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay.
En la reunión del 15 de febrero al 5 de marzo, el CDESC recibió una denuncia de cuatro entidades sociales finlandesas, apoyada por más de 80 organizaciones no gubernamentales de Uruguay y otras partes del mundo, sobre las consecuencias negativas en materia de derechos humanos del contrato firmado por UPM y el gobierno uruguayo para la instalación de una nueva planta de celulosa.
En el punto (6) de las conclusiones de la sesión, el Comité de la ONU señala que “está preocupado por el impacto limitado de la aplicación” del Plan de Acción de Finlandia sobre Empresas y Derechos Humanos y “por la ausencia de obligaciones legales para que las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte (Finlandia) ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos”.
Continúa diciendo que: “A este respecto, al Comité le preocupan los informes sobre la falta de una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos de un proyecto gestionado en el extranjero por UPM, una empresa domiciliada en el Estado parte (Finlandia)”, refiriéndose a la actuación de UPM en Uruguay.
En el punto siguiente (7) de las conclusiones “El Comité recomienda que el Estado parte (Finlandia) adopte un marco normativo sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos que obligue a las empresas domiciliadas en el Estado parte o bajo su jurisdicción a identificar, prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos en sus operaciones, incluso en el extranjero”.
Y agrega: “Estas empresas deben ser responsables de las infracciones. Las víctimas, incluidos los no nacionales, deberían poder acceder a recursos efectivos en el Estado parte (Finlandia)”. En consecuencia, “el Comité insta al Estado parte a que lleve a cabo investigaciones cuando se le comuniquen informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por empresas finlandesas”.
Por último, de acuerdo con el procedimiento de seguimiento de sus observaciones, el Comité de la ONU solicitó a Finlandia “que proporcione, dentro de los 24 meses siguientes a la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en el párrafo 7”, es decir, la adopción de un marco normativo sobre empresas y derechos humanos.
La preocupación expresada por el Comité fue recibida con sorpresa por UPM en Finlandia. “Nos parece lamentable”, declaró Saara Tahvanainen, Directora de Relaciones con los Grupos de Interés. La empresa alega que hizo varios estudios sobre la aplicación de los derechos humanos en Uruguay, pero las organizaciones sociales solicitan justamente una auditoria independiente al respecto.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
9 de marzo de 2021.
Ver también: Numerosas Organizaciones se suman a la Deuncia de UPM ante la ONU
