por Carlos Caillabet *
El 10 de mayo pasado el trabajador forestal Rubén Díaz comenzó una huelga de hambre encadenado a un banco de la plaza principal de la ciudad de Mercedes, capital del departamento uruguayo de Soriano. El “caso Díaz” reaviva la discusión sobre qué aportan las industrias madereras al desarrollo nacional.
Imposibilitado físicamente a causa de una hernia que le deforma el abdomen, este hombre de 50 años dijo a los medios de comunicación no tener dinero “ni para comer” y “estar deshecho” como consecuencia de “trabajar en los montes toda la vida”. Y calificó las condiciones laborales en las forestales como una “verdadera carnicería humana”.
Díaz fue persuadido para que levantara la huelga de hambre. Hoy permanece internado en el hospital de Mercedes, donde será intervenido quirúrgicamente. Entrevistado en ese nosocomio por Rel-UITA, expresó que espera que se cumplan las gestiones que las autoridades políticas del departamento le prometieron realizar a lo efectos de contar con un sustento económico que le permita mantenerse hasta su restablecimiento y su regreso al monte.
Las denuncias que realizó Díaz, y la extrema medida que adoptó, sensibilizaron a sectores importantes de la población y a diversas instituciones locales (Junta Departamental, la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores, entre otros), que se solidarizaron con él y con los asalariados forestales impedidos de “formar un sindicato que defienda sus derechos debido a la persecución patronal”, dijo a Rel-UITA un dirigente de los trabajadores de la ciudad.
Pero el caso de Díaz tuvo efectos que trascendieron la penosa situación de los asalariados rurales. A cinco meses de las elecciones nacionales uruguayas, por lo menos en los departamentos de Soriano y su vecino Río Negro actuó como un reactivo más al debate entre dos modelos de país: uno impuesto y otro propuesto.
El modelo propuesto habla de un país autosutentable que satisfaga las necesidades básicas de una población en la que de cada dos niños que nacen uno está condenado a vivir por debajo de la línea de pobreza.
Este Uruguay autosustentable, es defendido, no sin contradicciones y matices, por la actual oposición agrupada en la coalición de izquierda Frente Amplio, que según todas las encuestas tiene amplias posibilidades de triunfar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre de este año.
Mientras tanto, el modelo impuesto es el que la derecha ha venido aplicando desde el poder. Ese modelo apuesta a un desarrollo agroexportador que se distingue por una constante y creciente extranjerización de los recursos naturales, comenzando por la tierra.
Según publicó el diario El País del 23 de mayo, durante el último año y medio se realizaron en Uruguay 250 operaciones de compra de tierras, por un valor de 400 millones de dólares. El 75 por ciento de los campos fueron adquiridos por extranjeros.
Simultáneamente a este proceso de enajenación de la tierra, el área de producción de soja transgénica saltó de 10 mil a 260 mil hectáreas cultivadas, gracias a la irrupción de empresarios sojeros, sobre todo argentinos.
Las principales razones que encuentran los inversores argentinos para desembarcar en Uruguay son dos: una, que casi no quedan tierras en Argentina para plantar soja (y cuando las hay son demasiado caras), y, segunda, que en su país deben destinar un 23 por ciento de lo recaudado por exportaciones al Estado, mientras que aquí pagan apenas un 2 o 3 por ciento.
Esta coyuntura explica una cierta reactivación de la economía uruguaya, pero que ha quedado limitada a ciertos sectores y no ha llegado a los sectores mayoritarios de la población.
De acuerdo a cifras oficiales recientemente divulgadas, en estos últimos 5 años el número de pobres en Uruguay pasó de 406.700 a 849.500, mientras la cantidad de indigentes se multiplicó en 2,5 por ciento. A esos datos se debe agregar que el 20 por ciento de la población con trabajo está subempleada y casi el 40 por ciento no tiene cobertura de seguridad social.
* tomado de Rel-UITA – 25 de mayo de 2004
