El modelo forestal de plantaciones a gran escala ha traído consigo una serie de problemas e injusticias que deben ser resueltas. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la política de promoción de las plantaciones ha dado lugar a una superficie plantada estimada en 660.000 hectáreas. En lo que sigue planteamos brevemente los problemas que consideramos más importantes y hacemos propuestas para abordar cada uno de ellos.
Propuesta 1:
Que las empresas propietarias de las plantaciones contraten directamente a los trabajadores y que se hagan enteramente responsables del cumplimiento de la legislación laboral
Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que el problema más agudo del sector forestal lo constituyen las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras forestales. Esa situación se origina fundamentalmente en la tercerización de las tareas forestales a manos de contratistas y subcontratistas.
Propuesta 2:
Promover la sindicalización de los trabajadores forestales y asegurar que las empresas no pongan obstáculos a la misma
La tercerización ha implicado a su vez la presencia de numerosos subcontratistas, cada uno de los cuales emplea un número relativamente reducido de trabajadores. Tanto la relación con el subcontratista como la separación de los trabajadores de distintas cuadrillas han dificultado enormemente su sindicalización. A ello se suma una actitud generalmente hostil de las empresas hacia los sindicatos.
Propuesta 3:
Remover todos los incentivos a las plantaciones forestales
El incremento del área plantada ya resulta más que suficiente para el desarrollo de industrias vinculadas al sector. No se justifica por ende continuar promoviendo las plantaciones y menos aún a expensas del menguado erario público (a través de subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos)
Propuesta 4:
No otorgar exoneraciones impositivas ni subsidios a las empresas forestales para el “manejo forestal”, descortezado, trozado o chipeado
Las empresas forestales, que ya se beneficiaron de los incentivos otorgados por la actual legislación, continúan presionando para obtener ventajas adicionales, tales como subsidios para lo que denominan “manejo forestal” (podas y raleos), como para el descortezado, trozado y chipeado.
Propuesta 5:
Rever la categorización de suelos “de prioridad forestal” a partir de la experiencia acumulada respecto a los impactos sociales y ambientales de la forestación. En lo inmediato, dejar sin efecto el decreto 333/990 y prohibir las plantaciones forestales en suelos no categorizados como de prioridad forestal, salvo que las plantaciones se destinen a usos no madereros vinculados a la producción agropecuaria (abrigo y sombra, cortinas de árboles, etc.)
El Estado ha promovido la forestación en base a un solo criterio: la productividad del suelo. Es así que se categorizaron como “suelos de prioridad forestal” a aquellos con índice CONEAT bajo (es decir, de baja productividad en materia de kilos de carne y lana por hectárea) y donde los árboles crecían rápido. En esa categorización no sólo no se tomó en cuenta los posibles impactos sobre el agua, la flora y la fauna, sino que tampoco se consideró la importancia de esos suelos en el ciclo ganadero (que hoy se resiente por la falta de los mismos), ni su potencial para la producción agrícola. Para agravar el problema, un decreto posterior a la ley forestal declaró de prioridad forestal otro tipo de suelos llamados “accesorios”. En efecto, el decreto 333/990 permitió que en propiedades donde el 60% o más del suelo era de “prioridad forestal”, los suelos restantes fueran asimismo declarados “de prioridad forestal” pese a no serlo. Por ese mecanismo, la empresa propietaria del predio puede acogerse a todos los beneficios de la legislación forestal como si la totalidad del predio fuera de “prioridad forestal”.
Propuesta 6:
Que las empresas forestales cumplan con el artículo 28 de la ley forestal y combatan las plagas, alimañas y predadores originados en sus plantaciones que afectan a los vecinos
Numerosos productores agropecuarios se han visto afectados por “plagas, alimañas y predadores” que se originan en las plantaciones (jabalíes, zorros, víboras, etc.). El artículo 28 de la llamada ley forestal (ley 15.939) determinó que cabe a las empresas la responsabilidad de erradicarlas esas “plagas, alimañas y predadores”, pero hasta el momento ese decreto ha quedado en letra muerta.
Propuesta 7:
Que se busquen mecanismos para compensar a los productores afectados por pérdidas en su producción o en sus condiciones de vida
Numerosos productores agropecuarios se han visto afectados por la forestación, en particular por sus impactos sobre el agua y por la aparición de plagas vinculadas a las mismas.
Propuesta 8:
Que se busquen mecanismos para erradicar aquellas áreas de plantaciones que han afectado el agua de los vecinos
En varias zonas del país se han constatado impactos graves sobre el agua, habiéndose secado pozos, aguadas y humedales a pocos años de la instalación de plantaciones en el entorno.
Propuesta 9:
Que se elimine el uso de agroquímicos, en particular el Round-up (apelando al desmalezado manual o mecánico), el bromuro de metilo e insecticidas químicos
La forestación ha provocado un uso generalizado de agroquímicos en zonas hasta entonces no afectadas por este tipo de productos. En particular se destacan el uso del Round-up (herbicida) y de hormiguicidas químicos.
Propuesta 10:
Que se elabore una política de aprovechamiento de la madera centrada en el empleo y en la protección ambiental. Una política tal excluiría la opción de la producción de celulosa por los graves impactos ambientales que ésta puede implicar y por su escaso potencial en materia de generación de empleos
El país cuenta con una gran superficie de plantaciones, cuya madera debe ser aprovechada de la mejor forma posible. La opción que impacta menos al ambiente y trae mayores beneficios sociales es la de crear una industria integrada de la madera, orientada tanto al mercado interno (por ejemplo, muebles y viviendas) como al externo (una amplia gama de productos de la madera). La misma debería ser acompañada y complementada con la promoción del uso de la leña como combustible industrial, comercial y residencial.
