La promoción de monocultivos forestales de eucaliptos y pinos ha sido permanentemente acompañada de un mensaje “tranquilizador”, en el sentido de que la ley forestal protege al monte indígena y prohíbe su corte. En este artículo publicado en Brecha, el Grupo Guayubira constata que ese mensaje se contradice cada vez más con la realidad. Agosto de 2001.
El avance de la deforestación
Desde hace años, el centro de trabajo de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sido la promoción de monocultivos forestales de eucaliptos y pinos. La atención hacia el único patrimonio forestal nativo de Uruguay, el monte indígena, es prácticamente nula. Sin embargo, la promoción de la forestación ha sido permanentemente acompañada de un mensaje “tranquilizador”, en el sentido de que la ley forestal protege al monte indígena y prohíbe su corte. El Grupo Guayubira* constata en esta nota que ese mensaje se contradice cada vez más con la realidad.
El punto de partida del problema es la propia ley forestal, que en su artículo 24 prohíbe “la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena”, pero inmediatamente agrega: “con excepción de los siguientes casos: A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece. B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse en cada caso”.
El inciso A se permite implícitamente la tala incontrolada del monte, dado que por un lado no se define el significado de “uso doméstico” y por otro porque no existen organismos que controlen que la madera se destine efectivamente al “uso doméstico y alambrado”. Lo único que en realidad establece ese inciso es que lo que se prohíbe no es la tala sino sólo la comercialización de la madera. Es decir: se puede cortar pero no sacar del establecimiento y por ende vender.
Pero el problema principal radica en el inciso B, que permite la tala legal y la comercialización de esa madera, lo que trae aparejadas dos consecuencias negativas. En primer lugar, ello implica la circulación de camiones acarreando madera legalmente extraída del monte, que sirven para disimular un número importante de otros vehículos que transportan madera cortada ilegalmente. En segundo lugar, permite la sustitución de montes por plantaciones forestales y éste es el tema central que motiva esta nota.
Durante los últimos meses, el Grupo Guayubira ha estado recibiendo un número creciente de denuncias escritas y telefónicas desde los departamentos de Maldonado y Rocha, según las cuales algunas empresas forestales están destruyendo montes bajo el pretexto de “limpiar” los campos a ser forestados.
Una persona que habita en Rocha advierte: “Aquí es realmente alarmante la frecuencia con que se ven circular por las rutas camiones cargados con leña de bosque nativo. Tengo referencias de que en la zona de Castillos se están deforestando áreas de bosques nativos. De la misma forma, para la zona de los Cerrillos, cercana a la ciudad de Rocha, existen referencias de tala para posterior forestación con eucaliptos por parte de un empresario chileno, abarcando campos de los departamentos de Rocha y Maldonado.
Estos comentarios se los envío pues me preocupa realmente lo que observo y se siente una gran impotencia, pues está todo bastante tapado y es difícil llegar a la información de primera mano para tener la objetividad necesaria y las pruebas de un ilícito en el caso de que ello lo amerite.
Estimo que la ley forestal está generando un daño ambiental muy importante y de doble sentido, por un lado, por los estímulos a la forestación indiscriminada, increíblemente liberada de toda evaluación de impacto ambiental y por otro por permitir la tala de bosque nativo bajo supuestos manejos. Evidentemente la tala ‘manejada’ del bosque nativo no es supervisada y por tanto creo que debería prohibirse totalmente como medida preventiva y cautelar, hasta tanto el Estado tenga otra capacidad técnica-inspectiva. Me parece importante que la sociedad (cada uno de nosotros desde su sitio) presione para alcanzar una modificación de la ley lo antes posible”.
Camiones cargados con leña de monte. Se aprecia que la mayoría es coronilla.
Paisaje típico de la zona. Se aprecia área preparada para forestar.
La destrucción final
Otra denuncia, proveniente de Maldonado, menciona que en el paraje de Valdivia, sobre la ruta 109, cerca de Aiguá, “una empresa chilena está haciendo desaparecer el monte nativo existente para plantar eucaliptos. Se está cortando el monte, se tira gran cantidad de veneno y con bulldozers se retiran los restos que se acumulan en un barranco, adonde van a parar también los animales muertos”. El Grupo Guayubira se entrevistó al respecto con Juan Pablo Nebel, de la Dirección Forestal, quien sostuvo que las actividades que la empresa estaba llevando a cabo se ajustaban a las disposiciones legales y que de los controles efectuados surgía que se llevaban a cabo de acuerdo con los planes de manejo oportunamente aprobados por la dirección.
De la reunión con Nebel surgió un tema sobre el que vale la pena meditar: que en la inspección de los trabajos de limpieza del terreno que hizo la Dirección Forestal el 5 de mayo de 2000 se comprobó que “sólo se cortaban especies aisladas y se dejaban las islas de árboles”. Para el Grupo Guayubira, ese corte autorizado de árboles aislados debe ser considerado como deforestación. Cualquier persona que conozca esa zona sabe que gran parte de su paisaje está compuesta por una pradera salpicada de árboles. Pero también saben los más viejos que ese paisaje no siempre fue así, sino que, como lo estableció Osvaldo del Puerto (en su trabajo La extensión de las comunidades arbóreas primitivas en el Uruguay, de 1987), esas praderas arboladas son en realidad los remanentes de un monte anteriormente cerrado que cubría gran parte del este del país. Esas “especies aisladas” (muchas de ellas coronillas centenarios) son las pocas que lograron sobrevivir a la destrucción resultante de la tala y ganadería combinadas. Al autorizar su corta, la Dirección Forestal permite la desaparición definitiva de esos heroicos remanentes del monte original. Y eso se puede y debe definir como deforestación.
Un panorama tétrico
Y las denuncias siguen: “Aquí en Rocha -dice otra- los chilenos siguen trabajando. En la ruta 109 (Aiguá-Rocha) hay un proyecto que llega a la propia ruta, a la altura de lo que sería el límite de los departamentos de Rocha y Maldonado. Hace un mes aproximadamente viajé desde Minas a Rocha y tomé desde Aiguá por la ruta 109 (…): nos están destruyendo lenta pero seguramente ese patrimonio natural y cultural de todos los uruguayos, con el apoyo de nuestro Estado y ¡sin que casi nadie se entere! Justo donde se ubica el campo que está siendo forestado había un retén de control de aftosa; gran parte del campo se veía arada, varios tractores y gente quemando la pradera que antes había sido envenenada, dos camiones cargados con leña de monte. ¡Un panorama tétrico! Le pregunté a un paisano que estaba en el retén de la aftosa: ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y me contestó: ‘¡Qué vamos a estar, si hasta los alambrados nos queman y nos cortan los coronillas!’. No sé si se puede hacer algo, pues el señor encargado del campo dijo hace poco en un seminario que ellos cortan bosque nativo con el permiso de la Dirección Forestal y obviamente amparados en la ley, y desgraciadamente tiene razón”.
El 31 de julio, a su vez, otra persona informó acerca de un nuevo predio donde se está talando monte indígena, ubicado en el quilómetro 59,5 de la ruta 39.
Denuncias de representantes
El Grupo Guayubira pudo enterarse de que el tema de la corta de monte indígena ya había sido objeto de denuncias el año pasado ante las autoridades competentes por parte de individuos de una organización ambientalista local e incluso del diputado por Maldonado Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista).
El legislador dijo al Grupo Guayubira que varios pedidos de informes al respecto presentados en el Parlamento no dieron el resultado esperado, ni en tiempo ni en forma. Sostuvo que durante todo el año pasado el comercio de leña de monte fue tan grande en Maldonado que motivó una baja en el precio por una oferta excesiva de madera. La detención de algunos camiones motivada por denuncias del público no resultó en ningún tipo de acciones legales.
El tema de la tala de monte indígena fue incluso planteado en la Junta Departamental de Maldonado el 13 de octubre de 2000 por la edila Mary Araújo, quien hizo graves denuncias sobre la destrucción de monte indígena por parte de una empresa forestal chilena en las Sierras de Garzón, 15 quilómetros al norte del pueblo Garzón, en el paraje conocido como “Los Mora”. Según vecinos de la zona, el campo en cuestión contenía uno de los montes indígenas mejor conservados en calidad y cantidad, estimado en unas cuatrocientas hectáreas. Araújo planteó en la Junta que “aproximadamente desde junio (de 2000), es brutal la cantidad de madera autóctona que está saliendo de esos campos”, coincidiendo con el inicio de operaciones por parte de la empresa chilena que adquirió el campo para destinarlo a la forestación.
En las actas de la reunión de la Junta consta que tras “meses de deforestación, el 3 de setiembre un preocupado y conocedor del tema se ocupó de calcular la leña apilada nada más que en dos lugares visibles desde la vía pública”: más de 2.000 toneladas. “Con otros vecinos y algún técnico vieron, además, maquinaria de la Intendencia Municipal de Maldonado muy moderna (dos o tres palas y una retro) y preguntaron a unos peones por la impecable caminería existente dentro del campo y se les dijo que la caminería se realizaba a cambio de leña (…). A su vez, en estos días, un jerarca policial, guardia rural, cumpliendo honestamente su deber y su función pública, detiene tres camiones cargados de leña indígena y los deja presos por no llevar la guía correspondiente (…). Pero resultó que los tres camiones también pertenecen a la Intendencia Municipal de Maldonado y se tomó sus números de patentes. Después de tenerlos detenidos en San Carlos varias horas, los tuvo que liberar por orden de la Intendencia Municipal de Maldonado, estableciéndose así otra irregularidad que nos preocupa: a quién responde la Policía ¿a la Intendencia Municipal de Maldonado o al Ministerio del Interior?”
Un llamado a la acción
En definitiva, del conjunto de denuncias queda claro que en algunas zonas del este se está deforestando, tanto legal como ilegalmente. También, que detrás de gran parte de esa deforestación están algunas empresas forestales, en particular las de origen chileno.
En ese contexto, el Grupo Guayubira hace un llamamiento a las autoridades competentes (tanto municipales como nacionales) y al público en general a proteger del avance del llamado “desarrollo forestal” a este patrimonio nacional en peligro que es el monte indígena. Esta postura no es antagónica con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales, sino que, por el contrario, apunta a un uso más racional de los recursos disponibles. El monte indígena es parte esencial del paisaje serrano del este, recurso turístico de primer orden. Al mismo tiempo que las plantaciones forestales destruyen remanentes del mismo, también eliminan el paisaje y la fauna nativa, base del incipiente turismo ecológico en la región. Al revés de lo que ocurre con la forestación, la opción turística se combina perfectamente con las actividades agropecuarias tradicionales, por lo que no sustituye sino que agrega oportunidades de desarrollo. Es por tanto imperioso no sólo impedir la destrucción de los montes, sino también modificar la legislación forestal vigente, que autoriza y promueve la sustitución del paisaje serrano por la monotonía de interminables hileras de eucaliptos.
Una matemática de empleos que falla
En su publicidad, la Dirección Forestal afirma que por cada 30 hectáreas forestadas se genera un empleo. Sin embargo, la matemática no parece estar de acuerdo. En efecto, la mayor empresa forestal en el país (la estadounidense Weyerhaeuser), propietaria de 128.000 hectáreas en Rivera, Tacuarembó y Paysandú, no cumple ni de cerca con esas cifras de generación de empleo. Según dijo al diario El País el martes 14 el vicepresidente Stephen Hee (a la vez presidente de las subsidiarias uruguayas Colonvade y Los Piques), la empresa contará a fines de 2001 con 53.000 hectáreas forestadas (Colonvade), a las que se suman las 18.000 hectáreas forestadas de Los Piques. Total: 71.000 hectáreas. Si la publicidad de la Dirección Forestal fuera cierta, la empresa debería tener una plantilla de 2.366 trabajadores en su “área forestada”, en tanto que las 57.000 hectáreas restantes serían “improductivas” en materia de generación de puestos de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con Lee, “hoy en día unas 600 personas están vinculadas a las actividades de las dos empresas (Colonvade y Los Piques). Un total de 130 personas trabajan directamente para la compañía”. Es decir, que en sus 71.000 hectáreas forestadas se genera un puesto de trabajo estable cada 546 hectáreas, en tanto que una persona se “vincula a la empresa” cada 151 hectáreas forestadas. En el resto, nada. ¿En qué se diferencia esto de la ganadería extensiva?
Grupo Guayubira
* El Grupo Guayubira, grupo ambientalista sobre montes y forestación, fue creado en mayo de 1997. Nuclea a personas y organizaciones preocupadas por la conservación del monte indígena y por los impactos socioeconómicos y ambientales del actual modelo de desarrollo forestal impulsado desde el gobierno.
Su objetivo fundamental es constituir un espacio de intercambio de información, para fomentar la investigación sobre monte indígena y plantaciones forestales, que ayude a generar conciencia sobre el tema, y a organizar y movilizar al más amplio espectro posible de actores sociales en favor de los objetivos previstos.
Su nombre es tomado de una especie arbórea indígena.
