El miércoles pasado el Parlamento dio su aprobación a un proyecto de ley sobre tercerizaciones que fuera anunciado a integrantes del Grupo Guayubira por el Ministro Bonomi y la Inspectora General de Trabajo, Sra. María Narducci, en reunión mantenida en mayo del año pasado. Tal como indicara el Ministro en esa oportunidad la intención de este proyecto –en lo que hace al área de la explotación forestal– es que las empresas forestales se hagan responsables de todas las obligaciones y tributos de los trabajadores, ya sea que dependan directamente de las empresas o que sean contratados, como así también generar condiciones para que a las empresas les resulte menos oneroso tener al personal en su propia planilla que hacerlo a través de subcontratistas.
El Grupo Guayubira reitera lo que en aquella oportunidad le hizo saber a los representantes de gobierno, que reconoce la importancia de dicho proyecto y se compromete a apoyarlo. Si bien el grupo no apoya este modelo forestal –que se ha implantado en Uruguay a través de los subsidios del pueblo uruguayo y muy especialmente con el sacrificio de las y los trabajadores– está dispuesto a colaborar en todo lo que esté a su alcance para mejorar la situación de los trabajadores forestales, para erradicar la informalidad, inseguridad, salarios de hambre, malas condiciones de alojamiento y el trabajo semiesclavo.
En una investigación realizada en Uruguay sobre certificación de plantaciones, presentada a delegados de gobierno durante el año 2006 y que es de acceso público(*), se constatan graves irregularidades en la calidad y la cantidad de empleo ofrecido por las empresas forestales y los supuestos beneficios sociales aportados a trabajadores y poblaciones en las áreas forestadas.
Integrantes de Guayubira, han hecho saber tanto al Ministerio de Trabajo como a otras entidades, situaciones irregulares identificadas en los departamentos de Soriano y Rivera, que provenían generalmente del hecho de que los trabajadores no dependían directamente de las empresas forestales, sino de subcontratistas.
Guayubira continúa recibiendo testimonios sobre situaciones irregulares que se están dando en estos momentos, por ejemplo, en el departamento de Durazno donde recientemente la empresa sueco-finlandesa Stora Enso ha adquirido campos para forestar. Según cuenta la gente del lugar, además de eliminar todo vestigio de actividades agropecuarias existentes a través de lo que la gente denomina “desarmadores de estancia”, el trabajador que necesite dedicarse a plantar árboles deberá aceptar entre otras cosas aplicar venenos sin preguntar que producto está aplicando, no cobrar más de $15 por la bandeja de 140 plantines, o sea no cobrar más de $ 90 por 8 horas de trabajo y hasta la aplicación de esta nueva ley recientemente aprobada, que la empresa no se responsabilizara de su situación laboral.
Guayubira ve con satisfacción este paso hacia la concreción de una de las propuestas en relación al tema forestal que desde el año 2003 viene promoviendo, “que las empresas propietarias de las plantaciones contraten directamente a los trabajadores y que se hagan enteramente responsables del cumplimiento de la legislación laboral”. En este sentido apoya las intenciones del Ministro de Trabajo de que a las empresas les sea menos oneroso tener al personal en su propia plantilla que tercerizar. La tercerización en la forestación ha implicado a su vez la presencia de numerosos subcontratistas que han dificultado la sindicalización por lo que el Grupo Guayubira continuará promoviendo la sindicalización como forma de asegurar que se cumplan los derechos de los trabajadores.
Ahora más que nunca habrá que solucionar las carencias presupuestales del Ministerio de Trabajo para que los Inspectores puedan a su vez hacer cumplir debidamente esta muy buena ley aprobada.
(*) Maquillaje Verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay disponible en: http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.html
