Por Ricardo Carrere
El búmerang es un maravilloso invento de los aborígenes de Australia, que permite a quien lo lanza recuperarlo si erra al blanco al que lo dirigió. Pero las palabras pueden también ser un búmerang, que golpea a quienes las profirieron sin el necesario cuidado. Tal parece haber sido el caso de varios connotados gobernantes uruguayos en sus reacciones ante las movilizaciones de los ciudadanos y autoridades de Entre Ríos contra la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos.
En efecto, en sus desesperados intentos por apoyar a los inversionistas españoles y finlandeses que pretenden instalar plantas de celulosa sobre el río Uruguay, las autoridades uruguayas recurrieron a todos los argumentos posibles cuando en octubre de 2003 los entrerrianos cruzaron el puente para presentar una protesta formal al intendente de Río Negro.
Fue así que el canciller Didier Opertti sostuvo que “La obra no es binacional, sino del país, por lo que sólo debe ajustarse a la normativa local y a la soberanía de este país”. Antonio Mercader también salió al cruce diciendo que “Hacía tiempo que Uruguay no soportaba una embestida argentina tan furiosa como la de estos días”. Prácticamente se llamaba a la defensa de la soberanía de la Patria contra la “embestida” foránea.
Sin embargo, dado que ese argumento no era en realidad convincente (porque nadie puede dudar que las aguas del río Uruguay son compartidas con Argentina), apelaron a una batería de otros argumentos, entre los que cabe mencionar:
1) Que se trataba de una maniobra para que las empresas de celulosa se instalaran en territorio argentino.
2) Que los argentinos criticaban plantas de celulosa en nuestro territorio pero que mejor harían en hacer algo con respecto a las que tienen sobre el río Paraná antes de meterse con nosotros.
El primer argumento no se basa en ningún hecho concreto y parece más un manotón de ahogado que otra cosa. En efecto, ni los españoles, ni los finlandeses, ni nadie, han hecho ofertas para instalarse en Argentina. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el intendente de Río Negro, Francisco Centurión denunciara que Argentina se oponía a la construcción de una planta española de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay, porque “quiere que la empresa se instale en su territorio”.
El segundo argumento parece sin embargo ser más serio, ya que, efectivamente, existen plantas de celulosa contaminantes sobre el río Paraná. Valía la pena entonces analizar el tema y fue lo que hicimos. Lo que descubrimos fue más que interesante.
Lo primero que confirmamos fue que ¡Uruguay tiene una transnacional! En efecto, la firma Celulosa Argentina es propiedad de FANAPEL Investment Corporation, que si bien tiene un nombre en inglés, en realidad se trata nada más ni nada menos que de “nuestra” Fábrica Nacional de Papel, con una larga tradición de contaminación en el pueblo que vio nacer a José Carvajal “el Sabalero”: Juan Lacaze. FANAPEL es propietaria de la planta de celulosa de Capitán Bermúdez, localidad ubicada al norte de la ciudad de Rosario sobre el río Paraná. No creemos que nuestros gobernantes blancos y colorados (que siempre han estado muy vinculados a los Zerbino de FANAPEL, al punto de que sus propietarios han sido ministros en distintos gobiernos) le estén pidiendo a las ONGs y gobiernos locales argentinos que se movilicen en su contra. Aquí empieza el efecto búmerang y no creemos que los directivos de FANAPEL estén muy contentos con este “escrache” involuntario.
Pero lo segundo que encontramos fue aún más interesante. Una de las plantas contaminantes sobre el río Paraná produce celulosa con el “limpio” proceso de blanqueo ECF, que es precisamente el proceso que quieren utilizar las dos empresas que planean desembarcar en nuestro territorio: la finlandesa Botnia y la española ENCE. La propietaria de esa planta (Alto Paraná) es la chilena Celulosa Arauco y Constitución, que en febrero de este año inauguró una planta de celulosa en Valdivia (Chile), también con el famoso y “limpio” proceso ECF. Desde entonces ya ha sido multada dos veces y clausurada una vez por la emisión de malos olores que afectaron a la ciudad de Valdivia, ubicada ¡a 54 kms de distancia!
Para agravar aún más el doloroso efecto búmerang, la información proporcionada por la propia empresa dice que la tecnología utilizada en Valdivia fue adquirida a la empresa finlandesa Metso Paper, que en su página web afirma que “la tecnología elegida ha sido especialmente diseñada para producir un producto final de alta calidad con impacto ambiental mínimo”. Bueno, si a olores que llegan a 54 kms de distancia le llaman un impacto mínimo, más vale no saber lo que sería un impacto máximo.
En definitiva, flaco favor le han hecho con sus declaraciones nuestros gobernantes a los inversores celulósicos, tanto nativos como extranjeros. Como joya final, no es posible dejar de mencionar la respuesta del Presidente Batlle al ser preguntado por una periodista -durante su visita a la planta de ENCE en España- acerca de los problemas medioambientales que podría acarrear la instalación de una planta de celulosa a orillas del río Uruguay: “Huela usted”, contestó el Presidente Batlle “¿no huele a marisquería?”. Ni el Rey podría haber sido más realista. Aunque quizá el olfato del Presidente esté –como en tantos otros temas- confundido y ya no sea capaz de distinguir entre el olor a mariscos y el olor a huevo podrido.
Por Ricardo Carrere, junio de 2004
