En la tarde del viernes 12, integrantes del grupo Guayubira se reunieron con Guillermo Madariaga, Claudia Cabal y Sonia Acevedo, de la consultora japonesa Pacific Consultants International. La empresa ha sido contratada por el Banco Mundial para realizar el estudio de los impactos acumulados resultantes de la instalación de dos fábricas de celulosa sobre el río Uruguay, a escasa distancia una de otra.
El otorgamiento de los préstamos solicitados por Botnia y Ence (que en total ascenderían a 200 millones de dólares cada uno) dependerá en última instancia de los resultados que arroje este estudio, que considerará no solamente los aspectos ambientales sino también los sociales y económicos. De acuerdo con Madariaga, “las exigencias ambientales del Banco son mucho más grandes que las de los gobiernos locales y por esto pide este estudio”.
Por su parte, los integrantes de Guayubira expresaron algunas de las diversas preocupaciones que los llevan a oponerse a la instalación de las fábricas de celulosa.
Con respecto al empleo, Ricardo Carrere destacó que es fundamental que se realice una evaluación sobre el impacto acumulado de las fábricas sobre el empleo, a partir de cifras serias, tanto acerca de los puestos de trabajo que se generarían como sobre los que se perderían (en particular en los sectores de turismo, pesca y apicultura) si las plantas se instalaran. Ese estudio también debería incluir las pérdidas de empleos por sustitución de la agricultura y la ganadería por la forestación, que genera menos puestos de trabajo que cualquier otra actividad agropecuaria. Además, se deberían sumar los impactos negativos sobre el empleo del lado argentino, donde las fábricas implicarían la pérdida de miles de puestos de trabajo sobre todo vinculados al turismo.
Con respecto a lo anterior, el consultor Madariaga dijo: “Nosotros estamos haciendo la evaluación de impactos acumulados solo del lado Uruguayo, ya que no he recibido ninguna orden del Banco de estudiar el lado argentino”.
María Selva Ortiz, por su parte, explicó a los consultores los alcances de la reciente Reforma Constitucional que fue aprobada por el 65% de la población en relación a la gestión del agua, que deberá estar basada en: el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza, la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del recurso. Además, la reforma estableció prioridades para el uso del agua, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Señaló la incompatibilidad de nuestra nueva constitución con la aprobación de la instalación de las dos plantas de celulosa y el traslado de la toma de agua de OSE, en el marco de las prioridades para el uso del agua. También comentó la importancia de la votación a la Reforma Constitucional en Río Negro, que fue el departamento con el porcentaje más alto de adhesión a nivel nacional, llegando a un 75%, demostrando la preocupación que tiene la población de ese departamento en relación al cuidado del recurso.
Delia Villalba, integrante además del grupo fraybentino MOVITDES, destacó la situación que se está viviendo ya en Fray Bentos, donde las primeras actividades de Botnia parecen estar asignando más puestos de trabajo a obreros de otras partes del país o a extranjeros (brasileños, chilenos, argentinos) que a los propios fraybentinos. Denunció además que muchos de esos trabajadores están viviendo hacinados (hasta 30 en un mismo lugar y con un solo baño) por falta de viviendas adecuadas al alcance de sus ingresos.
Por su parte, el Dr. Oscar Galli, que vivió en la ciudad española de Pontevedra, donde hay una controvertida fábrica de celulosa de la empresa Ence, expuso su propia experiencia acerca de los impactos que esa fábrica implicó sobre la gente y los recursos pesqueros de la zona. Destacó además el hecho de que en Fray Bentos ya se han comenzado algunas obras aún antes de haberse realizado las evaluaciones pertinentes, como por ejemplo sobre la producción de dióxido de cloro, el riesgo de accidentes, el transporte de productos químicos peligrosos, entre otros. Esos también serían impactos acumulados, que todavía no se han tenido en cuenta y que podrían ser muy graves.
Julio Castillo, integrante también de la Intersocial de Salinas, señaló que hay numerosas organizaciones sociales que se oponen a la instalación de las fábricas de celulosa. Citó grupos de la Facultad de Química, egresados de la Facultad de Ciencias, del Hospital de Clínicas, de distintos barrios de Montevideo como el Cerro y la Unión, de balnearios y ciudades del interior, como Canelones, Nueva Helvecia y Nueva Palmira, y de organizaciones de base de grupos políticos que integran el gobierno. Explicó que una encuesta reciente divulgó que solo el 39% de la población apoya la instalación de las fábricas, mientras que el 51% se opone, cifra que aumenta al 61% entre quienes votaron al gobierno actual.
Luego de haber tomado nota de otra serie de temas planteados por los integrantes de Guayubira, Madariaga aseguró que “mientras no se termine este estudio no puede haber aprobación de los préstamos por parte del Banco. Esto es parte de un proceso y falta mucho”. Agregó que “si este préstamo sale -si sale- le falta por lo menos un año”.
