La Quebrada de los Cuervos -ubicada en las serranías del departamento de Treinta y Tres- fue la primera zona en ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Uruguay (año 2008) por su riqueza paisajística, representatividad de ecosistemas autóctonos y diversidad de especies. Conformada por pastizales, bosque de quebrada, bosque de galería y arroyos, actúa como corredor biológico para distintas especies de flora y fauna.
Su clasificación como “Paisaje Protegido” permite que los vecinos que residen en campos ubicados dentro del área y en los alrededores puedan permanecer allí realizando sus actividades productivas tradicionales. En el Plan de Manejo elaborado para el área protegida se expresó la necesidad de una zona de amortiguación entre el área protegida y el resto del área rural, definiéndose una delimitación –que abarca las sierras de los arroyos Yerbal Grande y Yerbal Chico y la sub-cuenca del Arroyo Yerbalito— que fue aceptada por los vecinos. Sin embargo hasta ahora (años después) las autoridades no han llegado a confirmarla oficialmente.
Entre las actividades que están prohibidas dentro del área protegida, por entender que ponen en riesgo la zona, se mencionan la forestación y la minería, que por lógica deberían estar también prohibidas en la zona de amortiguación. En los últimos años empresas forestales como la norteamericana Weyerhaeuser (Colonvade), la británica Pradera Roja (Phaunos Timber Fund, fondo de inversión) y la norteamericana Forestal El Arriero (Global Forests Partners, fondo de pensiones) han establecido dentro de la zona de amortiguación monocultivos de pinos y eucaliptos –especies exóticas invasoras en esa región del país- con el riesgo que eso implica para la Quebrada de los Cuervos.
Fondos de inversión en forestación. En los últimos años ha cobrado relevancia la presencia en nuestro medio rural de fondos de inversión o fondos de pensiones de países del norte que compran tierras tanto en Uruguay como en otros países del Sur para convertirlas en monocultivos de eucaliptos, que resultan ser muy rentables para los inversores pero que generan serios impactos sociales y ambientales a nivel local. Por ejemplo Phaunos Timber Fund acaba de vender a un inversor privado 690 hectáreas forestadas con eucaliptos en la localidad de Cerro Chato por US$ 2.900.000, siendo que la empresa había pagado por esas tierras US$ 1.300.000 en el año 2009.
En el año 2009 esta empresa fue denunciada por los vecinos de la Quebrada por llevar adelante un proyecto forestal sin informar al Ministerio de Medio Ambiente su ubicación junto al área protegida, sin respetar los criterios básicos para prevenir la erosión del suelo, aplicando además grandes cantidades de agrotóxicos que provocaron la muerte de fauna nativa. Como resultado de la denuncia la empresa fue temporalmente suspendida y varios meses después fue multada por una suma irrisoria que nunca se supo si efectivamente pagó.
El caso de Forestal El Arriero S.A. Por el mismo camino transitó la empresa Forestal El Arriero S.A., que pertenece a la estadounidense Global Forests Partners, empresa administradora de inversiones forestales con fondos de pensiones. Al día de hoy posee en Uruguay 26.000 ha. de tierra, de las cuales 16.000 están forestadas y son administradas por la chilena Cambium Forestal Uruguay S.A.
Forestal el Arriero estableció en el año 2009 una plantación de pinos en el establecimiento “Obdulio” – ubicado dentro de la zona de amortiguación de la Quebrada de los Cuervos – sin autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente. Recién cuando los árboles tenían más de 1 metro de altura y ya había concluido la fase de aplicación de agrotóxicos, solicitaron el permiso correspondiente.
Una vez más, gracias a las denuncias y testimonios presentados por los vecinos en abril de 2011, se pudo demostrar que dicha plantación había sido realizada ilegalmente. La empresa violó la normativa de nuestro país y los técnicos que realizaron el estudio de impacto ambiental con los árboles ya plantados son responsables de falsificar la información que hicieron llegar al Ministerio. Si bien la resolución del Ministerio fue suspender toda actividad de la empresa forestal, haciéndola “pasible” de ser multada, le permite continuar con el trámite de obtención de la autorización ambiental.
Una audiencia pública muy particular. A pesar de las circunstancias recién descritas, el Ministerio de Medio Ambiente (DINAMA) llamó a una audiencia pública en el mes de setiembre de 2012 para “presentar” el proyecto forestal en el Obdulio –que ya lleva tres años de implementado– a la sociedad civil. La convocatoria se hizo con muy poca antelación y se fijó casualmente a la hora en que se transmitiría un importante partido de la selección uruguaya de fútbol (detalle muy relevante para la cultura uruguaya). Pero eso no impidió que vecinos, productores y representantes de organizaciones sociales se hicieran presentes en la misma.
Es de destacar la indignación de las personas presentes en la audiencia cuando los representantes de la empresa comenzaron a describir en lenguaje técnico el proyecto forestal “a implementarse”, haciendo como si la forestación no existiera. De inmediato se exigió al Ministerio de Medio Ambiente que NO otorgara el permiso ambiental al proyecto, se reiteraron las denuncias realizadas a inicios de 2011 sobre la plantación y fumigación ilegal y se dieron argumentos para solicitar que la empresa elimine todos los árboles plantados e incorpore el establecimiento Obdulio al proyecto de recuperación de pradera nativa que impulsan los vecinos de la Sociedad de Fomento Quebrada de los Cuervos.
Durante la audiencia quedó muy claro que la plantación en el establecimiento Obdulio no tiene el aval social. Por su parte la empresa manifestó su respeto por los “bosques” (monocultivos de pinos) y por la “biodiversidad”, tratando de justificar lo injustificable. Pero manejó argumentos débiles y engañosos para responder a las consultas que le llegaban desde el público.
Además de ilegal…¿certificada? Según expresó un representante de la empresa, en mayo de 2009, Forestal El Arriero S.A. recibió la certificación de manejo forestal sustentable por parte del Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), organismo internacional que cada vez pierde más credibilidad al certificar que estos monocultivos a gran escala de árboles son “ambientalmente adecuados, socialmente beneficiosos y económicamente viables”. De estas tres afirmaciones no hay duda que la única que se puede comprobar es la de “económicamente viables”…¡para la empresa inversora!
Es curioso que la empresa obtuviera la certificación tres años antes de la audiencia pública en la que presenta su proyecto a la comunidad local. Ante la consulta del público sobre a qué comunidades se había consultado durante el proceso de certificación, la respuesta de la empresa fue “no lo recuerdo- algo difícil de creer en una localidad pequeña del departamento de Treinta y Tres, cuando las principales organizaciones de la zona estaban presentes en la audiencia y expresaron no haber sido consultadas.
Voces locales. Benedicte, una de las fundadoras de la Sociedad de Fomento Rural Quebrada de los Cuervos, afirma que “los vecinos del lugar nos sentimos perjudicados por esta plantación hecha con pinos, una especie considerada invasora; por el envenenamiento del agua del arroyo Yerbal Chico y la muerte de fauna nativa, por la fumigación con herbicidas; y sobre todo por la destrucción total de la pradera nativa. La Sociedad de Fomento reivindica para la población local el derecho a la tierra y el derecho a mantener y desarrollar sus prácticas tradicionales de ganadería en pradera natural. Rechazamos los monocultivos a gran escala, el uso de agrotóxicos y la minería porque afectan a nuestra cultura y a nuestra forma de vida”.
Carlos, vecino que vive hace 23 años en la zona, afirma que el tema les preocupa mucho “por un lado se define un área núcleo que es el área protegida en sí misma y un área adyacente o de amortiguación para la protección de la Quebrada, allí es donde se está forestando con pinos y hay proyectos de extracción de caliza, ¡hay algo que no funciona bien! Por esa razón estamos aquí [audiencia] para manifestar nuestro descontento y para conocer cómo si en abril de 2011 denunciamos que la empresa había plantado y fumigado los campos en forma ilegal, sin permiso del Ministerio de Medio Ambiente (DINAMA) y sin evaluación de impacto ambiental, ahora están aquí frente a nosotros presentándonos el proyecto como si fuera algo nuevo.”
Ana María, vecina de la zona e integrante de AMRU (Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay) nos cuenta que “el primer impacto que nos preocupa es la afectación del agua, sobre todo su contaminación por la aplicación de agrotóxicos que afecta también a la flora y fauna propias del lugar. Luego de las aplicaciones siempre se encuentran animales muertos. Allí hay vida que muere o migra, hay especies que van desapareciendo, en el futuro vamos a tener un gran desierto verde aquí y en el resto del Uruguay donde se concentran los plantaciones de árboles. Somos un país muy pequeño, no podemos tener tanta extensión de territorio bajo un monocultivo. Hay que poner un freno, decir ¡hasta acá llegamos!”
Responsabilidad de las autoridades. Otra interrogante sin respuesta fue la aprobación otorgada al proyecto forestal el Obdulio por la Dirección General Forestal, a pesar de que en el año 2006 realizó un informe sobre la invasión de especies exóticas en la Quebrada de los Cuervos. En el mismo, profesionales de la Dirección General Forestal, identificaron “una notoria proliferación de especies arbóreas exóticas” refiriéndose a pinos, eucaliptos y acacias, agregando que “tal situación configura una contaminación biológica que no debe descuidarse habida cuenta que se trata de especies de rápido crecimiento y capaces de competir eficazmente con la vegetación local”.
El rol del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se ha desdibujado, la demora en la aprobación de la versión final del Plan de Manejo indirectamente promueve la instalación de proyectos forestales y mineros en la zona.
Es urgente concretar las medidas propuestas en el Plan de Manejo, algunas de ellas: oficializar los límites propuestos para la zona de amortiguación; eliminar la “prioridad forestal” de los suelos dentro de la zona de amortiguación; aplicar medidas cautelares mientras no se implemente la Ley de Ordenamiento Territorial de la región; y la restricción de proyectos productivos como forestación, minería y construcciones industriales cuenca arriba del área protegida.
El “freno” está en manos del SNAP, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección Forestal y de la Municipalidad de Treinta y Tres. ¿Podrán estas autoridades decir “hasta acá llegamos” y jugarse por lo que verdaderamente a corto y largo plazo beneficiará a los pobladores locales y al país?
Grupo Guayubira – setiembre de 2012.
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