El movimiento social iniciado unos tres años atrás en Uruguay para enfrentar unos proyectos de minería metalífera a cielo abierto sin precedentes en el país está ganando posiciones en el marco institucional. Varios gobiernos locales están considerando o han aprobado normas que prohíben esa actividad en su territorio y está tomando forma la posibilidad de un plebiscito nacional.
Un negocio de ocasión
El Uruguay forma parte de la Pampa Húmeda, un ecosistema privilegiado en el planeta de suelos fértiles y abundantes recursos hídricos superficiales y subterráneos que sustentan los pastizales y tierras donde se desarrollan la agricultura y la ganadería que han sido la base de la economía nacional, impulsando el comercio, la industria y las exportaciones del país.
En las últimas décadas, este ecosistema se ha visto cada vez más amenazado por la explotación en gran escala de monocultivos destinados al mercado internacional que requieren el uso masivo y creciente de plaguicidas y fertilizantes químicos y provocan la degradación de grandes áreas del territorio, el aumento de la erosión y la contaminación de los cursos de agua.
Una coyuntura especulativa internacional multiplicó los precios de los metales y creó la posibilidad de un gran negocio para empresas que buscan extraer esos minerales para venderlos fuera del país. Este es el origen de la aparición de proyectos de explotación, bajo la forma de minería a cielo abierto, de los yacimientos metalíferos del país, sobre todo de hierro y oro.
Sucesivos estudios geológicos del país han verificado que Uruguay no es rico en minerales, sus reservas son pequeñas y de baja concentración, agotables en pocos años de extracción. En este marco, la devastación propia de esa minería resultaría en serios impactos sobre una vasta área productiva ocupada por una población que sería desplazada de manera definitiva.
Resistencia creciente
En el departamento de Treinta y Tres, el 17 de mayo, en una reunión de vecinos y autoridades sin precedentes fue entregado al Intendente y a representantes del departamento en el Parlamento un petitorio respaldado por 4.582 firmas proponiendo el rechazo a la instalación de proyectos de minería metalífera a cielo abierto de gran porte en la zona rural de aquel municipio.
Un mes después, el 27 de junio, la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua entregó a la Junta Departamental más de 13.000 firmas de ciudadanos de aquel municipio que solicitan que se prohíba la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Aquí se siguió el procedimiento de la iniciativa popular, previsto en la Constitución, de tal manera que, si la Junta no lo aprueba, se debe convocar a un plebiscito para decidir por sí o por no sobre la norma propuesta.
En el departamento de Lavalleja también se había iniciado una recolección de firmas y cuando se habían superado las 7.000 adhesiones, muy cerca del 15% del padrón electoral requerido para este procedimiento, la Junta Departamental aprobó por su propia iniciativa, el 16 de octubre, la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto en el municipio. La Intendenta Adriana Peña, que ya había adherido a la iniciativa popular, debe incorporar la norma votada a las directrices departamentales para cumplir con la ley nacional de ordenamiento territorial.
Paralelamente, otra iniciativa de alto impacto ambiental generó un proceso de movilización social semejante al que enfrenta la minería. En el litoral oeste del país, donde la empresa estatal de combustibles, ANCAP, había iniciado en 2009 perforaciones para evaluar la posible explotación de hidrocarburos no convencionales, la Junta Departamental de Paysandú decidió, el 21 de noviembre último, prohibir el uso de la tecnología de fractura hidráulica o ‘fracking’.
En Florida, Maldonado, Cerro Largo y Rivera también se están llevando a cabo acciones con el objetivo de prohibir la mega-minería en las zonas rurales de esos departamentos.
Batalla política y legal
Las 13.000 firmas entregadas a la Junta de Tacuarembó, para poner en marcha el procedimiento de la iniciativa popular, fueron enviadas para su verificación por la Corte Electoral. La autoridad electoral se pronunció recién el 24 de octubre pero, al mismo tiempo que certificó la validez de las firmas presentadas, emitió un fallo cuestionando la validez legal de la propuesta, alegando que una norma departamental no podía estar por encima de una ley nacional.
Sin embargo, en estos casos la relación entre el gobierno nacional y el departamental no es de subordinación sino de “competencia concurrente”. En un litigio similar, la justicia administrativa falló que “la relación entre actos legislativos (ley nacional y decreto departamental) no es de subordinación sino de distribución por materia” y “en las zonas de competencia concurrente las personas quedan sujetas simultáneamente a ambos órdenes de disposiciones jurídicas”.
“El ordenamiento del territorio en cuanto a la clasificación de los suelos, es una potestad del departamento y no del gobierno nacional como lo establece claramente la Ley de Ordenamiento Territorial”, dijo la Comisión en una declaración. Simultáneamente, se presentó un recurso contra el fallo de la Corte Electoral pero, sin esperar al resultado, varios concejales tomaron la propuesta de la Comisión y, el 28 de noviembre, fue aprobada por la Junta Departamental, declarándose a Tacuarembó departamento libre de minería metalífera, de diamantes y de ‘fracking’.
Si la oposición de los gobiernos municipales ya es un serio obstáculo institucional para los planes del gobierno nacional, la iniciativa de varias organizaciones sociales de promover un plebiscito nacional puede complicarlo aún más. El objetivo de la campaña lanzada en diciembre es aprobar una enmienda constitucional que, de ser exitosa, convertiría al Uruguay en un país, al igual que Costa Rica, libre de minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. En el sitio de la campaña http://uruguayciudadanossinmegamineria.org/ se puede encontrar más información sobre el plebiscito.
Grupo Guayubira, noviembre de 2013.
Para ampliar información recomendamos leer los artículos “Protección de las inversiones extranjeras. De República a Republiqueta” y “El derecho de acceso a la información pública. Reformas amenazan la transparencia”, escritos por Víctor L. Bacchetta para la Revista No te Olvides, Nº 17 – diciembre de 2013. Acceder en http://www.guayubira.org.uy/2013/11/proteccion-inversiones-extranjeras-y-derecho-acceso-informacion-publica/
