En 2017, la empresa finlandesa UPM firmó un contrato con el gobierno uruguayo para instalar una tercera mega-fábrica dedicada a la producción de celulosa. El proyecto está sujeto a exorbitantes condiciones impuestas por la multinacional.
Uruguay, con apenas 17 millones de hectáreas de superficie y una población de poco más de tres millones de habitantes, soporta en su territorio dos mega fábricas dedicadas a la producción de celulosa. Por un lado la empresa finlandesa UPM (ex-Botnia), con una producción anual de 1 millón 300 mil toneladas, ubicada sobre el Río Uruguay. Por otro, Montes del Plata, un consorcio entre la sueco-finlandesa Stora-Enso y la chilena Arauco, que produce 1 millón 400 mil toneladas anuales, ubicada sobre el Río de la Plata.
Actualmente se viene avanzando en la posible instalación de una tercera fábrica. En 2017, UPM firmó un contrato con el gobierno uruguayo para instalar su segunda planta en el país. La concreción del proyecto está sujeta a exorbitantes condiciones impuestas por la multinacional y aceptadas por el gobierno.
Esto no es nuevo. Para que la instalación de las dos primeras fábricas fuera viable, el gobierno uruguayo otorgó todos los beneficios que estas empresas exigieron (instalación en zona franca, exoneración de impuestos nacionales, entre otros), elaborando acuerdos de protección de inversiones a medida y firmando acuerdos “secretos” gobierno – empresas. Todo esto bajo total hermetismo, dando a conocer las implicancias de esos acuerdos para el país tan solo después de haberlos firmado.
La empresa impone, el gobierno dispone
En 2016 comenzaron a correr rumores sobre la llegada de una tercera mega fábrica de celulosa. Esta se instalaría en el centro del país, sobre otra de las principales fuentes de agua dulce del país, el río Negro, con una inversión de 4 mil millones de dólares. La futura fábrica estaría ubicada a unos 300 kilómetros de la capital del país, Montevideo. Y la historia se volvió a repetir. El gobierno actuó con total secretismo, dejando completamente por fuera a la sociedad civil e iniciando negociaciones con la finlandesa UPM para la instalación de su segunda mega fábrica (UPM2) en Uruguay. (1)
A finales de 2017 el gobierno firmó un contrato con la empresa por el cual UPM se aseguró las condiciones necesarias para realizar su inversión. Esta fábrica, tendría una capacidad anual de producción de hasta 2,4 millones de toneladas anuales de celulosa. A través de dicho contrato, el gobierno se comprometió a realizar obras de infraestructura vial y ferroviaria para conectar la fábrica de celulosa a la capital del país, así como para realizar obras en el puerto de Montevideo para uso exclusivo de la empresa. Con un monto superior a los mil millones de dólares, estas obras se han fijado como condición para que la empresa resuelva si se instala o no en el país. Solo después de que el gobierno avance considerablemente con las obras pautadas, la empresa confirmará si instala o no en el país la fábrica UPM2. (2)
Negociaciones secretas y falsas promesas
Nuevamente con la creencia de que la tercera planta de celulosa será la “salvación” para el país, el gobierno uruguayo cede a las presiones que UPM le impone. Cuando el contrato secreto se hizo público, salió a la luz cuán disparatada fue la negociación.
La empresa y el gobierno lanzaron falsas promesas para intentar “apaciguar” el escándalo de las exigencias de UPM. Y una vez más la historia se repite. Dichas promesas son las mismas que se hicieron con la llegada de las anteriores dos fábricas: miles y miles de empleos, aumento del PBI, desarrollo, desarrollo y más desarrollo.
En marzo de 2018 se dio a conocer el documento para la “Viabilidad Ambiental de Localización”, uno de los pasos previos a la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental. A través de dicho documento la ciudadanía pudo acceder a algún dato más sobre el emprendimiento. (3)
Inversión: de acuerdo a un artículo reciente del MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable), la inversión que la empresa promete hacer, si el gobierno de Uruguay cumple con su parte del acuerdo, en lugar de ser de 4 mil millones de dólares como lo anunciaron inicialmente, sería en el entorno de los 2.500 millones de dólares. Sin embargo, la inversión del gobierno uruguayo sería del entorno de los 1.850 millones de dólares, en vez de los mil millones mencionados inicialmente; (4)
Plantaciones: una de las principales denuncias de los grupos de la sociedad civil ante la instalación de fábricas de celulosa es la consecuente expansión de monocultivos de árboles. A pesar de los cientos de miles de hectáreas de monocultivos de eucaliptos que hay en el país, las fábricas siempre necesitarán de más plantaciones ubicadas a corta distancia de las mismas. A pesar de que el gobierno ha manifestado que no sería necesario incrementar el área de plantaciones, los documentos dados a conocer recientemente muestran que de concretarse este proyecto, se incrementarán en casi 90 mil las hectáreas con monocultivos de eucaliptos en la zona de impacto del proyecto;
Empleos: a corto plazo, las promesas de miles de empleos durante la etapa de construcción de UPM2 puede deslumbrar. Pero luego de los primeros 3 años, a partir de su puesta en funcionamiento, generará alrededor de 500 empleos en todo el complejo industrial, según datos de la empresa;
Ingresos para el país: al estar localizada en zona franca, la empresa no pagará ningún tipo de impuesto. El canon establecido por el uso de la zona franca es de 2,1 millones de dólares anuales, pero al compararlo con los más de 1.800 millones de dólares puestos por el gobierno uruguayo en infraestructura y otros subsidios, la cifra es irrisoria.
Agua: según UPM, la empresa va a contribuir con mejorar la calidad de las aguas del Río Negro. La realidad es que la fábrica tomará 125 millones de litros diarios de agua del río, devolviendo 106 millones y medio de litros de “efluentes tratados”, según afirma la empresa. ¡La demanda de agua de la fábrica equivale al de una ciudad de 960 mil habitantes! Las aguas del Río Negro ya están saturadas de algunas sustancias como fósforo y nitrógeno. Por más que la empresa asegure que sus efluentes contendrán niveles de éstos y otros elementos por debajo de los estándares permitidos, igualmente estará contribuyendo y empeorando la ya existente eutrofización (aumento desmedido de algas tóxicas) del río. (4)
La experiencia no aprendida
Hoy, el país cuenta con más de un millón de hectáreas cubiertas por monocultivos de eucaliptos y pinos, pertenecientes en su mayoría a un puñado de empresas transnacionales. UPM y Stora-Enso/Arauco son propietarias de casi medio millón de hectáreas.
Las plantaciones industriales de árboles, junto con la sojización, contribuyeron a una transformación sin precedentes en el país: las praderas (principal ecosistema del Uruguay) fueron sustituidas por desiertos verdes de soja y árboles; la tenencia de la tierra varió significativamente, con una gran concentración de tierras en manos de empresas transnacionales; y se aceleró el despoblamiento del campo. De acuerdo al último censo, menos del 5 por ciento de la población del país permanece en áreas rurales. El precio de la tierra se multiplicó por 10 entre los años 2000-2014.
Las promesas de empleo y desarrollo, con el tiempo, no se cumplen. La población local recibe limosnas a través de los programas de “responsabilidad social empresarial”, comparado con la ganancia de estos grandes capitales. Río Negro, el departamento donde se ubica la primera fábrica de UPM que comenzó a operar en 2007, es donde se han mostrado las mayores tasas de desempleo del país.
A pesar de los evidentes y denunciados impactos, las empresas intentan maquillar de verde sus actividades mediante la “conservación” de algunas “islas” de territorio con flora y fauna nativa. Para lograr esto, las empresas invierten en técnicos y ONGs conservacionistas. No obstante, fuera de esas “islas de conservación”, la realidad es que se destruyen cientos de miles de hectáreas de campos al establecer monocultivos de árboles durante varios ciclos de corte continuos de 7 u 8 años cada uno. Sobran en el país evidencias de los impactos negativos que las plantaciones industriales han generado: disminución o pérdida total del agua de arroyos y pozos; afectación de fauna y flora nativa; rotura de la trama social y familiar en el medio rural, por nombrar solo algunos.
Sin embargo, el gobierno uruguayo sigue atando al país a nuevos megaproyectos celulósicos sin discutir el modelo industrial de monocultivos en gran escala que estos conllevan ni sus consecuencias para las poblaciones locales y el país en general.
Estos megaproyectos promueven las desigualdades, inequidades y la dependencia a un capital extranjero. Se consolida así, una vez más, una economía de enclave, un país del Sur global, proveedor de materia prima a países centrales, cuya población asume los costos ambientales y parte de los económicos. ¿Es éste el país que queremos?
Lizzie Díaz, lizzie [at] wrm.org.uy y Teresa Pérez, teresap [at] wrm.org.uy
Miembros del secretariado internacional del WRM
(1) “Que ganaría Uruguay con una tercera planta de celulosa?”
(2) Contrato Uruguay – UPM
(3) Viabilidad Ambiental de Localización de UPM2
(4) “La insustentable levedad de la planta UPM 2”
