Que el país vive una profunda crisis social y económica no es misterio para nadie. Lo que sí es un profundo misterio es por qué el Estado continúa subsidiando a la actividad que menos lo necesita: la forestación.
En efecto, resulta incongruente que en un momento en el que tanto el gobierno central como las intendencias se ven en serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones, se siga otorgando a las empresas forestales privilegios de los que se ven privados la inmensa mayoría de los uruguayos. Es más, mientras se aumenta la carga impositiva a estos últimos, el sector forestal está explícitamente exonerado del pago de todo impuesto.
Entre los diversos subsidios que privilegian al sector forestal se destacan dos: los subsidios directos y las exoneraciones impositivas. Respecto de los primeros, es cierto que en este momento no se están haciendo efectivos (por la falta de fondos del Estado), pero se sigue acumulando una deuda que habrá que pagar en algún momento. En cuanto a las exoneraciones impositivas, continúan vigentes en su totalidad y en muchos departamentos ello afecta gravemente a las finanzas de las intendencias.
En efecto, las plantaciones forestales realizadas en el marco de la ley forestal vigente no pagan ningún impuesto. ¡Ni siquiera el de Enseñanza Primaria! Pero lo que más afecta a las intendencias es que están exoneradas de la contribución inmobiliaria, que constituye uno de los ingresos principales de las mismas. El resultado es que a mayor forestación en un departamento, menos ingresos percibe la intendencia. El problema se agrava por el hecho de que las intendencias deben además afrontar los gastos de la reparación de caminos, cuyo deterioro es en gran medida debido al tránsito de camiones transportando madera desde las plantaciones forestales.
No es de extrañar entonces que las intendencias de los departamentos más forestados (Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno y Lavalleja), enfrenten crecientes déficits originados en parte en el desarrollo de esta actividad.
Pero a su vez es importante remarcar que estos subsidios están en gran medida dirigidos a promover la actividad de empresas transnacionales que en realidad no los necesitan. Una de esas empresas es la norteamericana Weyerhaeuser (registrada en Uruguay como Colonvade S.A.) que se ha constituido en el mayor terrateniente del país, con la friolera de 128.000 hectáreas en su haber. A ella se suman otras como la angloholandesa Shell y la española ENCE, que entre ambas totalizan unas 100.000 hectáreas. ¿A alguien se le puede ocurrir que estas empresas necesitan el apoyo económico de un país empobrecido como el nuestro para desarrollar sus actividades? Sin embargo, eso es lo que ocurre.
A esta altura no es posible cambiar las reglas de juego con las empresas que ya hicieron inversiones en el marco de la legislación forestal vigente. Lo que sí es posible es modificar esa legislación y suspender el otorgamiento de subsidios y exoneraciones impositivas a futuras inversiones en el sector forestal. No más subsidios, no más exoneraciones impositivas y no más créditos blandos a un sector que no los necesita. Si alguien piensa que en algún momento eso pudo haber tenido sentido, es difícil creer que, en medio de la profunda crisis fiscal, productiva, financiera y social que vive el país, se siga pensando y obrando de esa manera.
En vista de lo anterior, el Grupo Guayubira hace un llamamiento al Poder Legislativo para que ponga fin urgentemente a la tremenda injusticia de privilegiar a un sector económicamente poderoso mientras el peso de la crisis recae sobre los hombros de los más desposeídos. El Parlamento lo puede hacer, introduciendo modificaciones a la ley 15.939 y en particular a su artículo 39, para dejar sin efecto los beneficios tributarios que allí se establecen. Tanto la lógica tributaria como la justicia social así lo reclaman en momentos en que el país y su gente se debaten en una de las más profundas crisis de su historia.
