por Ricardo Carrere

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces. Ya no se habla de reforma agraria ni de latifundios. El hecho no deja de ser curioso, en particular si se tiene en cuenta que el país sigue sufriendo un proceso de éxodo rural a medida que se latifundiza y extranjeriza a pasos agigantados la tierra en el marco de la política de promoción de la forestación. Desiertos verdes de eucaliptos y pinos modifican el paisaje y empresas extranjeras se adueñan de áreas mucho mayores que las ahora comparativamente modestas 20 mil hectáreas a las que aspiraban los cañeros. En efecto, una empresa estadounidense (Weyerhaeuser-Colonvade) detenta actualmente el récord en materia de latifundios: 128 mil hectáreas en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú, que están siendo cubiertas rápidamente con pinos.

Sin embargo, pese a los cambios ocurridos, la estancia de Silva y Rosas ha adquirido nuevamente un carácter protagónico, pero ahora de signo opuesto: quiere volverse productiva. Para ello se plantea represar el arroyo Mandiyú y crear un embalse de 540 hectáreas para regar unas mil hectáreas de arroz. El proyecto tiene un segundo componente: la forestación de 800 hectáreas con pinos.

Un proceso plagado de decisiones políticas. Hay un pequeño detalle: en el área del embalse proyectado hay monte indígena y éste está protegido por ley en todo el territorio nacional. Dicha protección no es algo caprichoso, sino que apunta a conservar los remanentes del monte que aún existen. Para tener una idea de la destrucción sufrida por este ecosistema basta decir que, a la llegada de los españoles, el 25 por ciento del territorio del país estaba cubierto por montes, en tanto que en la actualidad ha caído al 3. A eso se agrega que muchos de los actuales montes se encuentran en diversos grados de degradación e incluso invadidos por especies exóticas en amplias áreas. Proteger lo que queda pasó por consiguiente a ser una política nacional, reflejada en la llamada ley forestal de 1987.

Frente a ese escollo, el propietario contrató expertos en diversas áreas, quienes elaboraron una serie de informes que en definitiva daban el necesario apoyo técnico para llevar adelante las obras. Dichos informes han sido duramente cuestionados por técnicos y organizaciones ambientalistas.

Otros expertos que intervinieron en el caso dieron una opinión contraria al proyecto. Primero fueron los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, el ministro de turno (Luis Brezzo) resolvió ignorar la opinión de sus propios técnicos y autorizó las obras. Lo mismo sucedió en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: los técnicos aconsejaron en contra y el ministro (Carlos Cat) hizo oídos sordos a su opinión, aprobando también el proyecto. Todo parecía rodar bien para el propietario, pero un fiscal intervino y una jueza ordenó la detención de las obras. La misma jueza luego la aprobó y el fiscal llevó el caso ante el Tribunal de Apelaciones, donde se encuentra actualmente.

Pese a que aún el caso no está resuelto, se ha sabido que hace unos días el propietario del campo cursó una nota a la Dirección Nacional de Medio Ambiente informando que comenzaría a ejecutar las obras. Este hecho generó gran inquietud entre todas las organizaciones, técnicos y personas que se han opuesto al proyecto.

Manipulación de la información. El Grupo Guayubira se ve doblemente preocupado, dado que el proyecto no sólo destruiría lo que el grupo se propone defender (el monte indígena), sino que además acrecentaría el área de lo que el grupo se propone impedir (el aumento de los monocultivos forestales).

A pesar de su carácter destructivo, el proyecto pretende mostrarse al público como ambientalmente serio y socialmente útil. Vayamos por partes.

En lo que respecta al monte, el proyecto enfatiza el hecho de que va a proteger otras áreas de monte existentes en el establecimiento. Esto es publicidad pura, dado que la ley forestal obliga a esa protección, prohibiendo "la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena" (artículo 24). Por lo tanto, el proyecto no agrega nada a lo que está obligado a hacer por ley.

Por otro lado, se publicita como generador de empleos en un departamento como Artigas, donde el desempleo es un problema tanto o más grave que en el resto del país. Sin embargo, es sabido que ninguna de las dos actividades previstas (el arroz y la forestación) se destacan en la generación de puestos de trabajo.

La falacia del "monte de compensación". Sin embargo, el aspecto medular sigue siendo la destrucción de una importante área del monte, que quedaría cubierta por el embalse de la represa. Como justificativo para poder hacerlo se han esgrimido dos argumentos: 1) que esa área de monte no es particularmente interesante, y 2) que el propietario plantaría un "monte de compensación" a orillas del embalse.

El primer justificativo no justifica nada. Si así fuera, la inmensa mayoría de los montes del país podrían ser eliminados, en particular aquellos que se encuentran más degradados. Sin embargo, la ley lo prohíbe y se aspira a que esos montes se vayan regenerando como resultado del esfuerzo de conservación.

El segundo argumento merece una mayor atención dado que, para quien no está al tanto del tema, puede ser convincente. En efecto, si se dice que se va a plantar un monte de una extensión aun mayor al que va a ser destruido, alguna gente puede pensar que eso es una buena solución. Sin embargo, no lo es. Por un lado, porque en el país casi no existe experiencia en materia de reforestación con especies nativas. Ningún técnico puede afirmar que las especies a ser plantadas van a crecer, ni cuánto van a tardar en crecer, por la sencilla razón de que no lo saben. Quizá la única persona con experiencia en el tema sea Guillermo Macció, quien hace años viene intentando regenerar áreas de monte -mediante plantaciones- en el departamento de San José. En el caso de Mandiyú, los técnicos tendrían que hacer el mismo proceso que tuvo que hacer Macció: aprender a partir de prueba y error. Pero no pueden afirmar que su experiencia será más que un ensayo que podría -o no- tener éxito.

Y hay un segundo aspecto mucho más importante: un monte no se puede plantar. Lo que se pueden plantar son los árboles, pero no el monte. Un monte es mucho más que un conjunto de árboles. Es un ecosistema completo y complejo, que contiene una enorme diversidad en materia de flora y fauna que interactúa entre sí y con el medio físico en el que se desarrolla. Un musgo, una planta parásita, una mariposa, un pájaro, un batracio, un pez, un reptil, un mamífero, son componentes tan importantes de ese ecosistema como los árboles. Y no se los puede plantar. Se puede aspirar a que, en la medida en que los árboles crezcan y eventualmente generen un ambiente propicio para el desarrollo de toda esa variada gama de seres vivos, la plantación se convierta en un monte. Pero siempre suponiendo que la plantación sea exitosa, lo que, como dijimos, nadie puede asegurar. El llamado "monte de compensación" no puede por tanto ser una excusa para justificar la destrucción del monte real que ahora existe.

Un precedente peligroso. Para el Grupo Guayubira, la posible implementación del proyecto de Mandiyú reviste una enorme gravedad. No sólo porque destruiría un área importante de monte -y afectaría a un área boscosa aun más amplia en la cuenca del arroyo Mandiyú- sino además porque sentaría un precedente para que proyectos similares pudieran ser aprobados en el futuro. Pese a su intención de mostrarse ambientalmente adecuado, este proyecto es paradigmático de un tipo de desarrollo ambientalmente insustentable, que prioriza producción sobre conservación. El país ha adherido al concepto moderno de desarrollo sustentable, en el cual producción y conservación no son antagónicos, sino que se apoyan mutuamente. Es hora de ponerlo en práctica.

(*) artículo publicado en Semanario Brecha - 17 de abril de 2003