¿Verdaderos o falsos?
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En Uruguay está ocurriendo algo inédito en la historia del país: tres empresas de celulosa (la española Ence, la finlandesa Botnia y la sueco-finlandesa Stora-Enso) están llevando a cabo una gran campaña, con una fuerte inversión en tiempo y dinero, para influenciar en su favor a toda la población. El objetivo de esa campaña es claramente el de intentar apoyo social y político para la instalación de sus plantas de celulosa y a tales efectos se han centrado en publicitar los supuestos beneficios que significarían para el país y su gente y en minimizar sus posibles impactos negativos.
Por esa razón, el Grupo Guayubira consideró necesario analizar detenidamente cada uno de esos supuestos beneficios, como forma de aportar una visión más realista al tema, que posibilite tomas de posición más fundadas al respecto.
Contenido:
Supuesto 1 – La instalación de plantas de celulosa generará empleos
Supuesto 2 – La industria celulósica no desplazará otras fuentes de empleo
Supuesto 3 – Las empresas invertirán 1.500 millones de dólares, suma jamás vista en nuestro país
Supuesto 4 – Aumentará la recaudación de impuestos
Supuesto 5 – La opción es entre exportar troncos y chips o exportar celulosa
Supuesto 6 – Las Plantas de Celulosa resolverían qué hacer con la madera ya existente
Supuesto 7 – Es necesario producir más papel
Supuesto 8 – Las modernas plantas de celulosa no contaminan
Supuesto 9 – El Estado controlará
Supuesto 10 – La instalación de las plantas de celulosa mejorará las condiciones de vida de la población de la zona
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Supuesto 1
La instalación de plantas de celulosa generará empleos
Cada una de las dos empresas de celulosa que proyectan instalarse en nuestro país –la española Ence y la finlandesa Botnia- promete 300 puestos de trabajo en cada planta. Si lo medimos desde el punto de vista de la eficiencia, observamos que entre las dos plantas habrá una inversión de alrededor de mil quinientos millones de dólares, que resultará en la creación de tan sólo 600 puestos de trabajo. Es decir, que para generar cada empleo se requerirán nada menos que US$2.500.000. A su vez, la propia empresa Botnia ha facilitado información donde se desglosan los 300 puestos de trabajo y allí se observa que sólo habrá 8 puestos de trabajo para quienes apenas hayan terminado primaria. Es decir, que los más necesitados serán quienes no conseguirán trabajo en esa empresa.
Por otra parte, las propias empresas se jactan de que con pocos operarios se realizan todas las tareas. Al respecto, al referirse a la planta de última tecnología instalada en la ciudad de Rauma, en Finlandia, Botnia dice que “desde la sala de control un grupo de no más de ocho operarios monitorea a través de cámaras y software especializado, todo el funcionamiento de la planta…”
Con respecto a la calidad de dichos empleos, como uruguayos, como parte del tercer mundo, no podemos confundirnos y creer que vamos a disfrutar de las mismas condiciones de los trabajadores de España o Finlandia.
En ese sentido, cabe recordar que para justificar las bondades de la forestación nos dijeron que dicha actividad iba a generar muchos puestos de trabajo. Hemos comprobado, por un lado, que las plantaciones ocupan menos trabajadores por hectárea que la ganadería extensiva (Censo Agropecuario 2000) y por otro lado, que los trabajadores forestales se encuentran entre los peor pagos y entre los que trabajan en peores condiciones. Además de dejar a los trabajadores librados a la suerte de contratistas y subcontratistas, la mayoría trabaja “en negro”, es decir, que no genera derecho alguno por las labores desarrolladas.
Es importante señalar que ninguna de las dos empresas que intentan ahora instalar plantas de celulosa constituye una excepción a la regla. En efecto, la empresa Forestal Oriental –de propiedad de Botnia- ni siquiera permite la sindicalización de sus trabajadores. A su vez, los trabajadores de la empresa Eufores –cuya propietaria es Ence- han visto sus salarios reducidos a la mitad y cuando sus trabajadores se organizan, los presionan de diversas maneras, creando inseguridad al transferirlos de un lugar de trabajo a otro u ofreciéndoles sumas importantes para que se vayan.
Por otra parte, tenemos el ejemplo muy cercano de Chile, con una larga y triste historia en materia de plantaciones y plantas de celulosa. Al respecto, resulta ilustrador el informe de una investigación llevada a cabo por la Economista Consuelo Espinosa, investigadora de la Fundación TERRAM de Chile. El mismo se titula “Evaluación de los impactos de la producción de celulosa”. El trabajo plantea que específicamente, en la industria de celulosa, se ha evidenciado una continua capitalización, es decir, una creciente sustitución del factor trabajo por capital. Esto implica que por cada unidad adicional de producto elaborado se utiliza cada vez menos mano de obra. Es decir, que la industria genera cada vez menos empleos.
Más importante aún, el estudio menciona que al analizar los niveles de pobreza en las regiones forestales, específicamente donde están instaladas las plantas de celulosa y donde se registran las mayores extensiones de plantaciones, se evidencia que éstas albergan los mayores índices de pobreza del país. Asimismo, al analizar los niveles de pobreza a escala comunal, se puede observar que en aquellas comunas donde se encuentran ubicadas plantas de celulosa, la tasa de pobreza (pobres e indigentes) entre 1994 y 1998 aumentó promedialmente más de un 29%.
Es decir, que la realidad chilena –con plantaciones parecidas a las existentes en Uruguay y con modernas plantas de celulosa- demuestra en hechos concretos que tanto las plantaciones como las plantas de celulosa conexas no solo no mejoran el empleo, sino que generan niveles de pobreza e indigencia superiores a los de áreas sin dichas plantas industriales.
Frente a esa realidad ¿cómo es posible creer que las cifras que manejan las empresas sean ciertas? Si fuéramos a confiar en las afirmaciones de los directivos de Ence y Botnia, la población entera de Fray Bentos no alcanzaría para cubrir los puestos de trabajo que prometen. En efecto, según palabras vertidas en Comisión de Diputados el 25 de noviembre de 2002 por parte del Ing. Ind. Químico Pedro María de la Vega, directivo de Ence, los llamados “empleos inducidos” llegarían a la cifra de 16.000 personas. Un directivo de la misma empresa, el Sr Pedro Blanquer, aumentó esa cifra en 4.000 empleos más en la Comisión de la Cámara de Senadores, elevándola a 20.000.
Por su parte la empresa Botnia, respondiendo a preguntas que se le plantearon en el 2º Foro realizado en Fray Bentos, dice que “el proyecto genera directa o indirectamente 8.000 puestos de trabajo cuando la planta esté en operación”, agregando que “aproximadamente 3.000 de ellos estarán en el departamento de Río Negro”.
Las cifras obviamente no cierran. ¿Cómo puede una planta la mitad de grande que la otra generar más del doble de empleos? (Ence habla de 16.000 a 20.000 y Botnia de 8.000). Pero más interesante aún es que, si bien esta última aclara que sólo unos 3.000 estarán en Río Negro, no dice cuantos serían en Fray Bentos. El tema se complica más aún con las estimaciones de la representante de Botnia en Uruguay, quien dice que los “empleos indirectos” serán 2.700. Sin embargo, cuando explica esa cifra incluye los empleos en cosecha, plantación, vivero, transporte y “otros rubros que hacen a una empresa de celulosa”. Sin embargo, esos empleos (de ser ciertos), se generarían independientemente de la instalación de la planta de celulosa, simplemente haciendo lo que ya se está haciendo: producir plantas, plantar, cosechar, transportar y embarcar los troncos con destino a España y Finlandia. Por otro lado, hasta la cifra máxima de 8.000 empleos de Botnia se contradice con el “Estudio del impacto socio-económico del Proyecto Planta de Celulosa Botnia S.A. en Uruguay” (mayo 2004), cuyas cifras totales de empleos oscilan entre 2.000 en el año 2005 y 4.300 en el año 2016.
En definitiva, las estimaciones de empleos vinculados a las plantas de celulosa no se basan en estudios serios realizados al respecto y quienes las publicitan no aportan evidencia concreta de dónde y cómo se generarán. Frente a esas especulaciones se yergue la dura realidad chilena, con sus niveles de pobreza e indigencia incrementados luego de la instalación de plantas de celulosa.
Supuesto 2
La industria celulósica no desplazará otras fuentes de empleo
Parece poco creíble sostener que una actividad como la producción de celulosa, que resulta en malos olores, contaminación hídrica, aérea y acústica no vaya a tener impactos sobre otras fuentes de empleo, en particular aquellas vinculadas al sector turístico. En este sentido, es importante traer a colación los impactos producidos por Ence en Pontevedra, que la planta planeada por Botnia es mucho más grande que cualquiera de las que tiene en su propio país y que los impactos de ambas se sumarían en un impacto mucho mayor.
En un estudio llevado recientemente a cabo en Fray Bentos por el CIESU (Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay), se constató que en los últimos 12 meses (julio 2003-julio 2004), el 15% de los encuestados trabajó en el sector turístico (12% en Las Cañas). Esos porcentajes implican un promedio de 1275 personas, que para una ciudad como Fray Bentos (con una población económicamente activa de 8500 personas) es una cifra muy importante. Resulta evidente que la sola existencia de malos olores –sin contar la posible contaminación de las aguas del río Uruguay- podría provocar una huida de turistas, con la consiguiente pérdida de empleos. Al hablar entonces de los 600 empleos que generarían las dos plantas juntas, habría que tener claro que un número similar o superior de empleos podrían perderse en el sector turístico.
A lo anterior se suma que el radio de impacto de los malos olores puede llegar a los 60 kms (como en el caso de la ciudad de Valdivia en el sur de Chile, afectada por los olores de una planta de celulosa ubicada a 54 kms de distancia), por lo que también se podrían ver afectadas las recientemente desarrolladas y promocionadas estancias turísticas.
Otra producción que podría ser gravemente afectada es la apicultura. No creemos que sea casual que entre las condiciones impuestas a Ence por la DINAMA se encuentra la de “proponer un seguimiento del impacto sobre la producción apícola y comportamiento a través de la instalación de apiarios (de al menos veinticinco colmenas cada uno) instalados en un área testigo, en la zona del punto de máximo impacto, y dentro del área de influencia) así como realizar el seguimiento de presencia de contaminantes en todos los productos de la colmena”. Es decir, que la DINAMA considera que las emanaciones de la planta podrían ser peligrosas para las colmenas y para la miel. Además de los riesgos de mortandad de abejas, la producción melífera correría riesgos en mercados de exportación europeos, que ya aseguraron rechazarán la miel por contener elementos tóxicos provenientes de las plantas de celulosa, marcando un radio preventivo de unos 100 km a la redonda.
Otro rubro importante en la zona es la lechería, que genera puestos de trabajo en un 80% por sobre los generados en la forestación. Esta afirmación la hacemos según datos concretos de un profesional que asesora varios establecimientos del rubro y que además compara su información con los datos del Censo Agropecuario del año 2000, que coinciden.
También podrían verse afectadas la pesca (por mortandad o contaminación de peces) y la agricultura orgánica.
En síntesis, la generación de los ya famosos 600 empleos podría terminar en un balance netamente negativo en materia de puestos de trabajo para la gente de la zona, agravado por el hecho de que muchos de esos empleos –en particular los más técnicos- serían ocupados por gente de fuera del departamento e incluso del país.
Supuesto 3
Las empresas invertirán 1.500 millones de dólares, suma jamás vista en nuestro país
Lo primero a señalar es que esa suma jamás será vista en el país. La razón es muy sencilla: la mayor inversión es en la maquinaria y los equipos, que no son fabricados en nuestro país. Por lo tanto, varios cientos –o quizá más de 1000- millones de dólares nunca van a llegar a Uruguay, sino que quedarán en los países que les vendan la maquinaria y los equipos requeridos. Esto fue reconocido por el Economista Ernesto González Posse en el 2º Foro organizado por Botnia en marzo de 2004, quien dijo que “nuestras estimaciones son que el 20% de los costos de inversión son de proveedores domésticos …”. En otras palabras, que la inversión real en Uruguay de ambas plantas sumadas será de 300 millones, en tanto que los 1.200 millones restantes (correspondientes al 80% de las inversiones que vienen del extranjero y vuelven al lugar de origen ) nunca beneficiarán al país.
Por otra parte, llama la atención que empresas aparentemente tan sólidas y dispuestas a hacer inversiones tan grandes insistan en pedir todo tipo de ventajas, sin las cuales dicen no poder instalar sus plantas. En ese sentido, no entendemos:
a) la razón de que ambas empresas estén gestionando la financiación por parte de nuestras AFAPs, cuyos fondos podrían destinarse a desarrollar actividades para las que escasean los capitales
b) que sigan pidiendo en forma permanente exoneraciones impositivas, mientras a los empobrecidos ciudadanos de este país se nos siguen cobrando todos los impuestos
c) que exijan la habilitación de una zona franca, que sería una forma disfrazada de subsidio, que también resultaría en el no pago de impuestos
d) que una de ellas (Botnia) se haya beneficiado con la firma de un “Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la promoción y protección de inversiones”, por el que se le asegura que en caso de que sufra pérdidas “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones” (énfasis agregado), el Estado uruguayo se compromete a resarcirla por las pérdidas que ello le pudiere ocasionar.
Hasta ahora todos los uruguayos hemos pagado de nuestros bolsillos los subsidios y la exoneración de impuestos del sector forestal, algunos de cuyos beneficiarios fueron precisamente estas dos empresas. ¿Por qué tenemos ahora que subsidiar también sus emprendimientos industriales? ¿Por qué no usan los cientos de millones de dólares que dicen van a invertir?
Supuesto 4
Aumentará la recaudación de impuestos
Lo cierto es que las dos empresas están activamente buscando mecanismos para pagar la menor cantidad de impuestos posible.
En ese sentido, los directivos de una de las dos empresas (Ence), han planteado reiteradamente la necesidad de que el gobierno les otorgue un “marco legal o fiscal adecuado”. Es así que el señor Pedro Blanquer, Director de la División Celulosas de ENCE y Presidente de Celulosas de M’Bopicuá planteó en 2002 en la Comisión de Medio Ambiente del Senado la necesidad “de una financiación adecuada”, que “se conseguirá sólo si el marco fiscal que podamos conseguir en su momento -que solicitaremos del Gobierno uruguayo- es el adecuado”. El mismo planteamiento fue hecho el mismo año en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados por otro directivo de Ence (el Ing. de la Vega), al decir que “tendremos que hablar con los legisladores de Uruguay para buscar un marco económico y fiscal a efectos de poder seguir adelante con este proyecto”.
Por otro lado, tanto Botnia como Ence ya han presionado para que se las autorice a instalarse en zona franca, lo que implicaría cuantiosas exoneraciones impositivas. En julio de 2004, hablando en Finlandia ante un grupo de periodistas uruguayos invitados por Botnia, uno de los principales directivos de la empresa (Timo Karinen) advirtió que “En Uruguay si no hay una exención impositiva el proyecto no es viable”. Al respecto, es interesante ver lo que dicen algunos artículos de la Ley Nº 15.921 de Zonas Francas:
“Artículo 19.- Los usuarios de las zonas francas están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que desarrollen en la misma.
Artículo 22.- Los bienes, servicios, mercancías y materias primas introducidos en las zonas francas y los productos elaborados en ellas, podrán salir de las mismas en cualquier tiempo, exentos de todo tributo, o cualquier otro instrumento de efecto equivalente, gravámenes y recargos creados o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica cualquiera fuera su naturaleza”.
En otras palabras, los emprendimientos instalados en zonas francas están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos cuya exoneración legal requiera de una autorización específica.
Dentro de esta exoneración de carácter general y amplio, se comprende al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto al Patrimonio (IP). En relación al IRIC se excluye, sin embargo, a los dividendos y utilidades pagados o acreditados a personas del exterior cuando se encuentren gravadas en su país de origen y exista crédito fiscal por el impuesto que abonaren en Uruguay.
La existencia de las exenciones aduaneras y fiscales antes descritas, transforman a las zonas francas uruguayas en verdaderos paraísos fiscales. Esto significa que el Estado uruguayo no recaudará prácticamente nada en caso de que acceda al pedido de las empresas.
Supuesto 5
La opción es entre exportar troncos y chips o exportar celulosa
Frente a quienes están preocupados viendo como la madera es cargada en barcos como troncos o como “chips”, es importante decir que el Grupo Guayubira también está preocupado, pero que opina que la celulosa es la peor opción entre las alternativas posibles. Al respecto, el Grupo Guayubira ha planteado y difundido oportunamente alternativas para la utilización de la madera ya existente y hemos llamado y llamamos a una discusión nacional sobre el tema.
Una de las posibles alternativas es el desarrollo de una industria integrada de la madera, orientada tanto hacia el consumo interno como hacia la exportación. Ella incluiría aserraderos, plantas de laminado, fabricación de tableros de fibra o aglomerados, fabricación de parquet, mueblerías, carpinterías y toda la gama posible de actividades industriales con base en la madera. Todo el sector podría ser activado a nivel nacional si se diseñaran viviendas de madera para atender las necesidades de las miles de personas que hoy se alojan en viviendas precarias en los barrios marginales de todas las ciudades y pueblos del país.
Los capitales necesarios para esos tipos de actividades industriales son infinitamente menores a los requeridos para las plantas de celulosa, por lo que podrían ser encaradas por capitales nacionales. Por otro lado, generarían muchos más empleos estables que las plantas de celulosa y sus posibles impactos ambientales podrían ser reducidos a su mínima expresión.
Al mismo tiempo, el desarrollo de la industria de la madera podría complementarse con la promoción del uso de la leña como combustible industrial, comercial y residencial, tal como el país lo hizo exitosamente durante las crisis energéticas de los años 70 y 80. Tal opción parece evidente a la luz de la crisis energética de 2003-2004, cuando las centrales hidroeléctricas no tienen suficiente agua para producir energía y cuando existen denuncias de que la Central Batlle produce electricidad en base a fuel oil a un costo muy elevado. La leña está allí y el país cuenta con la suficiente experiencia al respecto.
En resumen, la celulosa no es la mejor opción y para gran parte de las actuales plantaciones ni siquiera es una opción, por estar ubicadas muy lejos del posible emplazamiento de las plantas. Las opciones reales las deberemos tomar los uruguayos, acordando una política de uso de las actuales plantaciones, que devuelva a la gente lo que la sociedad uruguaya en su conjunto aportó –en forma inconsulta- para el establecimiento de las mismas.
Supuesto 6
Las Plantas de Celulosa resolverían qué hacer con la madera ya existente
Lo primero a resaltar es que –en caso de instalarse- estas empresas no usarían madera de plantaciones ubicadas a distancias donde los costos de transporte aumenten sustancialmente el costo de la materia prima. Es por ello que ya están comprando más tierras en las inmediaciones de Fray Bentos y ellas mismas han declarado que van a necesitar forestación adicional. Es decir, que gran parte de la madera de esas 600.000 hectáreas plantadas no va a tener como destino final la producción de celulosa en el país.
El resultado final de la instalación de plantas de celulosa sería entonces la consolidación y expansión aún mayor de un modelo de monocultivos forestales a gran escala que genera importantes impactos ambientales y agrava el éxodo rural.
Es importante señalar, por un lado, que legalmente las empresas pueden plantar en cualquier tipo de suelo (haya sido o no declarado “de prioridad forestal”). Por otro lado, los llamados “suelos de prioridad forestal” han sido falsamente presentados como de baja productividad agrícola-ganadera. En realidad, la productividad de esos suelos sólo ha sido medida en términos de producción de carne y lana (índice CONEAT bajo) y no de producción agrícola. Pero en todos los casos son suelos capaces de producir alimentos o de sustentar una producción forrajera que sea, a su vez, alimento para el ganado.
Entonces, lo más preocupante que implicaría la consolidación de este modelo forestal sería la ampliación de las áreas forestadas hacia más tierras aptas para la producción alimentaria, las que –obviamente- resultan excelentes para el crecimiento de los árboles. Más grave aún, implicaría que –en aras de seguir abatiendo costos- se seguiría plantando en las tierras más cercanas a las instalaciones fabriles, donde se encuentran algunas de las mejores tierras del país (Río Negro, Paysandú, Soriano).
Supuesto 7
Es necesario producir más papel
Cuando se piensa en papel, generalmente se piensa en libros, cuadernos, información escrita. Sin embargo, la mayor parte de la celulosa que se produce termina en cartón para empaquetado, papel de embalaje y papeles descartables.
La realidad muestra que la mayor parte del papel que se produce nunca estuvo destinada a satisfacer reales necesidades humanas, sino a crear niveles de consumo innecesarios que aseguran la rentabilidad de la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, la industria alimenta el mito de identificar al alfabetismo con el consumo de papel. Las cifras mundiales al respecto desmienten esta afirmación repetida una y mil veces.
Usando como ejemplo los tres países involucrados en este emprendimiento celulósico, las cifras resultan más que elocuentes: Mientras la población de España (país de origen de Ence) y la de Finlandia (país de origen de Botnia) tienen un 99% de alfabetización, Uruguay llega al 97,7%. Es decir, que la diferencia no es muy grande en ese sentido. Entonces, ¿cómo se explica que el consumo anual de papel en Uruguay sea de unos 40 kilos per cápita mientras que el de España alcanza los 167 kilos y el de Finlandia (campeón mundial en la materia) trepa a 430 kilos también per cápita?
Dado que en Uruguay no se percibe ninguna escasez de papel, cabe preguntarse por qué tenemos que exportar celulosa para que los finlandeses y los españoles sigan consumiendo esas cantidades enormes de papel. Y que quede claro: la celulosa a producirse no va a terminar en cuadernos para niños de escuela uruguayos, sino que se va a exportar.
Supuesto 8
Las modernas plantas de celulosa no contaminan
La industria de la celulosa tiene una larga historia de contaminación en el mundo y particularmente en los países industrializados. Si bien es cierto que algunas empresas han introducido mejoras en sus procesos industriales en los últimos tiempos, también es cierto que ello ha sido producto de la larga y dura lucha de la sociedad civil y no de decisiones voluntarias adoptadas por la industria.
Entonces, como en sus propios países se ha demostrado que se puede mejorar y como además se ha demostrado que la recuperación de los recursos naturales contaminados es muy costosa en dinero y en tiempo requerido, las normativas ambientales de esos países se han tornado muy exigentes a la hora de autorizar la instalación de una nueva planta, lo que conlleva altísimos costos. Esas mismas empresas saben que en países como el nuestro esos costos se pueden abatir sustancialmente: tierra y mano de obra baratas, crecimiento rápido de los árboles, acceso ilimitado al agua de nuestro río Uruguay y, por sobre todo, que los controles ambientales serán mucho más laxos que en sus países de origen.
Lo cierto es que la mayoría de las plantas de celulosa emiten fuertes olores a causa de los compuestos de azufre. El olor penetrante de estas sustancias ha sido reconocido por largo tiempo como un problema ambiental. Pero sólo recientemente los estudios epidemiológicos han evidenciado los posibles efectos en la salud humana como consecuencia de la exposición a estos compuestos a niveles comúnmente presentes en las proximidades de una planta de celulosa.
Nada menos que un estudio finlandés (Estudio de la Contaminación del Aire de Karelia del Sur) muestra que la exposición a compuestos malolientes del azufre aumenta el riesgo de infecciones respiratorias agudas. Este estudio reafirma la evidencia de que la exposición a largo plazo aumenta los síntomas del tracto respiratorio con niveles de exposición mucho más bajos de los que podría esperarse tomando en cuenta los conocimientos actuales de la toxicología de estos compuestos.
Cabe traer a colación el Convenio de Estocolmo que Uruguay acaba de ratificar y que se encuentra en vigencia. En él se plantea la eliminación de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes, entre los que se encuentran las dioxinas y furanos. De acuerdo con la DINAMA, la planta prevista de Ence emitiría tales sustancias a un nivel “sin duda muy superior a la emisión total actual del sector” (fábricas de celulosa y papel) e implicaría “un aumento del 1% en la emisión atmosférica total estimada para todas las actividades a nivel nacional consideradas”. Es decir que sólo con la instalación de la planta de Ence, Uruguay ya estaría violando el Convenio de Estocolmo (al aumentar las emisiones de lo que se comprometió a reducir y eliminar: dioxinas y furanos). A ello se agregaría la planta de Botnia, el doble del tamaño de la de Ence.
Por otra parte, las plantas de celulosa utilizan enormes cantidades de agua. La demanda de agua fresca puede dañar los hábitats cercanos a las plantas de celulosa, reduce los niveles de agua y cambia la temperatura del agua, ambos factores ambientales críticos para la vida en el medio acuático. Si bien los efluentes líquidos son mucho menos tóxicos que hace diez años, aún siguen conteniendo elementos tóxicos, tanto para la vida acuática como para los seres humanos. Además, siempre está presente el riesgo de accidentes reales o vertidos intencionales que, debido a las enormes dimensiones de estas plantas pueden resultar en la contaminación de cursos de agua completos, con los consiguientes daños para las poblaciones aledañas y para la flora y fauna acuáticas.
Otro elemento con el que se pretende manipular a la opinión pública local es el que dice que el volumen de los desechos municipales es enorme y no se dice nada. La respuesta obvia es que una cosa mal hecha no justifica que otra igual o peor también se pueda hacer. Pero además hay que tener presente que no se pueden medir de la misma manera los desechos municipales que los de una actividad industrial, ya que estos últimos no tienen la capacidad de biodegradarse como sí la tienen los municipales.
Podemos entender –aunque no compartir- la visión de personas que dicen “prefiero morir contaminado antes que morir de hambre”. Nadie debería estar en esa terrible disyuntiva de tener que elegir entre dos tipos de muerte en un país con enormes recursos alimenticios como el nuestro. El gobierno debe asegurar que la gente no tenga que optar por ninguna de ellas y debe asegurar empleo y ambiente sanos para toda la población. Pero además, nada puede asegurar que además de no conseguir empleo, mucha gente se pueda ver afectada en su salud y terminar muriendo de enfermedades vinculadas a la producción de celulosa. El Convenio de Estocolmo ya mencionado no está en vigencia por capricho. Está en vigencia porque ya se conocen los impactos negativos de los “contaminantes orgánicos persistentes” (entre los que se cuentan las dioxinas y furanos que emiten las plantas de celulosa) y se pretende llegar a su eliminación. Ese tipo de contaminación ni se ve ni se huele, pero está presente en el ambiente y afecta la salud de la gente al irse bioacumulando a través de la cadena alimenticia, es decir que se incorpora a los tejidos grasos de los distintos animales comestibles, pudiendo llegar a la especie humana. Esto significa que la contaminación permanece por un muy largo tiempo.
Supuesto 9
El Estado controlará
Resulta difícil confiar en que el Estado vaya a poder controlar a dos empresas como éstas. Por un lado, hay que tener en cuenta que para realizar controles reales y estrictos, no sólo se precisa la capacitación de personal idóneo, sino que además se requiere disponer de una adecuada infraestructura en equipos que midan los contaminantes. Resulta impensable alcanzar este objetivo en un mediano plazo en nuestro país dado que, por ejemplo, un solo equipo para medir dioxinas cuesta alrededor de 300 mil dólares. A ello se agrega que habría que controlar los efluentes líquidos y las emisiones aéreas de dos gigantescas plantas que funcionarían las 24 horas del día.
Pero además, cabe preguntarse qué pasaría si se constataran violaciones en materia de emisiones. ¿Se aplicaría una multa? ¿Dos multas? ¿Se clausuraría la planta? Basta ver lo que ha pasado con las plantas de Ence en España o con la chilena con tecnología finlandesa en Valdivia, para darse cuenta que estas plantas jamás son clausuradas, por más contaminación que produzcan.
Supuesto 10
La instalación de las plantas de celulosa mejorará las condiciones de vida de la población de la zona
Si la expresión fuera “cambiará las condiciones de vida”, la frase tendría sentido.
Por cierto que el malestar agobia a la población de casi todo el planeta. Nuestros pueblos del sur son empujados por mecanismos comerciales y financieros internacionales al empobrecimiento y la marginación, seducidos por el modelo consumista y con la frustración de no alcanzar el éxito propagandeado por los medios masivos.
No obstante, las condiciones ambientales en que viven los habitantes de Fray Bentos son miles de veces mejores que las de muchas ciudades europeas. La calidad del aire, la calidad del agua, las condiciones acústicas, el paisaje…
Las empresas celulósicas ganas tendrían, pero no se atreven a decir que el río mejorará, que el aire será más respirable, que disminuirán los ruidos diarios, que habrá menos riesgos de “accidentes”, que habrá menos afecciones pulmonares o incidencias de cáncer a lo largo de los próximos cuarenta años.
Calidad de vida es esencialmente eso y eso empeorará; poco, según ellos, mucho según la experiencia. Pero no es sólo eso.
La construcción de las plantas tendrá impactos migratorios. Supongamos cierto y positivo que la construcción demandará durante un par de años unos miles de obreros de la construcción. Obviamente, en estos tiempos, si hay oportunidades de trabajo, vendrán de todos los pueblos de la región, incluso argentinos, brasileños, paraguayos, bolivianos. Mayoritariamente la mano de obra demandada será masculina. ¿Impactará esto en las condiciones de vida de la población lugareña? ¿Querrá y/o podrá el estado uruguayo, brindar los necesarios servicios financieros, de seguridad, transporte, educación, salud, etc.? Seguramente el sector privado sí será presto en brindar, por ejemplo, un eficiente servicio de burdeles y cabarets. Sin ponerse en puritanos o puritanas… ¿mejora esto las condiciones de vida?
Muchos trabajadores traerán sus familias. ¿Qué será de ellas cuando la obra haya finalizado? Como ejemplo basta ver a Concordia, tras la construcción de la represa de Salto Grande, que prometía el desarrollo perpetuo ante el desborde industrial por la energía; hoy es una de las ciudades más difíciles de Argentina, con crecientes niveles de desocupación, violencia y desintegración social.
Es cierto que habrá en Fray Bentos algunos centenares de familias con altos ingresos, no sólo de quienes trabajen en las plantas sino en bancos, empresas contratistas y una nada despreciable (aunque despreciable) cantidad de proveedores de drogas, especuladores y contrabandistas, que por cierto incrementarán la economía de la región. El “efecto multiplicador” de que nos hablan los economistas. ¿Mejora esto las condiciones de vida?
La instalación de las plantas cambiará las condiciones de vida de los fraybentinos, la región y las futuras generaciones. Será un antes y un después por la escala gigantesca de estos emprendimientos. Corresponde pensarlo ahora.
Hay otras alternativas: una sociedad integrada como la nuestra, pacífica, educada, en una región agroecológica privilegiada como ésta, no sólo puede revertir la pobreza hoy imperante, garantizando alimentación, cobijo y comunidad, sino que puede dar continuidad a su identidad cultural e insertarse en el mundo desde la producción de alimentos sanos, por ejemplo.
Tenemos las tierras, tenemos las manos, tenemos el agua y el aire más limpios del planeta, tenemos la juventud de un pueblo joven. Todavía.
Elaborado en octubre de 2003, actualizado en julio de 2006.
