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El crecimiento de las plantaciones forestales se ha realizado en forma paralela al incremento de los cuestionamientos sobre la sustentabilidad de la iniciativa, en sus diversas perspectivas, y comprendiendo todo el ciclo de vida de la actividad, trascendiendo la etapa agrícola de este rubro. Incluyendo el proceso de transporte y acondicionamiento en las terminales de exportación -de gran relevancia por el carácter voluminoso de la madera en rolos y su bajo valor unitario- y la etapa comercial y eventualmente de transformación posterior.

1. El debate sobre los beneficios/perjuicios ambientales de las plantaciones forestales comerciales se ha ido planteando en todo el país en los últimos quince años, inicialmente con otros sectores de la producción agropecuaria y luego con organizaciones no gubernamentales y diversos grupos urbanos. Hacia mediados de los ochenta plantaciones con fines energéticos en regiones de agricultura intensiva -hortifrutícola- levantaron la oposición de granjeros ; doce años después, la eventual instalación de una planta de celulosa en las afueras de la ciudad de Fray Bentos movilizó amplios sectores de la opinión pública. Hoy en día es común encontrar opiniones definidas "a favor-en contra" de la forestación en amplios segmentos de la población.

Los problemas ambientales regionales y locales comienzan a ganar visibilidad ante la opinión pública, y a ganar más peso que los beneficios económicos y los supuestos beneficios ambientales globales de la forestación:

* Afectaciones sobre los ecosistemas originales de pradera y sus componentes y las pérdidas de biodiversidad (suelos, flora, fauna, agua, microclima, etc.);

* Ciclo hídrico;

* Alteraciones al paisaje pampeano;

* Riesgo de grandes incendios;

* Impactos del transporte carretero de rollizos (accidentes, congestión del tráfico y contaminación de los vehículos de carga en áreas urbanas próximas a los centros de acopio y a los puertos, etc.). Las externalidades negativas provenientes de los daños a la vida humana provocados por accidentes incrementales del transporte forestal, fueron estimadas que superaran el nivel de 5 millones de dólares anuales a partir del año 2003, de continuarse con el actual sistema de transporte carretero, utilizando metodologías convencionales de evaluación de impactos de proyectos .

* Impactos de la instalación de futuras plantas de celulosa en el territorio nacional.

En relación al tema ambiental, la gremial de los empresarios forestales comienza a utilizar frecuentemente un discurso caracterizado por señalar los beneficios globales de las plantaciones, sus expectativas en el comercio sobre bases de productos certificados provenientes de la "producción forestal sustentable", y destacan la afiliación de Uruguay al proceso de Montreal. En una última fase, valorizan fuertemente en su discurso público el sumidero de gases de efecto invernadero proveniente de las plantaciones de sus empresas, y comienzan a incorporar previsiones de ingresos originadas en un presunto comercio de emisiones-sumideros de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, el bosque indígena, un complejo ecosistema que se extiende todavía en unas 650.000 hectáreas, con importantes funciones ambientales y sociales, continúa siendo la cenicienta del aparato público estatal. Protegido por la ley, pero con dudosos controles de su aplicación efectiva, marginado de la agenda de investigación de los organismos públicos, continúa sometido a una explotación de carácter minero, siendo un punto de preocupación para el movimiento de organizaciones no gubernamentales y para algunas ONGs especializadas en su promoción y defensa, como el grupo Guayubira. La marginalidad del tratamiento del bosque natural, pone en evidencia la fragilidad del discurso seudo ambientalista del sector forestal público-privado.

2. Otro gran eje del debate se ha constituido alrededor de la opción estratégica del proyecto forestal uruguayo, basado en:

a) la producción monoespecífica (y eventualmente clones, eventualmente transgénicos) en el ámbito de grandes empresas especializadas y macizos forestales de gran extensión, por nuevos agentes empresariales desintegrados de la matriz productiva anterior. Se lo opone a la alternativa delineada en la legislación de 1968, que planteaba un modelo forestal más integrado, asociado a la ganadería en las explotaciones existentes como un rubro complementario -incluyendo una práctica de silvopastoreo- y limitado a aquella fracción de suelos de menor aptitud agronómica. Implicaba macizos más pequeños y mejor distribuidos en el territorio, y una menor transformación de la matriz social con sus secuelas de concentración de las empresas y desplazamientos de productores;
b) la apuesta a la exportación de materia prima -rollizos o partículas (chips)- para celulosa de fibra corta proveniente de árboles de eucalyptus (tal como se formuló la propuesta original y se reflejó en el destino de las plantaciones realizadas en los primeros diez años), versus otras alternativas que promovieran la generación de valor agregado nacional, favoreciendo niveles de industrialización en origen -primera y segunda transformación- como aserrados, piezas de madera, maderas laminadas, tableros, construcciones de viviendas, muebles, etc. Hasta mediados del 2000 no se ha anunciado la factibilidad de ningún proyecto para la producción industrial de pulpa de celulosa, por lo que la producción deberá ser exportada como madera en bruto. No solo se ha objetado la mayor o menor conveniencia desde una perspectiva de la evaluación social del emprendimiento , sino también la propia viabilidad económica desde la perspectiva privada cuando se cancelen las transferencias y se proporcione un tratamiento al sector equitativo en el conjunto de la economía . La exportación de una materia prima -rollizos de eucalyptus- a un mercado marginal para la producción de un producto altamente inestable como es la celulosa, se presenta como muy poco atractiva como base del nuevo sector estrella de la economía.

En ese sentido, la continuidad de la política de subsidios y de exenciones fiscales luego que el proyecto forestal lleva un período de doce años de ejecución, y donde a nivel nacional las externalidades más notables son negativas, constituye un sesgo que solo se justifica por sus promotores por ser de aplicación generalizada en países de la región, que se presumen competitivos en la radicación del capital extranjero interesado en invertir en plantaciones forestales. Desde la perspectiva de la equidad, resulta muy difícil que el Estado Uruguayo pueda explicar la asignación de subsidios y exoneraciones fiscales por montos entre 15-20 millones de dólares anuales a empresas como Shell-UPM/KYMMENE, a la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE), Weyerhaeuser, etc.

3. La distribución de los costos de todo el sistema de transporte multimodal, en particular de las infraestructuras asociadas al tránsito carretero, el ferrocarril, portuarias, del sistema de navegación fluvial, se perfila como otro importante conflicto en el plano de la distribución social. Incluye también otros ejes, como la relación entre los costos asumidos por los gobiernos departamentales y el gobierno central. En general, el cuestionamiento al free-ride por parte de empresarios forestales, ante un Estado que no aparece idóneo-transparente en el tratamiento y la negociación de intereses divergentes y/o contrapuestos.

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